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Ocultaban sus salarios; ahora deben bajarlos

En México pasamos del ocultamiento deliberado de la información sobre las percepciones de los funcionarios públicos de mayor nivel a, en este periodo, exigir que les reduzcan sus montos escandalosos. Mientras más de 50 millones de mexicanos padecen pobreza, la élite de los burócratas la integran sanguijuelas que sangran lo más que pueden al erario. Con pseudocontroles, subterfugios o descaradamente, amparados en leyes y reglamentos con que se autoprotegen, durante décadas se han dado la gran vida a costa de nuestros impuestos. De eso estamos hartos. Ahora, una de las más importantes disputas se libra en el país: disminuir los privilegios de la casta de privilegiados dizque servidores públicos de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Hagamos historia. En los años 90 era un secreto cuánto percibía el presidente de la República Ernesto Zedillo y cuántos recursos se destinaban a su oficina. Ante las bonificaciones excesivas y secretas, los miles de millones de pesos manejados de manera discrecional, las cuentas ocultas, los dispendios al tope y la opacidad total, la agrupación ciudadana Alianza Cívica (AC), sin filiación partidista, decidió usar el derecho constitucional de petición y en 1995 envió dos cartas a Zedillo para solicitar información como el organigrama de su oficina, sus recursos disponibles y el salario y bonificaciones del presidente, entre otros puntos.

En 1995 no existían el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ni su antecesor, el Ifai. Pese al discurso de Zedillo, en un año no respondió a AC. La ignoró. Alianza Cívica se amparó, logró una sentencia a su favor y se obligó a la Presidencia a responder, lo cual era sin precedentes en el país. Sin embargo, relata la asociación, “los datos enviados no subsanaron los vacíos de información existentes: la información que necesitábamos seguía sin ser del conocimiento público y era absolutamente inaccesible al ciudadano”. Tras agotar las instancias nacionales, en 1997 presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda al gobierno mexicano por violación a su derecho a la información. La CIDH se declaró incompetente para conocer y resolver el caso.

Han transcurrido más de 20 años desde entonces. En Jalisco tampoco fue fácil conocer en la década pasada cuánto realmente perciben los gobernadores, alcaldes y diputados. La falta de transparencia fue y es una barrera a vencer en la exigencia social de evitar el derroche, el abuso, los privilegios.

Ahora está abierta la disputa por bajar los salarios de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal. Es una confrontación jurídica, política, mediática y ética. López Obrador y Morena quisieron imponer la reducción al Poder Judicial federal, pero no pudieron. El Poder Judicial hizo valer su autonomía. El viernes, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión a la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que solicitaron senadores de oposición. El año próximo la SCJN analizará y dictaminará de fondo la controversia. En lenguaje llano, los ministros decidirán si es o no obligatorio que reduzcan sus excesivos ingresos económicos.

Ministros argumentan que sus altísimas percepciones, arriba de 300 por ciento a las del presidente, no son un privilegio, sino una condición necesaria para garantizar su autonomía. Con esa lógica, los otros dos poderes podrían aumentar sus ingresos, en un pleito de cúpulas, mientras continúa al margen la población con minisalarios. Por ahora la discusión exhibe al Poder Judicial federal y aumenta su descrédito, aunque gana el primer round.

En Jalisco la estrategia seguida por el gobernador Enrique Alfaro es distinta y va por convencer a los magistrados locales a que por sí mismos aprueben disminuir sus privilegios, que no son pocos. Es dudoso que lo hagan con meras exhortaciones. En México, la élite de funcionarios públicos está bien servida, en tanto millones de mexicanos sobreviven comprando ropa y calzado en los tianguis, comiendo lo que pueden. Ese abismo entre una minoría que no conoce la austeridad y una mayoría que se aprieta el cinturón habrá que terminarlo. Faltan más rounds.

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JJ/i