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Ojalá no existieran. Eso sería síntoma de que el ejercicio del poder en el país es profesional, honesto y eficaz. Pero la realidad que obligó al nacimiento de los organismos autónomos fue totalmente distinta.
Estos entes fueron creados como contrapeso y vigilancia al gobierno. Los principales son Banxico, Inegi, INE (que nació como IFE), INEE, IFT, Cofece, CRE, Inai y CNDH. Entre todos abarcan tareas de promoción, preservación y evaluación del desarrollo en los sistemas financiero, elecciones, educación, estadísticas, telecomunicaciones, distribución de hidrocarburos y energía, transparencia, así como el respeto a los derechos humanos.
En su momento cada uno fue surgiendo porque las áreas sobre las que ejercerían su regulación llegaron a estar capturadas, manipuladas o sesgadas por los intereses económicos y políticos, así como la incompetencia o el abuso.
El problema fue que ante señalamientos de apertura o mal gobierno la manera de apagar el fuego fue crear un órgano autónomo y así, de tres entes iniciales, se llegó a 12. Pero ni su aparición fue la solución ni siempre los resultados fueron los esperados.
Los organismos que se crearon para contener al gobierno y aportar el conocimiento técnico y especializado para dar puntos de vista y tomar decisiones autónomas terminaron también con cierta turbiedad cuando los intereses los alcanzaron.
Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrascó en una nueva polémica por su embate a los organismos autónomos, a los que calificó como una farsa y un engaño.
“Se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes. Se van a purificar estas instancias. Los vamos a purificar, porque estaban totalmente al servicio de los intereses particulares”, dijo el mandatario en su conferencia matutina del 18 de febrero.
López Obrador se fue con todo contra los autónomos: los acusa de dispendio, de servir a intereses particulares, de estar alineados a la cúpula empresarial, de conflictos de interés, entre otros.
Sus ataques en realidad han sido constantes y han ido del Inai, al que señala de haber reservado la información del caso Odebrecht, a la CRE, la comisión que regula la energía, y a cuyo director acusa de tener conflictos de interés.
Directivos de los institutos en cuestión contestan al presidente que no son enemigos del gobierno, mientras analistas y politólogos coinciden en que estos organismos puede que no sean intachables, pero no por ello destruirlos es la ruta a seguir.
José Woldenberg subraya que no son instituciones impolutas y sin problemas, pero llama a que hay que saber detectar las anomalías y reformar.
Para el político y académico intentar destruirlas o abolirlas es un error y un retroceso porque surgieron de luchas cívicas y hoy cumplen papeles importantes, por ejemplo, en materia de defensa de los derechos humanos y cívicos. Incluso recuerda que el sistema electoral mexicano, que ha permitido la alternancia en el poder, es resultado de esta lucha.
La politóloga Denisse Dreser puso en Twitter su opinión: “Lecciones de embestida contra órganos reguladores: 1) Gobierno no quiere contrapesos, vigilancia, autonomías; 2) Oligarcas empresariales como Slim/Salinas Pliego tampoco; 3) Funcionarios se prestan a operación de Estado vs. ‘enemigos’; 4) Ciudadanos y consumidores pierden”.
La cargada de López Obrador se ha interpretado como una represión ante las posturas contrarias a sus decisiones y una reacción a su incomodidad de someter sus acciones de gobierno al escrutinio de reguladores independientes, porque no ofrece evidencias de los señalamientos que hace y tampoco opciones de cómo su gobierno podría ser sometido de mejor manera al escrutinio.
Ojalá no existieran, pero no por decreto presidencial, sino porque no son necesarios. Pero ejemplos de abusos de poder sobran.
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JJ/I