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Crucificándose
Empiezan las campañas
Desde hace varios años nuestras autoridades han sido muy efectivas en lo que se refiere a plantearnos un falso dilema: ¿Qué debe hacer la autoridad? ¿Combatir el crimen o respetar los derechos humanos? Porque, según la autoridad, no es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo.
De hecho, han logrado que nos aprendamos dichos como “los derechos son para los humanos, no para las ratas”, para justificar su falta de respeto a los derechos humanos, y su falta de apego a lo que los abogados denominan “el debido proceso”, que es la manera de llamar al conjunto de procedimientos que deben seguirse para asegurar al máximo los derechos de todas las personas por parte de las autoridades.
¿Por qué digo que es un falso dilema? Porque una autoridad que no respeta los derechos humanos tampoco va a combatir el crimen o a procurar la justicia; por el contrario, quien no respeta los derechos humanos comete injusticias y favorece que se ejecuten más crímenes.
Le pongo un ejemplo: si a los policías que patrullan en las calles les imponen una cuota diaria de detenidos, porque su jefe quiere demostrar que está haciendo bien su trabajo, y por lo tanto amenaza con castigos a quienes no cumplan con dicha cuota, ¿se imagina qué ocurrirá? Exactamente, los policías se dedicarán a detener en la calle personas al azar y las torturarán para que confiesen crímenes que no cometieron. ¿Le parece muy fantasioso esto? Pues eso es lo que ocurrió con el joven Marco Antonio, detenido por policías de la Ciudad de México en enero de este año, un estudiante que no le hacía daño a nadie.
El caso de Marco Antonio hizo notar que esos policías no se dedicaban a patrullar, sino que presuntamente se dedicaban a extorsionar a jóvenes a la salida de una estación del Metro, por lo que la población a la que supuestamente deberían proteger, se quedaba indefensa ante quienes sí estaban cometiendo delitos.
Claro, eso sólo ocurre con personas que no tienen suficientes recursos económicos para defenderse, porque quienes sí tienen pueden comprar su libertad, sin importar la gravedad de sus delitos. Si no fuera así, ¿por qué Javier Duarte pasará en la cárcel menos de tres años, a pesar de todo el dinero que se robó y, entre otras muchas cosas, haberles proporcionado quimioterapia falsa a niños con cáncer?
En fin, me parece que el dilema real es ¿violar los derechos humanos o abatir la impunidad? Porque las violaciones a los derechos humanos cometidas por la autoridad, como acusar a alguien de un delito que no cometió y obligarlo a confesar mediante tortura, solamente sirven para que los verdaderos delincuentes sigan en la calle haciendo de las suyas.
Como bien lo explica Ralph Crawshaw, académico de la Universidad de Essex, Inglaterra: en una democracia, la actuación policial debe basarse en los principios de legalidad, no discriminación, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y humanidad.
No hacerlo así es lo que nos ha llevado a ser ya el segundo estado más violento de México. No faltará quien piense que México no es una democracia, pero no llegará a serlo si no le exigimos a nuestras autoridades e instituciones que actúen como si lo fuéramos.
Poner a la Policía y al a fiscalía a fabricar culpables es una de las peores formas de complicidad que puede haber, por eso es que el Congreso de Jalisco y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, deberían atender las recomendaciones que la sociedad civil, la iniciativa privada y la academia les hicieron llegar mediante la iniciativa por una #FiscalíaQueSirvaJalisco, así demostrarían en los hechos que va en serio la refundación de Jalisco, la cual implica una nueva relación entre gobierno y sociedad, basada en la gobernanza, lo que además brindará la oportunidad de seguir construyendo alternativas que mantengan a Jalisco en la vanguardia institucional.
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@albayardo
JJ/I