Construir la justicia desde la confianza

Para nada es momento de celebrar ni de decirle a la gente que se esté tranquila con la disminución de algunos índices delictivos. Que nos dirigimos a la paz.

No confiamos en el gobierno, en sus cifras ni en la triunfal denuncia de que los anteriores gobernantes manipulaban los datos a conveniencia.

La semana pasada el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo una brutal revelación: que las cifras de incidencia delictiva de los delitos en general y de varios tipos delictivos en particular estaban maquilladas con entre 30 y 40 por ciento menos de la cantidad real. Que si nos reportaban alrededor de 11 mil ilícitos mensuales, la verdad era que rondábamos los 14 mil.

Y esa sola exhibición de la mentira convertiría automáticamente a su denunciante en el portador de la verdad. Pero así no funciona la confianza.

En cambio, el actual gobierno de Jalisco tendría que construir esa confianza a partir de una transparencia ejemplar como parte de la reconquista de la percepción de seguridad de la ciudadanía, una percepción muy deteriorada durante años de vivir en el miedo.

Claro que es importante admitir una reducción inicial de delitos como robo de vehículos, a personas, a negocios, a casa-habitación, a clientes bancarios y a carga pesada en diciembre con respecto al mes anterior, pero no se trata de una drástica reducción y ya en momentos anteriores ha habido reportes de una disminución provisoria que al mes siguiente rebota al alza.

Se requeriría que al menos durante tres meses persista el descenso de delitos para considerarlo una tendencia y quizás un año para que se trate de una reducción sostenida.

Pero no basta con ostentar números vindicatorios para que el gobierno actual legitime sus acciones a través de la información procesada que entrega a la opinión pública.

Para iniciar el proceso de recuperación de su honor es necesario que la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y el gobierno de Jalisco hagan públicos cada uno de los procesos de reestructuración organizacional y de información en la medida de lo permitido por las leyes de transparencia, pero actuando de manera proactiva en la liberación de los datos.

Están generando información valiosa que debe ser documentada para la ciudadanía y ello no debería hacerse en la discreción de la conveniencia, sino sólo de la protección de datos personales y de aquellos que pudieran poner en riesgo la seguridad pública.

Queremos conocer a detalle en qué nos mintieron antes, porque no queremos que nos vuelvan a mentir. También es importante no solamente estar abiertos a permitir la fiscalización de la sociedad civil, sino ante todo convocarla para que haya instituciones ajenas al Estado que den fe de que en verdad los funcionarios públicos actuales están actuando de manera distinta a sus predecesores. Que su verdad tiene sustento para construir a partir de ella la discusión democrática de la justicia y la seguridad.

Este domingo, la parte central del discurso de Alfaro al abordar ante las cámaras las cifras de incidencia criminal fue la exhortación a divulgar la versión alegre del análisis. Sin embargo, como sociedad aún no estamos en la situación adecuada para celebrar. Aún es tiempo de reflexionar en qué hay fallas, qué se debe perfeccionar, a qué se le debe poner atención. Antes que nada, es momento de reconocer que no estamos donde quisiéramos.

Porque parte fundamental de la transformación de nuestro estado en temas policiales y judiciales es, o debería ser, el objetivo de que todas las personas tengan confianza en las instituciones de seguridad y de justicia, que todos se sientan protegidos en su persona y en sus derechos.

Antes que celebrar se necesita todavía mucho trabajo y mucha apertura para que, como sociedad, nos sintamos en paz.

@levario_j

JJ/I