La sociedad civil

Cuando todavía era candidato a la Presidencia, se escuchó a Andrés Manuel López Obrador hablar en una entrevista televisiva acerca de su desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil y las leyes que promueven.

Desde su punto de vista, estas instituciones civiles sólo aparentan independencia, pero en realidad sirven a la mafia del poder.

Como ejemplo puso al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que no mereció más calificativo que el de tapadera o parapeto.

“Supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente, ¿en qué termino? ¿Saben qué fue lo último que resolvió el instituto de la transparencia? Mantener en secreto la investigación de Odebrecht”, expuso López Obrador en esa ocasión.

Sin llegar a la Presidencia todavía, López Obrador ya hizo que esa sociedad civil de la que desconfía levante la voz para ser su contrapeso y el de la supremacía morenista en vista de la crisis de credibilidad en la que están sumidos los partidos políticos.

Esta semana fue de cartas firmadas por organizaciones civiles y particulares en contra de la guardia nacional, la amnistía en casos de corrupción, el tren maya y el plan de medios de comunicación públicos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Comisión Nacional de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Red de Seguridad Ciudadana y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son algunas de las más de 100 organizaciones que firmaron contra la militarización en el país, postura que también respaldaron más de 500 ciudadanos.

El texto, bastante directo y duro, recordó a López Obrador que es muy pronto para que se olvide de cuando él y su equipo afirmaban que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados.

Éstas son algunas de las razones para decirle al presidente electo que aún es tiempo de detener su estrategia: la guardia nacional es una falsa salida a la crisis de inseguridad. El despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas que responden a factores socioeconómicos y criminógenos que deben atenderse mediante acciones de prevención focalizadas y capacidades de investigación propias de instituciones policiales. El sistema republicano y democrático de México exige el predominio de la esfera civil sobre la militar.

La sociedad civil tampoco respaldó la oferta de amnistía en casos de corrupción que cambió el discurso de campaña de López Obrador.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) recordó al futuro presidente que más de 30 millones de votantes creyeron en su promesa y manifestaron su rechazo a la corrupción y la tolerancia a la misma de los gobiernos que lo antecedieron.

López Obrador dice que no tiene caso empantanarse en el problema; el Imco le responde que la impunidad equivale a fomentar el mal.

Por otro lado, al menos un centenar de expertos en temas ambientales y decenas de organizaciones se manifestaron en contra del tren maya y solicitaron realizar estudios de impacto ambiental, así como escuchar a los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier obra.

Finalmente, la idea de regular los medios públicos desde la Secretaría de Gobernación abrió un frente más en contra del gobierno electo, mientras éste sostiene que la intención no es estatizar.

Ante estas posturas la respuesta fue la predecible: se hará una tercera consulta.

Todo parece indicar que la desconfianza de López Obrador ahí está y las organizaciones civiles no forman parte de ese pueblo sabio al que dice obedecer en sus decisiones.

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JJ/I