La seguridad opaca

La gran ausencia de un tema supuestamente prioritario del gobierno de Jalisco es la transparencia en materia de seguridad.

La Secretaría de Seguridad ahora no tiene ni siquiera su propia página de Internet.

En la información fundamental que debe ser pública de manera obligatoria, permanente y actualizada no hay ni un solo documento disponible, sino sólo la enunciación de cada una de las fracciones de cada uno de los artículos de la ley de transparencia que le serían aplicables.

En los antiguos registros de la extinta Fiscalía General del Estado, que asimilaba las funciones de seguridad pública, existían documentos públicos para consulta a través de Internet que, al menos, cumplían mínimamente con lo exigido por la ley de transparencia.

¿Qué será de la seguridad si el pueblo no tiene la posibilidad siquiera de conocer lo más mínimo de la información acerca de las políticas públicas en la materia? ¿Se pretende acaso que la gente crea ciegamente las palabras triunfales del titular de un gobierno que se jacta de reducción de índices de criminalidad desde el inicio de su gestión?

En el olvido quedó la actualización de las estadísticas del Centro Integral de Comunicaciones, que permitían conocer, por ejemplo, qué porcentaje y qué cantidad de las llamadas recibidas eran efectivamente emergencias. Había un recuento de llamadas falsas, de llamadas que no eran emergencias y de llamadas abandonadas, por ejemplo.

De manera similar había estadísticas de las denuncias anónimas recibidas en el 089 por venta de droga, fraude, extorsión telefónica, vandalismo, robos, corrupción, maltrato infantil y abuso de autoridad. No es que sea información crucial para un ciudadano cualquiera, pero permitía conocer más o menos qué situaciones criminales aquejaban a la sociedad. Además, se trata de un programa público cuyos resultados deben ser informados periódicamente.

Había datos del entonces comisionado de Seguridad Pública que daban cuenta de los aseguramientos de droga, de armas, de dinero, de plantíos. Uno puede ir dimensionando la magnitud de la actual inseguridad a partir de ese tipo de datos que ya no son disponibles abiertamente y quizás sólo a través de solicitudes de información por mecanismos de transparencia.

Un tema que habla especialmente de los comportamientos criminales es la estadística que se generaba en atención a reos liberados. Su regreso a la sociedad en actividades productivas e interacciones interpersonales es crucial para reducir los índices delictivos, pues es más probable que alguien que ya cometió un delito reincida en conductas criminales.

Existían cifras de seguimiento a casos de drogadicción, enfermos y necesitados de asistencia social, de exámenes toxicológicos, de cuántos liberados lograron ser contratados en empresas, de la supervisión que se hacía a los preliberados y liberados.

A mí me preocupaba mucho la precaria atención que el gobierno daba a quienes estuvieron en prisión para evitar que volvieran a cometer alguna conducta antisocial, pero ahora no tengo manera de documentarme directamente, sino a través de un trámite.

¿Es una estrategia del gobierno del estado orillar a la ciudadanía a inundarlos de solicitudes de información? A ver quién se cansa primero, parece. Pero es una dinámica desgastante. Sería mucho más sencillo convertirse en un gobierno abierto que informara cotidianamente de todas las actividades realizadas con recursos públicos y por servidores públicos, o al menos que publicaran lo mínimo.

También es cierto que hay algunas restricciones de transparencia en materia de seguridad, pero existe mucha información que se puede publicar de manera proactiva sin poner en riesgo las estrategias policiales.

La gente se sentiría mucho más segura si tuviera un compromiso del gobierno con la transparencia. ¿Qué se está haciendo con el narcotráfico, qué se está haciendo con el huachicol, qué se está haciendo con los ladrones comunes y los de cuello blanco? A mí me daría confianza un gobierno que me lo dijera con información suficiente para entenderlo.

@levario_j

JJ/I