La ruta del dinero

En el tema de los huachicoleros, junto con la llave de los ductos se está cerrando la del dinero. El gobierno federal se fue a los datos duros y las cifras no cuadran, según lo expuesto por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Santiago Nieto Castillo dice que se han detectado 24 cuentas bancarias que podrían ser congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos producto del robo de combustible, pero no es una cifra definitiva porque también se procedería contra las cuentas de esposas e hijos de los directamente involucrados.

En un robo a la nación de impresionante magnitud, el gobierno federal ha detectado una extensa cadena: grupos políticos, funcionarios y empleados de Pemex, al menos 194 gasolineras con operaciones irregulares, y ligados a ellos están los grupos criminales que hicieron de los ductos otra especie de plazas para el ilícito organizado en el que incluyeron a comunidades enteras, involucrando a mujeres y niños.

En todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son siete los que concentran ocho de los 10 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda identifica como recursos provenientes del huachicol.

El Estado de México es donde más blanqueo se detectó; le siguen Puebla, la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro e Hidalgo.

Inteligencia Financiera empezó a hacer lo que hace mucho debió hacerse si en verdad se quería combatir el delito: se fue al sistema bancario y detectó 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes relacionadas con los 10 mil millones de pesos producto del robo de hidrocarburos.

Pero estos 14 mil reportes son sólo del periodo 2017-2018. Ya no le escarban más porque se trata de que lo antes posible se pueda regularizar el funcionamiento de los ductos y se lleve a los responsables a los tribunales. Es decir, a medida de que el trabajo de minería avance por un túnel que parece no tener fin, el dinero producto de este delito alcanzaría cifras inimaginables.

Quienes ya están perfectamente ubicados en el ilícito son un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex alcalde, todos propietarios de concesiones de venta de gasolina.

En su primer barrido en las gasolineras, inteligencia financiera localizó 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; es decir que el diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada.

Siguiendo la ruta del dinero, Hacienda detectó depósitos y retiros que van desde los 27 millones de pesos hasta los 386 millones. En otro caso ubicó 11 millones de dólares irregulares.

Todos estos datos duros han contribuido en mucho a que la sociedad aguante la escasez de gasolina y las filas de hasta dos o tres horas para poder surtirla. Pero la gran pregunta ahora es, ¿y después qué? ¿Cuándo será la aplicación de la justicia?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el delito se cometía con total descaro e impunidad; sin embargo, afirma que no quiere chivos expiatorios porque está convencido de que nada pasaba sin que los anteriores presidentes lo ignoraran. En palabras sencillas, dice que o eran cómplices o se hacían de la vista gorda y no hicieron nada por detener tal saqueo a Pemex, pero insiste en que ir por los de arriba es empantanarse en procesos judiciales.

El hecho es que hay mil 700 carpetas de investigación iniciadas. Convertirlas en proceso, castigar con cárcel el saqueo y recuperar lo robado sería un buen punto de partida en lugar de esperar otra consulta pública para ir por los peces gordos, la cual, dicho sea de paso, quizá nunca llegue.

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