Ante la tragedia, incapacidad

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha reconocido que desde las 14:30 horas del pasado viernes 19 el gobierno federal estaba al tanto de la fuga de combustible en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Sin embargo, no ha explicado cómo es que no fueron activados de inmediato los protocolos de protección civil, seguridad pública, salubridad y protección ambiental para manejar adecuadamente la situación y evitar que la población corriera riesgos.

El manejo de este tipo de situaciones exige presencia masiva y oportuna de efectivos de las fuerzas de seguridad para disuadir, mediante la sola presencia, cualquier intento de romper el orden y exponerse a un riesgo innecesario. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de proteger a los ciudadanos ante cualquier amenaza a su integridad física; y esto no supone, como ha planteado reiteradamente Andrés Manuel, usar la fuerza para enfrentarse a la población.

La base militar más cercana se ubica en Pachuca, a poco más de una hora de Tlahuelilpan. Si después de la explosión 400 efectivos del Ejército acordonaron la zona, ¿por qué no fueron desplegados desde el momento en que las autoridades se enteraron de la fuga? ¿Por qué no se siguieron protocolos adecuados para proteger a la población y anticiparse a la inminente tragedia?

Lo único claro es la manifiesta incapacidad de las fuerzas de seguridad (el Ejército incluido) y de la actual administración federal para enfrentar situaciones como ésta.

Es obvio que el gobierno federal reacciona mal ante estas situaciones, y es evidente que las fuerzas de seguridad y las instancias de protección civil carecen de protocolos para actuar eficazmente ante eventos similares. ¿Cuánto tiempo más se continuará con la dilución de las responsabilidades en la cadena de mando para aducir inocencia ante la incapacidad y la negligencia?

Sí, la miseria que enfrentan las personas puede arrojarlas a tomar decisiones temerarias. Sí, la corrupción ha permeado las esferas de actuación gubernamental. Sí, lo mínimo que el gobierno federal debe hacer es evitar el robo de los recursos públicos. Pero también es cierto que alguien dio la orden de cerrar los ductos que transportan regularmente el combustible, sin la debida planificación para evitar el desabasto, lo que agudizó la ya de por sí difícil situación que las personas vivían en Tlahuelilpan.

Como es costumbre en Andrés Manuel, frente a las interrogantes planteadas legítimamente, pero que le resultan incómodas, prefiere salirse por la tangente y culpar a todos: la mafia en el poder, la oposición traidora, la prensa chayotera… cuando en realidad la última responsabilidad es suya y de nadie más. Que alguien le informe a Andrés Manuel que también de eso se trata el poder, de asumir responsabilidades.

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JJ/I