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Petróleos Mexicanos adquirió equipo para vigilar sus instalaciones y frenar el robo de combustible, pero no lo utilizó. Además, las aeronaves que debían usarse para patrullaje sirvieron para el traslado no justificado de funcionarios públicos y líderes sindicales.
Estos son parte de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública 2016 de Pemex.
En el pliego de observaciones, se menciona que se adquirieron bienes para vigilancia por más de mil millones de pesos que no se usaron. Una de las compras fue por más de 137.2 millones de pesos para generar videos en tiempo real sobre actividades ilícitas en las instalaciones de Pemex, de 2011 al 9 de febrero de 2015. Estos estuvieron guardados durante 14 meses, de febrero de 2015 a abril de 2016.
También hay bienes por otros 315 millones de pesos cuya utilización no se acreditó desde diciembre de 2012 hasta abril de 2016, por lo que permanecieron almacenados 40 meses.
En ambos casos, se informó que no se contaba “con el recurso humano” para su recepción, por lo que se guardaron en la ex terminal de gas licuado en San Juan Ixhuaxtepec, Estado de México, en San Jerónimo Ocotitlán, Puebla, y en Tula, Hidalgo.
Además, compró equipo en el que se gastaron más de 553 millones de pesos en 2011 y 2012 para ser operados por la Secretaría de Marina, pero ésta rechazó la tarea por no tener personal capacitado; estuvieron guardados por 23 meses.
Pemex compró además 30 drones para vigilancia en diciembre de 2016 por un monto superior a los 47.8 millones de pesos. De estos, 21 fueron entregados en un convenio a la Sedena, que los dejó 14 meses guardados, mientras que otros nueve drones estuvieron 23 meses almacenados en una bodega de Dos Bocas, Tabasco.
La Auditoría Superior también encontró que Pemex firmó un contrato de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional para que nueve areonaves se mantuvieran con esta última para “brindar movilidad táctica y estratégica a funcionarios de alto nivel para la toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional, así como para el patrullaje y vigilancia del sistema nacional de ductos, instalaciones estratégicas de Pemex en tierra y mar”.
En el informe, hay 49 traslados de funcionarios sin que se justificara el motivo ni datos como nombre y cargo de los mismos; 10 viajes del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pemex y otros funcionarios, no justificados. En enero y febrero de 2016 hubo 17 traslados nacionales y 8 al extranjero no justificados, y de marzo a diciembre 75 nacionales y 12 al extranjero, en las mismas condiciones.
El órgano fiscalizador nacional revisó la cuenta pública de Pemex correspondiente a 2016. En esta, se analizó la disposición de 3 mil 327.7 millones de pesos.
Como conclusión, señala que Pemex no cumplió con la meta de “reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas” y tampoco “muestra avances en su estrategia integral de seguridad en lo concerniente a la prevención de actos ilícitos en materia del robo de hidrocarburos”.
A 2016, agrega, se reporta un costo promedio diario de pérdidas de 54.5 millones de pesos por el robo de combustible.
JJ/I