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Legisladoras listillas
Al Rey Sol
En Jalisco escuchamos cada vez más frecuentes historias de comunidades parcialmente abandonadas por la inseguridad pública que padecen, en zonas urbanas y rurales. Es una migración poco visible, forzada por el clima de violencia. En algunos casos familias enteras huyeron o están por huir, o bien, cuentan vecinos, dejaron sus residencias los varones y quedan pueblos “sólo con mujeres”. Abundan ahí tragedias por visibilizar y atender.
¿Cuál es la dimensión de la migración forzada por la inseguridad en Jalisco y el país? De la población en México 6.7 por ciento se ha visto obligada a abandonar su lugar de residencia como resultado de la situación de violencia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Se trata de un resultado “alarmante”, advierte el estudio Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, que se dio a conocer la semana pasada en el Senado.
Como si de un secreto a voces se tratara, el desplazamiento interno forzado en México ha sido abordado aisladamente y sus víctimas acalladas, invisibilizadas e incluso criminalizadas por autoridades del Estado mexicano, indica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La violencia está ocasionando asesinatos, desaparecidos, lesionados o la aparición de cientos de fosas clandestinas y otras víctimas como son los desplazados de manera forzada por grupos criminales o pandillas.
La CMDPDH señala que ha atestiguado y acompañado algunas de las víctimas en la búsqueda de justicia y en el esfuerzo por reestablecer sus proyectos de vida que, “fracturados desde el hecho victimizante que detonó su necesidad de huir, se van desvaneciendo cada vez más a lo largo del tiempo, de manera que, sin éxito, permanecen en el limbo que representa el estado de desplazamiento prolongado”.
El estudio indica que el desplazamiento interno forzado “es un hecho victimizante que se produce normalmente porque el gobierno de un país no pudo respetar, garantizar ni proteger a las personas y sus derechos de manera que se hubiera podido prevenir el desplazamiento”. Se trata de actos violatorios de numerosos derechos humanos de la población que debe dejar su residencia para buscar cobijo dentro de la misma entidad, el país o el extranjero, no sólo a causa de la violencia, sino también por otros factores, como la pobreza o el desempleo.
El estudio refiere que a casi 12 años de haber sido declarada y puesta en marcha la guerra contra las drogas, en el sexenio de Felipe Calderón, la problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas. A pesar de que existen algunos esfuerzos por dimensionar la magnitud de la problemática, la cifra es aún incierta, advierte.
Sin embargo, existen aproximaciones que permiten asomarse al fenómeno. El estudio busca acercarse a la cuantificación del desplazamiento interno forzado en México mediante el análisis de estadísticas oficiales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para tener una aproximación a cuál es la dimensión de los desplazamientos forzados en Jalisco, se usa la trimestral Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el periodo que va de 2005 al primer trimestre de 2018.
De la ENOE infiere el estudio que quienes se cambiaron de hogar por “inseguridad pública” (2005-2018) sumaron 206 mil 965. Sin contar a quienes migraron desde o hacia otro país, centrémonos en Jalisco: los ausentes definitivos, que se desplazaron de manera forzada a otro punto de la entidad o a otro estado son 8 mil 489, más otros 2 mil 908 nuevos residentes en el estado, dan un total de 11 mil 397. Por las historias escuchadas, la cifra va en ascenso y puede ser mucho mayor.
Si se compara con otras entidades con mayor número de desplazamientos forzados por la inseguridad, como Chihuahua, Baja California, Estado de México o Tamaulipas, Jalisco no ha alcanzado esos niveles. Sin embargo, el fenómeno está presente. No es para minusvalorarlo. Es para investigarlo, conocerlo, prevenirlo y atenderlo. También es uno de los ángulos a incluirse en la estrategia de seguridad de la nueva administración estatal. Urge.
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JJ/I