Los intocables

En México, hemos vivido cambios importantes en lo que respecta a la autonomía de los poderes y el necesario equilibro desde el cual deben cooperar, pero también hacer contrapesos mutuos. En 1997, por primera vez, el Poder Legislativo no tuvo mayoría de representantes emanados del PRI. Para gobernar y que las iniciativas del Poder Ejecutivo fueran aprobadas, se necesitaba lograr consensos.

Con la alternancia, el presidente Fox tuvo un fuerte contrapeso pues la mayoría estaba conformada por diputados emanados de la oposición y particularmente del PRI. Aun cuando Vicente Fox llegó con una alta legitimidad al poder, los ciudadanos eligieron en los primeros tres años representantes que equilibraran el poder del presidente. Fox pudo constatar la dificultad de gobernar sin mayoría en el Congreso y se dedicó a pedir a los ciudadanos que en la siguiente elección le facilitaran la tarea y votaran por los candidatos a diputados del PAN.

En las pasadas elecciones, la mayoría de los ciudadanos-electores, hartos de alternancias sin claridad en un proyecto realmente alternativo para el país, decidieron otorgar su voto a un partido distinto, un voto de confianza a que -con mayoría en las dos cámaras-, sería más probable que Andrés Manuel López Obrador pueda llevar adelante su proyecto de gobierno. Obviamente, en esa decisión los mexicanos corremos el riesgo de que se debiliten los contrapesos, pero sin duda la apuesta de los ciudadanos -y esperamos que del Ejecutivo y de los legisladores-, es posibilitar las condiciones de los cambios que advertimos como necesarios para México.

Gracias a esos procesos hemos podido construir un país más democrático, hemos ensayado nuevas formas de equilibrios entre poderes, y en los estados también hemos roto la hegemonía que el PRI tuvo durante setenta años.

El Judicial ha sido el único poder en el que los cambios no han permeado y más bien ha reforzado una férrea estructura de poder en la que es muy difícil penetrar. Su cometido central es que en el país impere el estado de derecho y se le otorgan atribuciones para que el imperio de la ley se ejerza con justicia. Es el único poder del Estado que no es electo por la sociedad. Si bien sus integrantes deben tener conocimiento técnico especializado, los canales por los que se nombra a sus representantes o se asignan las magistraturas responden más a la lógica del poder y a las dinámicas propias de las élites que controlan sus estructuras y por tanto el acceso a dichos puestos queda en un círculo muy cerrado.

La contundencia con que el presidente ha planteado que va en serio con el combate a la corrupción y la exigencia de que presupuestos y remuneraciones de todos los funcionarios públicos se ajusten a la baja, ha irritado al único poder que no había sentido amenazados sus privilegios y sobre todo los altos salarios que históricamente se han otorgado, con la justificación de que eso impide que sean corruptibles.

En medio de su irritación los ministros han argumentado que la exigencia de austeridad atenta contra la autonomía de los poderes, desviando claramente el punto central del debate, que tiene más que ver con lo ofensivo que resulta para el pueblo de México que la élite dorada y los poderes del Estado mantengan sus privilegios y altísimos salarios, en un país donde más de la mitad de los ciudadanos viven en condiciones de pobreza y además no se les sirve con una justicia pronta y expedita.

No hay de otra, o los ministros, magistrados y quienes integran el Poder Judicial atienden el llamado a hacer bien su trabajo, sin tantos privilegios y con ingresos más austeros, o estarán marcados con el estigma de que su interés fundamental es cuidar sus privilegios y se han olvidado servir a la sociedad que los sostiene y legitima.

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JJ/I