Plantea diputado castigar tráfico de influencias con 10 años de cárcel

Castigo de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización (UMA) al servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, propuso el diputado Nazario Norberto Sánchez.

El legislador por Morena subió a tribuna para señalar que de acuerdo con el informe de la organización Transparencia Internacional, denominado Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México evidencia los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos, en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal, en un porcentaje que varía del 33 a 39 por ciento.

Refirió que el país se encuentra en el grupo de naciones con peores resultados dentro de este estudio, lo que implica riesgos reales sistémicos.

Destacó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), 15 por ciento de los mexicanos que tuvo contacto con algún funcionario dijo haber sido víctima de al menos un acto de corrupción.

Aunado a lo anterior, dicha cifra aumentó desde 2013, año en el que sólo 12.1 por ciento de los encuestados manifestó haber atestiguado, al menos, un acto de corrupción. De igual forma, 5.4 por ciento de los establecimientos comerciales denunciaron haber sufrido conductas relacionadas con la corrupción en 2017.

Aclaro que la corrupción de los servidores públicos ha sido una constante en el debate público de los últimos años. La "casa blanca", Odebrecht y la "estafa maestra" son ejemplos de incidentes ligados con la corrupción que han sido discutidos por la opinión pública.

Recordó que si bien es cierto que en la actualidad el tráfico de influencias se encuentra tipificado en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal, con una pena de prisión de dos a seis años, la propuesta pide incrementar la pena de dicho delito a efectos de establecer que el tráfico de influencias será sancionado con una penalidad de cinco a 10 años de prisión.

"Ello implica el incremento de la sanción tanto mínima como máxima. Lo anterior, no sólo proyecta una medida jurídica de rigor respecto a la conducta punible, sino además envía un fuerte mensaje sobre la postura de este Congreso respecto al uso de la influencia del cargo para beneficio propio", precisó.

jl