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Ciudad de México. Investigadores de diversas instituciones aseguraron que, tal como está planteada en la minuta de la Cámara de Diputados, la propuesta de la guardia nacional sí es de carácter militar y podría ser contravenida en cortes internacionales.
Durante la primera audiencia pública dentro del parlamento abierto convocado por el Senado en esta materia y en la mesa titulada Constitucionalidad y convencionalidad”, los especialistas instaron a los senadores a no aprobar la propuesta como está presentada.
El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, recordó que tal como se propone, dos tercios de la guardia nacional serían militares, lo que convierte a la institución en una de carácter militar, se diga lo que se diga.
Señaló que el debate sobre la guardia nacional, por más relevante que sea, no es una solución en sí misma, sino parte de una solución a un problema estructural en los sistemas de seguridad pública y procuración y aplicación de justicia.
En ese sentido, advirtió que de aprobarse la minuta tal como está, se corre el riesgo de que llegue, tarde o temprano, a la Corte Interamericana de Justicia, que la declare inválida en materia de convencionalidad.
Más directo, el académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y miembro del colectivo Seguridad sin Guerra, Santiago Corcuera Cabezut, pidió a los senadores que rechacen la minuta ante la "evidencia gramatical de su contenido".
A su parecer, el texto contiene "contradicciones de imposible reconciliación" y que de llegar, como seguramente ocurriría, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sería declarada inconvencional, porque viola la sentencia del Caso Radilla contra México.
Indicó que los artículos transitorios no lo son, porque no incluyen lapsos específicos y que toda la Guardia está pensada con lógica militar y no civil.
En cambio, propuso crear una ruta de salida con tiempos y formas específicas que pueda sancionar con efectividad el Senado, si bien reconoció que la violación a la Constitución que se inició con la decisión del gobierno de Felipe Calderón de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle no se puede resolver "de la noche a la mañana".
En su oportunidad, Álvaro Vizcaíno Zamora, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consideró que no se puede cambiar el ADN de los militares para que tengan ADN de policías, simplemente con cambiar su uniforme, como se propone en la minuta.
"El Senador @martibatres les comparte su discurso en la inauguración del Parlamento Abierto en materia de Guardia Nacional". "Al país le urge tener seguridad y tranquilidad". #Fragmento 3 📹 pic.twitter.com/fJfxzwHY1S — Hector Zarinana 📱 (@Hector_Zarinana) 12 de febrero de 2019
"El Senador @martibatres les comparte su discurso en la inauguración del Parlamento Abierto en materia de Guardia Nacional". "Al país le urge tener seguridad y tranquilidad". #Fragmento 3 📹 pic.twitter.com/fJfxzwHY1S
Advirtió que en esta propuesta, la guardia nacional se parece más a la de Venezuela que a la de Francia, Chile o Portugal, e instó al Legislativo a que, en su momento, se le dote de presupuesto, "para que no esté sujeta a la subasta de recursos".
En sentido totalmente contrario, Julio Sabines Chesterking, experto en temas militares y en su momento candidato a la Fiscalía General de la República (FGR), defendió totalmente la propuesta en sus términos, al afirmar que no es de carácter militar en absoluto.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, propuso al Senado seis puntos para la discusión de la guardia nacional, incluyendo fortalecer las corporaciones civiles.
Sostuvo que la Oficina del Alto Comisionado a su cargo está en la mejor disposición de apoyar con instrumentos técnicos el debate, a fin de evitar fallas de convencionalidad.
Al resumir en seis puntos su propuesta, recordó que es la tercera vez que participa en ejercicios de ese tipo con el Congreso mexicano.
Señaló que el primer punto es eliminar los componentes militares del diseño de la Guardia; el segundo, sujetar a la institución a estrictos controles democráticos civiles.
El tercer elemento es establecer con claridad el papel de las Fuerzas Armadas en el régimen transitorio, con plazo preventorio y respeto a los derechos humanos, bajo los principios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en el caso Alvarado.
Como cuarto punto propuso generar un programa real de fortalecimiento de las corporaciones civiles; quinto, cerrar la puerta a la licencia constitucional para permitir que civiles sean encarcelados en instituciones militares.
El último elemento del planteamiento consiste en que no se ensanche el régimen excepcional y por el contrario, se mantenga restringido y con carácter extraordinario.
Jan Jarab ofreció su compromiso de acompañar la reforma constitucional, en apego a las obligaciones en derechos humanos que México tiene en el ámbito internacional, para lo cual comprometió la asesoría del Alto Comisionado, a través de un diálogo respetuoso y franco con el Congreso.
Consideró ilógico proponer una institución de corte militar, cuando se sabe que lo normal en los Estados democráticos de derecho es enfrentar la delincuencia a través de corporaciones civiles.
Si las instituciones civiles son débiles, como se argumenta, es tiempo de fortalecerlas, en lugar de desaparecer a la principal corporación, y si un gran país como México quiere recuperar su tranquilidad, debe reforzar sus pilares ordinarios y no robusteciendo los extraordinarios.
En el parlamente abierto se realizará la mesa sobre derechos humanos
JJ/I