Un poder con derecho de admisión

El Poder Legislativo del Estado, que debería ser la casa del pueblo, se reserva el derecho de admisión tanto para entrar a sus inmuebles como para dialogar.

En el edificio ubicado en la avenida Hidalgo 222, en Guadalajara, nadie es bienvenido si no trae cita, conoce a alguien que lo deje pasar o tiene algún asunto puntual que hacer.

Sólo los viejos conocidos o los amigos de los amigos logran pasar el filtro del ingreso de la Sexagésima Segunda Legislatura. Aquí la frase de puertas abiertas no aplica, porque las órdenes de los diputados presidentes de la Mesa Directiva, bajo el pretexto de la seguridad, no dejan pasar a nadie que se vea con cara o porte de manifestante o quejoso.

Todos se quedan en las puertas del edificio, y tras negociar el ingreso el personal de seguridad sólo deja pasar a unos cuantos. No quieren plantones en el patio o pancartas levantadas en las sesiones plenarias.

La libertad de pasar al recinto del Poder Legislativo para presenciar las sesiones, donde podrían tratarse temas polémicos, está acotada a pasar los filtros y conocer a alguien que les dé el pase de entrada.

Esta nueva política de “Nos reservamos el derecho de admisión” se observó en esta semana cuando la bancada parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) invitó a organizaciones civiles a una conferencia de prensa para señalar que trabajarían juntos en temas urbanos, ecológicos y ciudadanos.

Aunque en esta ocasión eran invitados, se quejaron de que les costó trabajo entrar, de que la casa del pueblo no les respondió, y quizás tenían razón, podrían estar en la lista negra virtual de personas no gratas.

La siguiente semana será muy importante para la historia de Jalisco porque se votará la desaparición de tres organismos públicos descentralizados: el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y el Patronato de las Fiestas de Octubre. El año pasado ya lo hicieron con otros como el Instituto Jalisciense de la Artesanía (IJA).

Las organizaciones civiles de mujeres anunciaron que acudirán a manifestarse en contra de la propuesta del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y seguramente permanecerán los controles para evitar protestas indeseadas.

En las últimas sesiones plenarias, el recinto legislativo ha estado lleno de trabajadores, estudiantes o funcionarios de otras dependencias que acuden a ver algún asunto de interés.

Pero, ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? Aquél que le interesa conocer de cerca cómo los diputados locales toman sus decisiones, a ése le pueden aplicar la política de no admisión.

La discusión de temas importantes en el Congreso del Estado también queda rezagada ante la insistencia de hablar en claves numéricas, es decir, por números de acuerdo y el asistente a la sesión se queda sin entender lo que se aprueba.

La casa del pueblo se queda sin ser el enlace con la sociedad, sin ser el medio que comunica al ciudadano con el político, sin que se refleje lo que ellos piden, lo que ellos demandan.

Una prueba más se notará cuando voten la extinción de estos OPD. ¿A cuántos dejarán pasar para manifestarse por las decisiones tomadas?, ¿cuántos podrán escuchar lo que ahí se diga?; en pocas palabras, ¿quiénes llenarán las butacas?

Para muestra basta un botón: sólo tienen que darse una vuelta a este edificio legislativo y constatar sus puertas cerradas y la gente acumulada en su exterior. O presenciar las manifestaciones en su exterior, porque a sus representantes se les aplicó el derecho de admisión.

Los diputados locales se quedan lejos de sus representados cuando éstos piden ser escuchados, salvo que cumplan el trámite de buscar el contacto que los llevará a sacar la cita deseada, porque aquí no se puede entrar sin tener palancas.

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JJ/I