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Crucificándose
Empiezan las campañas
La prospectiva de una guardia nacional no beneficia en el corto plazo la situación de los cuerpos de seguridad locales en Jalisco, un estado con inmenso retraso en formación policial y cantidad de agentes.
La nueva institución impulsada por el gobierno de México ha encontrado gran oposición en amplios sectores de la sociedad, pero al igual que lo ocurrido en su momento con la guerra contra el narcotráfico de Calderón, es previsible que persista contra toda crítica.
A mediano plazo es previsible que la reforma enfrentará impugnaciones, controversias constitucionales e incluso oposición de gobernadores. El gobernador Enrique Alfaro se ha opuesto a la política fiscal de la Federación y su posición podría distanciarse más aún del gobierno de México en cuanto a las decisiones de seguridad pública pues, a fin de cuentas, la figura de una guardia nacional debilita a las entidades federativas.
En un país como Estados Unidos, la guardia nacional es para los estados un contrapeso al poder militar de su Federación y una garantía de su soberanía federativa en asuntos de seguridad interior, pero en países europeos como Francia o España se trata de una corporación nacional de seguridad adicional a las policías nacionales, con atribuciones tácticas similares a las del Ejército.
Hasta ahora en México se vislumbra que la proyectada guardia nacional robustecería el poder de la Federación para intervenir en entidades cuyos recursos y calidad policiales tuvieran mayores limitaciones ante los fenómenos delictivos de alto impacto.
Hay una necesidad real de una intervención así en muchos estados de la República con bajas tasas policiales, poco equipamiento y evaluaciones insatisfactorias.
La Conferencia Nacional de Seguridad Pública acordó en septiembre de 2016 algunos lineamientos básicos para que todas las entidades de México contaran con el certificado único policial en un máximo de tres años, pero a mediados de 2018 eran significativos los rezagos en la mayor parte del país. Es poco probable alcanzar la meta en septiembre de 2019.
El objetivo era fortalecer las policías estatales, pero la guardia nacional es una respuesta pesimista a la incapacidad de los estados para lograrlo.
Las estimaciones entonces de la Secretaría de Gobernación eran que se necesitaban 96 mil policías para alcanzar un estándar mínimo en todo México de 18 agentes estatales por cada 10 mil habitantes, pero la meta de Andrés Manuel López Obrador de 50 mil integrantes de la guardia nacional para 2021 compite directamente con ese objetivo previo.
Aún no se ha dado a conocer el sueldo de los futuros guardias, pero podría rondar los 14 mil o 15 mil pesos para sobrepasar la mayoría de los mínimos ofrecidos por las entidades a sus policías. Más allá, la promesa de 15 días de vacaciones cada seis meses, oportunidades de formación profesional, gastos pagados de hospedaje y alimentación, entre otros factores, disminuirán la oferta de aspirantes a corporaciones policiales.
En Jalisco ha sido difícil atraer talento para la policía estatal en los últimos años, aun con el proyecto de Fuerza Única que planteó el anterior gobierno estatal.
La rivalidad de la guardia nacional privará a Jalisco de nuevos policías incluso para integrarse a las comisarías municipales metropolitanas que tienen mejores condiciones laborales que la policía estatal.
Para contar con los 14 mil 900 policías estatales que necesita en 2019, según los acuerdos previos, el estado necesitaría unos 9 mil adicionales.
El gobierno de México no castigará a Jalisco en lo policial por desafiar el pacto federal, sino que privilegiará las operaciones de la guardia nacional en la entidad para mantener bajo control esa rebeldía y para posicionar su imagen salvadora.
Para el gobierno central es crucial mejorar la percepción de seguridad con miras a conquistar electoralmente un estado renuente a la seducción de Morena, un estado madriguera de un grupo criminal que se ha convertido en el principal antagonista de la justicia nacional.
Es inminente una Operación Jalisco 2.0.
@levario_j
JJ/I