Que desaparezcan las carpetas no está chido

Seguro que has escuchado en la radio el anuncio de que darle de fumar o de tomar a un menor no está chido. Y quisiera aplicar esa frase a funcionarios y ex funcionarios que lejos de rendir cuentas e informar a los ciudadanos, guardan, esconden o de plano desaparecen información sobre ingresos de una dependencia o quizá den cuenta de malas prácticas como la “venta de plazas de maestros o personal administrativo” o la desaparición de la información de un depósito de autos.

A fines de enero de este año la fiscalía integró una averiguación previa sobre pérdida de vehículos y objetos que estaban bajo resguardo del IJAS. Resulta que en el corralón de San Agustín, en Tlajomulco, ese fin de mes se incendiaron 40 autos y dos cajas de tráiler en donde se resguardaban documentos del archivo histórico con información de 2007 a 2018, lo que impediría realizar la auditoría al IJAS, dentro del proceso de extinción del instituto. Lo peor es que no existe respaldo físico o digital del registro de salida de mil doscientas unidades, a qué dependencias se asignaron, a quiénes y a cuánto se vendieron, mucho menos de los ingresos que obtuvo el IJAS por los vehículos en cuestión.

En agosto de 2012, la revista Proceso documentó diversas irregularidades que eran prácticas comunes en los corralones a cargo del IJAS, derivado de la queja de empresarios de grúas a quienes se les quedó debiendo dinero por el traslado de vehículos a los corralones. En el reportaje se afirma que alrededor de 40 vehículos de lujo salen cada mes de los depósitos para ser subastados. El colmo es que, en 2012, al final de la administración en turno, 136 autos de lujo reportados como robados no fueron subastados, sino que se entregaron en comodato a funcionarios o fueron vendidos ya reparados, con llave y factura, pero el dinero no ingresó a las arcas del IJAS sino a los bolsillos del entonces jefe de contabilidad del IJAS, del jefe de patios y del jefe administrativo. Además, los funcionarios en cuestión no entregaron cuentas por el cobro de pensión y traslado de los vehículos aludidos, que en conjunto sumaban alrededor de cuatro millones de pesos. La información detallada se encontraba precisamente en esas carpetas, así que al sustraerlas o perderlas se vuelve imposible realizar correctamente una auditoría.

En el proceso de entrega recepción del gobierno estatal, dentro de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) se detectaron 87 irregularidades que pusieron al descubierto la vieja práctica de venta de plazas docentes y administrativas dentro de la dependencia. Se tienen documentados 838 casos en que estaban coludidos funcionarios de la Secretaría de Educación, quienes rastreaban a los posibles interesados; cuando menos 17 funcionarios de las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas y de la Fiscalía General del Estado otorgaban documentación falsa e ingresaban en la nómina a los interesados. De acuerdo con la indagación de la SEJ, sólo 64 personas, de las 838, lograron ingresar como docentes o administrativos y aportaron a esa red de traficantes de plazas alrededor de 35 millones de pesos. Dichas plazas eran ofrecidas en un rango que va de los 50 mil a 150 mil pesos por puesto de trabajo. (El Diario NTR Guadalajara 12/02/2019).

Aunque la venta de plazas es por todos conocida y hasta se instaló como una práctica normalizada, resulta que los casos documentados e integrados en una carpeta de denuncia, en la pasada administración por el secretario Ayón “fueron extraviados”. De inmediato te preguntarás, ¿a quién podría interesarle que se perdiera esa información? Y de igual manera podríamos cuestionar al actual secretario Juan Carlos Flores, ¿qué se va a hacer con los falsificadores, estafadores de la SEJ? Obviamente, la información en una u otra dependencia no puede desaparecer sin fincar responsabilidades; es necesario que las autoridades sancionen debidamente a los responsables.

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JJ/I