Qué modos

Nadie duda ni critica que el gobierno federal haya agarrado el toro por los cuernos y abriera un frente contra los huachicoleros y la corrupción que se encontró al interior de Petróleos Mexicanos y que permitía una industria ilegal paralela.

Los partidos de oposición juran que aplauden el combate, pero se esmeran en puntualizar que la estrategia no es la adecuada y se escudan en el daño a la población.

De sobra está decir que sólo los de Morena defienden las medidas que autorizó el presidente, pues consideran que ante un problema de corrupción de gran magnitud no quedaba de otra más que responder con medidas drásticas.

Dolores Padierna Luna recapitula en que el combate frontal a este delito ha arrojado a la luz pública acuerdos, complicidades, omisiones y claros actos de corrupción entre funcionarios públicos de la paraestatal, distribuidores, transportistas, comercializadores y distribuidores del hidrocarburo robado.

Pero lo que la oposición reclama es que no se midiera el impacto social antes de empezar la cruzada contra la delincuencia organizada.

El priísta Héctor Yunes Landa, por ejemplo, dice que la decisión de combatir al crimen es por sí misma acertada, pero no las acciones para lograrlo.

Yunes Landa habla de incompetencia, mientras el panista Juan Carlos Romero Hicks se instala en que el combate al huachicoleo no debe ser a costa de la población.

El perredista Ricardo Gallardo Cardona cuestiona la ejecución del plan y la comunicación, que ha generado desabasto y pánico entre los consumidores de combustible. Su compañero de partido Miguel Ángel Mancera se va a los números y dice que el transporte con pipas es 14 veces más caro que el de los ductos.

El punto es que todos ellos ya están bastante curtiditos en el sector público y, desde un cargo u otro, en algún momento pudieron haber aportado a una estrategia. Quizá lo hicieron, aunque ninguno remite a una acción que sea referente como buena práctica y la dimensión que alcanzó el ilícito denota que los intentos pasados no fueron fructíferos. De eso también son testigos y no se recuerdan sus críticas porque el delito que exprimió las finanzas de Pemex no fuera erradicado.

El robo de gasolina y diésel hasta septiembre de 2018 superó la cifra total de 2017, de 10 mil 363, al alcanzar las 11 mil 240, de acuerdo con las últimas cifras que dio el entonces director de Pemex, Carlos Treviño.

Las tomas clandestinas costaban 30 mil millones de pesos a Pemex cada año, según Treviño, pero las que da Andrés Manuel López Obrador son totalmente diferentes: van de los 50 mil millones a los 70 mil.

Los estados en los que Pemex tiene la mayor extensión de ductos: Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Jalisco. La escasez de gasolina coincide con este trazo.

El sabotaje de un ducto en Veracruz, que afectó la distribución en la Ciudad de México, pudo ser una de las primeras reacciones al huachicolazo, pero López Obrador ha insistido en que su estrategia va a resistir todo embate y todas las críticas. Esta vez no ha soltado el “me canso, ganso”, pero sí el “a ver quién se cansa primero”.

Todo parece indicar que aplicará eso de “esto no se acaba hasta que se acaba” porque en repetidos mensajes ha pedido a la población paciencia, no caer en pánico y no alimentar la venta clandestina de gasolina.

El tiempo dirá si su embate contra un esquema de corrupción de altos vuelos funcionó, ojalá que sí, que las dificultades de ahora valgan la pena. Mientras tanto, ¿qué daño haría optimizar el combustible y aguantar el modo?

JJ/I