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Chocan por dictamen para la fiscalía general

Puntos de vista. Mario Delgado Carrillo y Juan Carlos Romero Hicks están en el debate por la fiscalía de la República. (Foto: Cuartoscuro)

Ciudad de México. A unas horas de la aprobación de la ley orgánica de la fiscalía general de la República, el líder de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, llamó a Morena para que, con altura de miras, no se cierre al diálogo.

Pidió que se construya una nueva institución que incluya las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, “porque ellos también son parte del pueblo sabio, no los ignoremos”.

En un comunicado, Romero Hicks explicó que, en días pasados, la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado de República para ser discutida en la Comisión de Justicia; sin embargo, en la última sesión, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados se negaron a aceptar cambios y la turnaron para su discusión al pleno.

"Acción Nacional está a favor de una reforma al artículo 102 de la Constitución, por el principio de darle a México un fiscal general que no sirva a los designios del presidente en turno, sino de la nación", subrayó.

"En el PAN (Partido Acción Nacional) sí abrimos la discusión del nuevo modelo de procuración de justicia que queremos los mexicanos con un formato de parlamento abierto, promovido por la presidente de dicha comisión, Pilar Ortega Martínez".

De seguir con el modelo de fiscalía que quiere Morena, no habrá mejoras al sistema de procuración de justicia, pues no está claro cuales serán las atribuciones en materia de investigación de la Policía, afirmó.

Además, si se deja tal cual el documento, sin cambios, el perfil del fiscal general de la República estará muy reducido, por lo que se propone realizar modificaciones en el texto constitucional.

"Morena y sus aliados nos están negando la oportunidad de fortalecer la procuración de justicia; corremos el riesgo de repetir errores de investigación, como en Ayotzinapa, donde fue lamentable la actuación de los peritos", agregó.

"Es inaceptable que minimicen la labor del Instituto de Servicios Periciales en la nueva organización de la fiscalía, pues va en sentido contrario a la recomendación internacional al Estado mexicano para dotar de autonomía a estos organismos".

Romero Hicks cuestionó que se pueda hablar de una mejor procuración de justicia, si no se cambian las habilidades de investigación, si se debilita la trilogía de la indagatoria, que está justamente constituida por el Ministerio Público, policías y peritos.

Contrario a lo que se dice respecto a que el incremento de la inseguridad e incidencia delictiva de los últimos años son consecuencia del sistema penal acusatorio, baste decir que éste no ha sido implementado en su totalidad, subrayó.

Por ello, consideró que hay retrasos atribuibles a los gobiernos federal, estatales, en las policías, los fiscales e incluso en el legislativo.

"Lo tenemos que decir claro y sin rodeos: los diputados de Morena se negaron a plasmar omisiones de las unidades especializadas de investigación para indagar delincuencia organizada, lavado de dinero, delitos fiscales, secuestro y contra el medio ambiente, por mencionar los más relevantes", subrayó.

El legislador aseguró que la sociedad civil presentó propuestas muy claras de fondo, no de forma, que no sólo fortalecerían, sino que harían operante esta fiscalía.

Voto Morena

Para el coordinador de Morena en Cámara de Diputados, Mario Delgado, con la nueva fiscalía se terminarán la corrupción, la impunidad y se dejará de actuar por consigna política.

Anticipó que la bancada de Morena votará a favor del dictamen que tiene el propósito de reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la fiscalía general de la República, y atender de manera más eficiente el clamor de justicia de la sociedad mexicana.

Delgado Carrillo aseveró que las cifras de impunidad e inseguridad hablan del fracaso de una procuraduría cara, ineficiente y obsoleta, que tiene a más del 80 por ciento de sus empleados asignados a tareas administrativas, mientras que el 20 por ciento de los agentes del ministerio público que se dedican a los casos no tienen las habilidades técnicas de investigación ni de litigación ante un juez.

Por lo anterior, es urgente aprobar esta ley para poner en marcha un cambio radical frente al modelo inoperante de la procuraduría.

Según Delgado Carrillo en este nuevo proceso se atienden las inquietudes compartidas por organizaciones de la sociedad civil, y la urgencia de no replicar el modelo anterior, que generaba unidades o fiscalías para supuestamente dar respuesta a las víctimas, pero en verdad sólo se creaban "elefantes blancos" y un "infierno" de ventanillas múltiples para las víctimas.

JJ/I