Por una fiscalía que le sirva a Jalisco

Si usted aspirara a un puesto de trabajo y supiera que uno de los requisitos fundamentales para que su candidatura se considere seriamente es proponer un plan de trabajo que cumpla con ciertas especificaciones, ¿qué haría? ¿Se pondría a estudiar las especificaciones y presentaría una propuesta que atendiera lo mejor posible esos requerimientos, o las ignoraría y presentaría algo basado en lo que siempre ha hecho, sin ponderar si cumple o no con lo que se pide?

Pues en el caso de los integrantes de la terna para aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de Jalisco, propuesta por el gobernador electo Enrique Alfaro, parece ser que la opción que tomaron los tres fue la segunda, de acuerdo con el análisis que llevó a cabo el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado, realizado a solicitud del propio Alfaro, mismo que se le entregó públicamente el martes pasado.

Es decir, a diferencia de otras ocasiones, el CPS no hizo una evaluación del perfil de cada uno de los aspirantes debido a que la normatividad vigente no contempla esa posibilidad, dado que la terna no se integra a partir de una convocatoria pública y abierta, sino que la propuesta es una atribución exclusiva del gobernador, en vista de lo cual el CPS determinó que lo que sí podía hacer era aportar elementos de juicio para que el Congreso de Jalisco pueda tomar la mejor decisión posible.

De este modo, el CPS elaboró una metodología para valorar las propuestas de trabajo de cada uno de los aspirantes a partir de indicadores derivados tanto de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de lo trabajado respecto al deber ser de una fiscalía, en un esfuerzo conjunto realizado por integrantes de la sociedad civil, la iniciativa privada y el propio CPS, que fue etiquetado como #FiscalíaQueSirvaJalisco.

De dicho documento se desprendieron 23 aspectos mínimos, de los cuales Enrique Alfaro se comprometió a dar cabal cumplimiento a 22 de ellos; de ahí que fuera lógico considerarlos para evaluar las propuestas de trabajo de la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Jalisco.

Al respecto, el informe del CPS da cuenta de que “los planes de trabajo revisados sólo cumplen parcialmente con los 22 puntos mínimos de la #FiscalíaQueSirvaJalisco”. De ahí que el CPS recomiende que el próximo fiscal general, sea quien sea, “se involucre en el desarrollo de las estrategias que hagan efectivo un cambio de paradigma en la institución de procuración de la justicia en el estado”.

Además, el CPS recomendó incluir en el plan de trabajo del nuevo fiscal los puntos no atendidos, especialmente los que el comité valoró como “nulos”. Y aquí hay algo muy preocupante, que es señalado por el propio CPS: que en ninguno de los tres planes de trabajo se encuentra un énfasis claro y determinado en la protección y garantías de los derechos humanos, ni tampoco se contempla el diseño de mecanismos de Contraloría Social. Es decir, no se plantean estrategias claras para implementar la Ley General en contra de la Tortura en Jalisco ni para propiciar la participación efectiva de la ciudadanía en la construcción del plan de persecución penal, que serviría para definir en qué delitos debería enfocarse la fiscalía, y aumentar su efectividad, en vez de multiplicar el número de fiscalías especializadas que sólo pulverizarían los esfuerzos de la Fiscalía General.

Esas dos omisiones son tan graves que ameritarían sopesar la posibilidad de desechar la terna propuesta, porque son reflejo de un paradigma de procuración de justicia que ya demostró su ineficacia, como lo podemos constatar todos los días.

Necesitamos un fiscal que nos garantice el derecho de acceso a la justicia y a la reparación del año, y eso no puede hacerse si no hay un compromiso claro para evitar fabricar culpables mediante la tortura, y si no se nos incluye institucionalmente para evaluar sus resultados.

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@albayardo

JJ/I