El péndulo de la política pública

La frase más repetida por Andrés Manuel López Obrador durante las campañas electorales cuando se le preguntaba cómo iba a financiar sus ambiciosos programas sociales y conseguir que el país creciera fue: “Con austeridad y acabando con la corrupción”.

A poco más de 60 días de su gobierno, si hay algo que debemos reconocerle al presidente es que ha intentado cumplir rápida y contundentemente con la implementación de esta frase.

Arrancó con una reducción importante de salarios y prestaciones a funcionarios públicos y ha emprendido batalla tras batalla contra lo que su administración considera que son focos de corrupción.

Entendiendo que este tema es una de las principales prioridades de los mexicanos y quizás la razón más importante por la que los votantes dieron su preferencia a AMLO y a Morena en las elecciones, hay que celebrar que la nueva administración esté tomando medidas al respecto.

El potencial riesgo con la forma en la que se están implementando estas medidas es que, en vez de hacer intervenciones de precisión en las que se rescate lo positivo y se neutralicen los vicios, se están haciendo golpes indiscriminados. En términos bíblicos: por arrancar la cizaña se está arrancando también parte del trigo… y eso a la larga puede generar más costos que beneficios.

Los ejemplos de esto se están empezando a acumular, siendo el más llamativo hasta ahora el de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. ¿Tiene sentido cancelar una obra pública con un avance de más de 30 por ciento incurriendo en enormes costos que equivalen a tirar dinero a la basura y sin tener un mejor plan alternativo para resolver el problema de la saturación aeroportuaria, con el argumento de que la obra favorece a ciertos grupos de interés? ¿No tenía más sentido auditar o realizar acciones legales respecto a estos presuntos conflictos de interés sin cancelar la obra completa?

La política pública está teniendo un movimiento de péndulo… en vez de equilibrarse, se está moviendo de un extremo a otro.

Otro ejemplo: ante las ineficiencias y potencial corrupción en cómo se asignaban recursos del Fondo Nacional Emprendedor o el Programa de Estímulos a la Innovación, la respuesta ha sido cortarlos de tajo. Da igual si estos programas han contribuido a que tengamos empresas más competitivas a nivel mundial.

Esta semana ha tocado el turno a la industria eléctrica. El presidente ha sido muy crítico de la reforma energética argumentando que poner la generación en manos privadas eleva los precios de la electricidad y genera oportunidades para la corrupción. En los últimos días se cancelaron las subastas eléctricas a largo plazo, uno de los mecanismos que introdujo la reforma para que empresas privadas generen electricidad a precios competitivos y favoreciendo el uso de energías renovables.

Sin duda el proceso de apertura de la generación eléctrica puede mejorarse, pero ¿por qué dar marcha atrás a una práctica que todos los países de la OCDE han adoptado en los últimos 20 años? Si todos los países desarrollados lo han hecho es porque hace sentido económico para garantizar el suministro eléctrico del país y porque también contribuye a cumplir los objetivos nacionales para reducir emisiones de carbono a la atmósfera.

¿Qué país ha hecho justo lo contrario y ha mantenido un monopolio estatal integrado verticalmente para proveer electricidad? Venezuela. ¿Y cómo le ha ido? Fatal. Es un país que lleva años racionando el consumo eléctrico, con crisis de apagones en las que regiones enteras se quedan sin luz tres días seguidos, con un alto porcentaje de la infraestructura de generación eléctrica en la obsolescencia, con un decremento en el nivel de preparación del personal que trabaja en el sector.

Terminar con la corrupción no necesariamente significa hacer un movimiento pendular y mover políticas públicas enteras al otro extremo, cortando por el camino cosas que sí han funcionado. Necesitamos acciones más reflexionadas y más balanceadas.

@ortegarance

JJ/I