Mujeres gritan, pero no son escuchadas

“Posteriormente a la denuncia de la agresión a balazos a nuestra casa, acudían policías de Zapopan a que se firmara presencia a los rondines, pero esto era solamente 3 ó 4 veces a la semana y solamente de 5 a 10 minutos, es decir, no con la intensidad que se requería, pues había pasado un atentado en contra de nuestra familia y las medidas de protección eran solamente así, nunca fueron más allá de unas solas visitas a nuestra casa, que pasaba cuando salía mi madre y nosotros de nuestro hogar; derivado de eso fue que mi madre perdió la vida, al no tener protección al exterior de la casa”.

El relato pertenece a la hija de Alexandra Castellanos, asesinada el 24 de diciembre de 2017 por su ex pareja, y fue tomado de la recomendación que emitió el 2 de octubre pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sobre el caso por el pasmo de las autoridades estatales y municipales ante los gritos de auxilio previos que hizo Alexandra de forma institucional para ser protegida, pero que no fueron escuchados ni manejados como el caso lo ameritó. Fue asesinada por quien ella misma apuntaba incluso en sus redes sociales.

Como ella, al menos mil mujeres en Guadalajara y 50 en Zapopan han recurrido este año a las corporaciones de seguridad municipales o al Centro de Justicia para las Mujeres a solicitar órdenes de protección por la amenaza que significa para su vida su pareja o ex pareja, y aunque ellas hacen lo conducente para cuidarse, contar con ese documento no les ha sido suficiente a personas como Alexandra.

El caso de esta madre de familia y otras que han sido asesinadas a pesar de pedir auxilio a las autoridades es revelador sobre la inoperancia de algunas dependencias como la fiscalía y el Ministerio Público, pero que las obligan a retomar su rumbo porque no debe ocurrir lo mismo con otra mujer, menos si ya había pasado por sus oficinas denunciando agresiones.

Tan sólo en la primera mitad de este 2018 han sido asesinadas 22 mujeres en Jalisco y el año pasado ascendió a 122, lo que significa un incremento en el feminicidio de 130 por ciento en los últimos 20 años, pues en 1997 fueron 40 asesinatos. ¿Sería prudente, en este contexto, bajar la guardia, no hablar de esto o quitar instituciones como el Instituto Jalisciense de las Mujeres?

Ahora, cuando una mujer violentada se acerca al Centro de Justicia para pedir una orden de protección, recibe la atención y pasa al MP, quien definirá las medidas a implementar según sea el caso. El problema, si es que todo sale bien hasta ahí, es justo lo que denunció la hija de Alexandra: la Policía municipal hace sus rondines, pide firmas para corroborar que sí hizo el trabajo, después se retira y con el tiempo se le olvida. En el caso de esta madre de familia, a unos días de que bajó el patrullaje en su casa, fue asesinada.

Zapopan no es la excepción, la Policía actúa con criterios propios al ejecutar una orden de protección, lo que ha llevado a un seguimiento pobre e insuficiente para las mujeres que recurren a la autoridad al estar en riesgo. Por ese motivo, la recomendación de la CEDHJ incluyó a la corporación policial del municipio e instruyó a que tenga un protocolo de acción donde se establezcan los pasos a seguir para estos casos, aunque colectivos han especificado que además de este protocolo, debe existir flexibilidad para atender con exactitud a cada persona, porque sus condiciones son diferentes y el riesgo de cada una es distinto.

Con 50 mujeres en riesgo expresado a través de órdenes de protección en Zapopan, ni el municipio ni otros con la misma incidencia pueden darse el lujo de la inacción, porque su omisión mata.

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