Quinto Patio

Más de una decena de organizaciones civiles y líderes de colonos darán detalles hoy por la mañana del amparo concedido por tribunales federales en contra de los Planes de Desarrollo Urbano de Guadalajara, mismos que se gestaron durante el casi trienio en que el hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez fue alcalde tapatío y los defendió a capa y espada, verbos y gerundios.

O sea, es otro asunto que le tocará atender como sucesor al también naranja presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Y los que se sumen en la lista de procesos en judicialización. Hoy, entonces, parece que no será un buen día para las autoridades emecistas del estado. Se anuncian nubarrones, pues.

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Plática escuchada en el lavadero de esta vecindad: –Comadrita, ¿ya se enteró de que suspendieron al director de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad del Estado, a José Antonio Pérez Juárez? –Ay, sí, comadrita. Dicen que uno que estaba molesto por lo sucedido era el coordinador de todo el aparato estatal de seguridad, Macedonio Tamez… –Pues, comadrita, a mí me contaron que el gobierno estatal no dio a conocer las razones de que lo chisparan porque no le convenía. –A ver, a ver, comadrita. Suelte la sopa. –Pues mire: en septiembre de 1975 apareció en el periódico El Informador una nota titulada “Peligroso asaltante fue detenido por la policía”. –No la…

Como la plática se puso sabrosa, paramos oreja: –Pos sí la… El peligroso asaltante fue acusado de a mano armada despojar de sus pertenencias a una persona, y al detenido lo identificaron como, adivine, José Antonio Pérez Juárez. –¡Igualito que el funcionario suspendido! –Sí, comadre. Y aparece la foto del detenido. –Comadrita, ¿no es su homónimo? –Son muy parecidos, comadrita. –Su nombre me suena. –Acuérdese que Pérez Juárez presentó en abril de 2015 una demanda de juicio político contra Papá Leonel, el magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador Aristóteles Sandoval, y lo acompañaban el regidor Salvador Caro y los diputados locales naranjas Verónica Delgadillo y Víctor Manuel Orozco. –¡Por eso no dijeron las razones del despido, por sus antecedentes! –Ay, comadrita, usted siempre tan suspicaz, ja, ja, ja, ja…

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Mientras que los tradicionales organismos patronales del estado hacen frente común con el gobernador Enrique Alfaro contra lo que éste llama un mal trato de la Federación, el Consejo Estatal de Empresarios de Jalisco (CEEJ) sigue en lo suyo. El nuevo organismo, que encabeza Arturo Guillén Arámbula, sostendrá el próximo viernes una sesión informativa con funcionarios de la Secretaría de Economía, entre los que figuran Sergio Silva Castaneda y Bárbara Mungaray Moctezuma, quienes darán a conocer a los socios del CEEJ los programas de apoyo para dicho sector.

Como parte del programa se tiene contemplada la participación de Carlos Lomelí, delegado en Jalisco del gobierno federal, así como la asistencia de más de 200 empresarios y del líder en la entidad de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Rubén Vázquez, quien fuera dirigente estatal del Movimiento Territorial del PRI, pero que hoy se ha sumado a la causa de Andrés Manuel López Obrador. Sobre este evento, los maaaaaaal pensados insisten que el CEEJ y CATEM en Jalisco serán los organismos consentidos del gobierno morenista. ¿Será?

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Tenemos una duda: si la Fiscalía General del Estado continúa investigando el caso de los más de mil 400 casos de cuerpos que fueron incinerados de 2006 a 2015 sin tomar muestras de ADN ni identificarlos, como se dijo ayer le correspondía en la conferencia de prensa mañanera de AMLO y el subsecretario Alejandro Encinas, ¿se investigará a sí mismo y a su entonces equipo el fiscal general, Octavio Solís Gómez? Esto, luego de que el 21 de noviembre de 2006 fue designado gobernador interino y ocupó el cargo hasta el 28 de febrero de 2007, y tendría qué indagar también lo que sucedió en el servicio forense en esos poquitos tres meses. ¿O qué?

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JJ/I