Avalancha

Mucho es lo que se viene encima tan pronto asuma el nuevo gobierno, empezando por el conflicto migratorio que tiene a Tijuana convertida en una masiva sala de espera para los centroamericanos que quieren presentar su solicitud de refugio en Estados Unidos.

De acuerdo con la Casa Blanca, una delegación está lista para que, aprovechando la invitación a la toma de protesta presidencial, desde el domingo empiece el acercamiento con el nuevo gobierno en busca de soluciones a la crisis en la frontera.

Las pláticas serán presididas por quien para entonces será el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pero también estará la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen.

Después estará la avalancha de amparos por el asunto de las remuneraciones de los servidores públicos, pues las reformas hechas por Morena les pusieron un tope de 108 mil pesos, que será lo que gane el presidente. Es decir, nadie podrá ganar más que él.

Por lo pronto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un frente y consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera a trámite la acción de inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Un día después lo hicieron jueces y magistrados federales de todo el país que consideran que se viola la independencia judicial y el principio de división de poderes, por lo cual piden a la corte parar dicha ley.

Pero se ha consignado en medios nacionales que en todo el territorio nacional hay al menos 331 quejosos de los cuales 94 son magistrados y 100 son jueces. Además, se plantea que todos los tribunales de Justicia de los estados interpongan el recurso de inconstitucionalidad.

El salario que intentan proteger los magistrados ronda los 388 mil 291 pesos mensuales. Sin embargo, lo que argumentan es que su lucha no es propiamente por la cantidad que salga en su cheque, sino por lo que consideran es una intromisión y violación a la independencia de poderes. Perciben que el tema del sueldo es el primer embate del Ejecutivo para intentar controlar al Judicial.

A diferencia del Poder Legislativo, donde es claro –y hasta lo expresan– que los morenistas están tendiendo todo a las necesidades del que llaman líder supremo, en el Poder Judicial están dispuestos a dar batalla y la ruta que han trazado considera incluso instancias internacionales.

Otro tiro por el tema salarial se está preparando en el Instituto Nacional Electoral porque no a todos los consejeros les cuadra una reducción de 19 por ciento a su salario de unos 250 mil pesos al mes, previsto en el presupuesto de 2019 y en acuerdo a la solicitada austeridad republicana. Los alegatos de que es una medida ilegal ya empezaron a escucharse.

La rebelión de gobernadores con el asunto de los súper delegados es otro tema para el estira y afloja en el que entrará prontito la nueva administración. Son 12 los mandatarios panistas, más el emecista de Jalisco, los que ya anticiparon su oposición a lo que consideran una violación al federalismo y una clara estrategia centralista y con fines electorales.

Si bien los gobiernos estatales no tuvieron ningún empacho en dejar el tema de seguridad en manos del gobierno federal que va de salida, consideran que las nuevas reglas del juego que el régimen morenista pretende aplicar vulneran la autonomía de los estados.

Los mandatarios ya tuvieron una primera respuesta de Andrés Manuel López Obrador: que no se dejará chantajear y que ellos son parte del problema de la inseguridad en sus entidades por no tomar cartas en el asunto y no certificar a sus policías.

La bola de nieve está rodando y conforme avance es claro que se irá haciendo descomunal. Quizá por eso el presidente electo dijo que se fue a Palenque a cargarse de energía.

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JJ/I