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Quinto Patio

El país está sacudido, horrorizado luego de la tragedia ocurrida en Hidalgo por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos que ocasionó decenas de muertes, que sumaban anoche 85, y más de 70 heridos. De las personas que perdieron la vida, los que estaban más cercanos al área del estallido quedaron carbonizados y los restantes con lesiones de gravedad. En Jalisco han ocurrido casos similares, tanto explosiones como incendios y muertes, pero con una dimensión mucho menor, una atención mediática mínima y sin repercusiones en la opinión pública jalisciense.

Por ejemplo, en marzo de 2017 se incendió una toma ilegal de un ducto en la zona de El Zapote del Valle, cerca de la avenida Adolf Horn, en Tlajomulco; murió una persona y dos vehículos quedaron calcinados. En marzo de 2018, en Lagos de Moreno ordeñaban otro ducto, falleció incinerada otra persona y un par de camionetas que transportaban el combustible robado quedaron calcinadas. Esto, sin contar los incendios y las enormes llamas ocasionadas por huachicoleros en distintas fechas, que han puesto en peligro a habitantes y viviendas de Tlajomulco y otros municipios. Los riesgos han sido permanentes. Tras lo de Hidalgo, hay temor.

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“A todo diles que sí, pero no les digas cuándo… o cómo o por qué”… Y lo decimos porque Carlos Lomelí, delegado de Programas para el Desarrollo del gobierno federal en Jalisco, enfrentó líos para precisar información. Aun cuando aseveró que mantiene constante comunicación con Gabriel García Hernández, coordinador de los llamados súper delegados, al abordar ayer el tema del desabasto de combustibles que en las últimas semanas ha afectado a la entidad reconoció desconocer si el ducto Salamanca-Guadalajara ya había sido abierto, si en la entidad se mantienen tomas clandestinas activas, cuántos elementos del Ejército vigilan los ductos que pasan por Jalisco o cuándo se empezarían a ver sanciones contra huachicoleros y gasolineros gandallas.

Eso sí, juró y perjuró que la distribución se normalizaría en la semana y reiteró el llamado a la ciudadanía para dar un voto de confianza a las acciones de Andrés Manuel López Obrador. En esta vecindad quedó la impresión de que requiere tener información de primera mano, precisa y actualizada. ¿No?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá al Senado de la República candidatos a magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para participar en el procedimiento de selección 136 aspirantes cumplieron con los requisitos, cifra que se redujo a 30. De acuerdo con la convocatoria, son solamente cinco las vacantes de magistrados electorales, uno por cada sala regional. Advirtamos, por ende, que en el país existen cinco salas regionales, una de ellas, de la primera circunscripción, tiene sede o residencia en Guadalajara.

Pues bien, de los 30 aspirantes el pleno de la SCJN elegirá cinco ternas para enviarlas al Senado. Hoy precisamente empiezan las comparecencias de la treintena de aspirantes. Será la pasarela, pues, ante los ministros. Después vendrá la votación para elegir a las cinco ternas. De Jalisco van dos: Rodrigo Moreno Trujillo, quien fue magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, y Luis Antonio Corona Nakamura, ex magistrado electoral. Si pasan a la terna, faltará el filtro de los senadores, donde las negociaciones corren a cargo de los partidos políticos. O sea…

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El ex regidor del PVEM en Guadalajara Bernardo Macklis Petrini pasó tan de noche el trienio que ni siquiera pudo aprobar en la comisión edilicia que encabezó, la de medio ambiente, su iniciativa relativa a la hora del planeta; su propuesta de las brigadas veterinarias preventivas también fue bateada porque ya existen las campañas itinerantes.

A Macklis Petrini le llevó más de un año y no logró empujar la iniciativa, mientras a los nuevos ediles tapatíos les bastaron menos de tres meses para despachar las propuestas porque (¡chanfle!) son acciones que ya estaban en marcha desde antes que se le prendiera el foco al verde ecologista.

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JJ/I