Fiscalía concentra recomendaciones

Casos de tortura, abuso de autoridad, omisiones en la procuración de justicia y violaciones a los derechos laborales son algunos de los actos en los que incurrieron policías, agentes del Ministerio Público y demás personal de la Fiscalía del Estado (FE) y que fueron recogidos en recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitidas durante 2018.

De las 50 recomendaciones que difundió el organismo defensor el año pasado, 23, es decir, 46 por ciento, fueron dirigidas a la fiscalía o a alguna de sus áreas (en algunos casos en conjunto con otras autoridades, como ayuntamientos, institutos y corporaciones policiacas municipales). Así, la dependencia se convirtió en la autoridad más señalada por violaciones cometidas a los derechos humanos de los jaliscienses.

TORTURA, PRÁCTICA HABITUAL

Entre los casos de mayor gravedad se cuentan seis recomendaciones (1/2018, 2/2018, 3/2018, 7/2018, 29/2018 y 37/2018) en las que el organismo defensor comprobó la comisión de actos de tortura.

El primero de los casos (siguiendo el orden de emisión de las recomendaciones) es el de un hombre que, en agosto de 2016, se encontraba en su casa junto con su esposa y otro familiar cuando en el lugar irrumpieron agentes de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado, quienes, según la narración de la víctima, “lo ingresaron en la sala y ahí le dieron toques en sus manos y en los testículos; luego lo ingresaron en un cuarto y con golpes le preguntaban por supuestas armas”.

En el segundo se narra cómo tres hombres sin aparente relación entre sí fueron detenidos por policías investigadores (uno en la vía pública cuando se dirigía a comprar un auto, otro al bajarse de un camión del transporte público y otro más que acudió al lugar de un accidente en el que se vio involucrado un vehículo de su propiedad) y, posteriormente, fueron llevados a distintas casas e instalaciones donde los torturaron bajo un modus operandi similar: dirigiéndoles amenazas de muerte, poniéndoles bolsas en la cabeza, profiriéndoles descargas eléctricas y golpeándolos (en uno de los casos durante cuatro días) con el fin de hacerles firmar una declaración, que no se les permitió ver toda vez que permanecían vendados, en las que aceptaban haber participado en un homicidio.

De igual forma se recoge el caso de un joven extranjero acusado de robo y detenido por policías de Zapopan, quienes lo entregaron a policías investigadores que lo sometieron a golpes, según el agraviado, hasta por tres días, para después hacerlo firmar documentos que no le permitieron leer.

Otro de los casos es el de una mujer detenida en La Barca por los policías municipales señalada por la comisión de un robo, pero a la que, mediante golpes, la forzaron a firmar declaraciones en las que se culpabilizaba de otros delitos no reconocidos. Durante casi tres años que permaneció presa en el municipio, con la complacencia de autoridades ministeriales, en múltiples noches fue entregada a supuestos integrantes del crimen organizado quienes la violaron en incontables ocasiones, por lo que quedó embarazada y dio a luz estando recluida.

Según algunos de los partes médicos contenidos en el expediente, la mujer presentó “lesiones traumáticas y secuelas psicológicas por tiempos prolongados de dolor excesivo y shock neurogénico por dolor, vejaciones, malos tratos, sevicias, acciones degradantes y humillantes y violación sexual” que le provocaron “insomnio, tendencia suicida y estrés postraumático”.

La CEDHJ también acreditó la comisión de actos de tortura por parte de policías investigadores del estado contra un particular que, en noviembre de 2016, circulaba en su vehículo por la zona del Álamo cuando los responsables, encapuchados, con armas largas y sin identificarse, lo bajaron del mismo y lo subieron a otro auto. De forma posterior, se le pidió que les entregara un millón de pesos y, acusándolo del delito de homicidio (que no reconoció), fue llevado a un sitio desconocido donde fue torturado a través de una serie de prácticas no descritas en la recomendación, pero que, a la postre, le representaron múltiples afectaciones físicas y psicológicas, incluyendo estas últimas depresión e ideación suicida.

Finalmente se recoge el caso de un hombre que, en marzo de 2015, circulaba en su camioneta entre San Juanito de Escobedo y Etzatlán cuando fue parado por agentes de la Fiscalía Regional para realizarle una revisión que, de forma inmediata, derivó en una detención y en diversos traslados durante los que fue golpeado por hombres con pasamontañas y en los que le propinaron descargas eléctricas para forzarlo a marcar sus huellas en un arma larga, por lo que, a la postre, se le abrió una causa por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de marihuana.

Omisiones por doquier

En otras 14 recomendaciones (6/2018, 13/2018, 14/2018, 16/2018, 17/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 26/2018, 28/2018, 31/2018, 32/2018, 41/2018, 45/2018) se recogen omisiones concretas o generales por parte del personal de la fiscalía que derivaron en una nula impartición de justicia a víctimas del delito o, incluso, en la comisión de crímenes.

Ejemplos paradigmáticos resultan el feminicidio de Alexandra Castellanos, en el que la falta de un cumplimiento efectivo de las órdenes de protección facilitó el crimen; las condiciones de inseguridad a las que se ven expuestos cientos de estudiantes y que propiciaron el asesinato de Jorge Alberto Pérez y Francisco Álvarez Quezada, Panchito, ambos alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG); y la incapacidad de esta autoridad de garantizar siquiera el derecho a la vida, como quedó demostrado el 21 de mayo, cuando tras el fallido atentado en contra del entonces secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, se desataron una serie de hechos violentos por los que murieron tanto el trabajador Francisco Javier Sánchez como el bebé Tadeo y, a la postre, su madre Elizabeth de la Rosa.

En otros de estos documentos se consignaron casos que van desde omisiones que propiciaron remates indebidos de vehículos por parte del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), hasta constantes desdeños al considerar la información brindada por familiares para resolver casos de desaparición.

Otras dos recomendaciones (la 12/2018 y la 36/2018) se emitieron porque la dependencia dejó de pagar diversas prestaciones a empleadas.

También la CNDH

A escala nacional, Jalisco se vio señalado en dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Una de éstas fue dirigida al gobierno estatal por la falta de control en la Comisaría de Sentenciados del estado por parte de las autoridades penitenciarias que derivaron en condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno

Se le señala en las recomendaciones

• . 1/2018
• . 2/2018
• . 3/2018
• . 4/2018
• . 6/2018
• . 7/2018
• . 12/2018
• . 13/2018
• . 14/2018
• . 16/2018
• . 17/2018
• . 21/2018
• . 22/2018
• . 23/2018
• . 26/2018
• . 28/2018
• . 29/2018
• . 31/2018
• . 32/2018
• . 36/2018
• . 37/2018
• . 41/2018
• . 45/2018

JJ/I