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Al Rey Sol
Cualquier buena intención que haya en las mujeres de Movimiento Ciudadano en los cambios institucionales para atender la agenda de género se diluye con su actuación. El procedimiento que han seguido para desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) parte de la descalificación, la exclusión, la soberbia y la falta de transparencia.
Ni siquiera se han molestado en explicar por qué un cambio de nomenclatura representa una modificación de fondo en la manera en que se atenderá este tema. Sin antecedentes de trabajo o experiencia para enfrentar todas las aristas que atender a este sector, que es la mayoría de la población, piden una especie de acto de fe. Eso sin contar que en el caso de las legisladoras actúan como se cuestionaba al PRI y al PAN, como empleadas del Poder Ejecutivo.
La iniciativa que envió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al Congreso del Estado para desaparecer al Instituto Jalisciense de las Mujeres establece en la exposición de motivos las razones para su extinción, las cuales se resumen en los señalamientos sobre la incapacidad de convertir la agenda de género en una realidad.
Entre los argumentos, habla de los delitos cometidos contra las mujeres, que por cierto han colocado a Jalisco en los primeros lugares a escala nacional: violencia contra las mujeres, feminicidio y desapariciones.
El mandatario tiene razón. Nada más que la violencia contra las mujeres es de responsabilidad compartida. Un botón de muestra: según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en Jalisco se cometieron 26 feminicidios en 2018. En la clasificación por municipios, encontramos que 11 de estos, es decir, más de 42 por ciento se registraron en cuatro municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, gobernados por Movimiento Ciudadano.
Usar las cifras siempre tiene diferentes posibilidades para sacar conclusiones, como lo dijo el gobernador Enrique Alfaro en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la situación en la que recibieron el estado en materia de seguridad.
La falta de resultados para proteger a las mujeres ha sido general en el estado, sin distingo de partido.
Otro punto de referencia es la evaluación que se hizo sobre el trabajo interinstitucional para el cumplimiento de las órdenes de protección que se emiten por razones de violencia de género que, en términos generales, se convirtieron en un papel sin mayores efectos. En este caso, también están involucradas las autoridades estatales y municipales.
En el diagnóstico sobre órdenes de protección, que fue entregado a petición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, se hace un largo recuento de las fallas que se detectaron en toda la cadena del procedimiento, atribuibles a todas las áreas que tienen alguna responsabilidad. Sí, esas fallas apuntaban al IJM, a la Fiscalía General, al Centro de Justicia para las Mujeres y hasta a la legislación vigente, pero también, por ejemplo, al Instituto Municipal de las Mujeres, que encabezaba Malena García, quien ahora se hará cargo de la agenda de género en el estado.
Estos datos nos permiten concluir que la responsabilidad por el momento de violencia que hay hacia las mujeres en Jalisco tiene muchos orígenes. Y si de algo podemos estar seguras es que no se puede atender sin que estén todas y más aquéllas que han demostrado a lo largo de su carrera que su compromiso es con la agenda de género, que han aportado de manera concreta a su construcción y que son a quienes les debemos las órdenes de protección, las alertas, la tipificación del feminicidio y las presiones para reducir la brecha por razones de género. Ahí está la historia, sólo les falta voltear a verla.
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da/i