Feminicidios y opacidad en Jalisco

El feminicidio es un “homicidio de mujer por razones de género”, definió en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia por el caso González y otras (“campo algodonero”) contra México. Tener información precisa, actualizada, pública, respetando la privacidad posibilita el análisis a profundidad de los crímenes, tomar decisiones desde el ámbito gubernamental y cumplir el derecho a la información. Sin embargo, la información oficial pública de los feminicidios cometidos en Jalisco está desactualizada, es sólo numérica, no posibilita a los interesados ahondar y la base de datos estatal se encuentra abandonada.

Lo anterior ocurre cuando, vía madruguete, el gobierno estatal y diputados locales desaparecieron el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). También sucede cuando apenas en noviembre de 2018 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la alerta de género en Jalisco y padecemos un periodo marcado por más asesinatos de mujeres, de los cuales sólo una minoría es considerada feminicidio por la Fiscalía General del Estado (FGE). En Jalisco prosigue la violencia feminicida, de acuerdo a como la define la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Para acercarse a la dimensión cuantitativa pero no cualitativa de los feminicidios en Jalisco se tiene el documento Información sobre violencia contra las mujeres (incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911), elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La estadística indica que los feminicidios cometidos en 2018 significaron 0.04 por ciento de 1.8 millones de delitos del país. Precisa que los feminicidios van en ascenso desde 2015, con 407, para llegar el año pasado a 834, de los que 26 se cometieron en Jalisco.

La LGAMVLV prevé un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) que posibilite “la operación de registro, consulta y seguimiento de dichos datos, a través de funcionalidades y módulos que facilitan la labor del usuario en su captura”, lo cual no sucede. El 16 de agosto de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para integrar el Banavim, y la Segob dio un máximo de seis meses a las entidades para que le transfirieran los datos y la información que tengan para alimentar y actualizar el Banavim. El plazo vence a mediados de marzo. Habrá que conocer la respuesta de Jalisco.

Sólo que para cumplir esos lineamientos, el gobierno de la entidad tiene por lo menos dos problemas: uno, que el Banco Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia Contra las Mujeres en Jalisco está desactualizado y su información sólo llega a marzo de 2018. El banco es una plataforma virtual que alimentaba sobre todo la FGE (de por sí atrasada en datos de su programa Alerta Ámber) y que ahora corresponde a la actual administración ponerla al día. El segundo problema es que el gobierno estatal denunció cifras alteradas de varios delitos, desconfía de las que manejó en el sexenio pasado la FGE y deberá generar las suyas, con un claro criterio metodológico y jurídico.

Contar con información cuantitativa y cualitativa, amplia y actualizada, sobre la violencia contra mujeres ha sido un problema. El 27 de abril de 2016 la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados presentó un dictamen para obligar a los estados a proporcionar al Banavim información y datos estadísticos reales y actualizados. El 16 de enero de 2017 la diputada federal de MC, Mirza Flores, promovió un punto de acuerdo para exhortar a la Segob a que hiciera pública la información estadística del Banavim. Como es inaccesible el enlace URL donde deben publicarse semestralmente los datos registrados, preguntó: “¿Cómo se puede medir la efectividad de las políticas adoptadas si no se cuenta con información estadística confiable, debido a la inadecuada integración e incluso desaparición del Banavim?”. Advirtió que “sin información cuantitativa no podemos medir la eficacia de las políticas impulsadas por el Estado mexicano para erradicar la violencia contra las mujeres”. Ahora, como diputada local de MC, tiene con sus compañeros la oportunidad de promover eliminar similar opacidad, para bien de las jaliscienses.

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JJ/I