Medios y fines

Durante décadas, la organización social bajo la estructura de las llamadas sociedades civiles (SC) fueron llenando los huecos de la política asistencial que el gobierno no podía o no quería cubrir; un caso muy claro es el del Teletón, cuyo fin es el de proveer terapias, rehabilitación y otros servicios a niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad; es muy claro que sería la responsabilidad del gobierno atender a esta población, ya que entra tanto en las áreas de salud social como de educación; sin embargo, en función de lo limitado de los presupuestos públicos, se prefirió usar este tipo de instituciones para atender muchas necesidades sociales y, a través de estímulos fiscales como la deducción de impuestos por donativos, favorecer la cultura del altruismo en México.

El esquema suena razonable, hasta que uno se da cuenta de algunas deformaciones del mismo; por ejemplo, el hecho de que el gobierno dé directamente dinero a estas organizaciones contradice directamente uno de los postulados de este arreglo: el gobierno, si tiene los recursos, tendría que hacerse cargo de la atención, y no delegarla, y peor aún cuando cuenta con su propia infraestructura; siguiendo con el caso de la Fundación Teletón, hace algún tiempo un gobierno estatal fue el blanco de un escándalo por donar cuantiosas cantidades cuando el estado mismo tenía sus propios centros de rehabilitación integral. Sin embargo, en el caso tanto de las estancias infantiles como en el de los refugios para mujeres que son víctimas de la violencia, no se tiene la infraestructura suficiente para atender a la población; en el primer caso, las guarderías del seguro social están saturadas y no pueden atender a la población total que necesita de sus servicios; por eso se concedieron permisos para que operaran las estancias privadas. En el segundo caso, prácticamente todos los refugios son privados y reciben apoyo de gobiernos estatales y/o del federal, pero de manera más importante, ofrecen servicios que, a diferencia de los centros de rehabilitación o las guarderías, pueden representar la diferencia entre la vida o la muerte de mujeres que viven en situación de violencia.

Uno puede entender la visión de urgencia en el combate a la corrupción; durante años hemos atestiguado cómo los encargados de diferentes instancias de gobierno, y más dolorosamente aquellos quienes se supone que tienen que atender a los mexicanos vulnerables, se dedicaron a desviar dinero y a minar el trabajo de atención y seguridad social, como lo hace evidente el escándalo de la estafa maestra; o el hecho de que miles de millones de pesos y varios sexenios después, el número de personas en pobreza se mantiene estable (aunque con el cambio en la metodología muestra un movimiento de las personas en situación de pobreza extrema). Creo que nadie, fuera de aquellos beneficiarios de esa corrupción, estaría en contra de limpiar la casa, y asegurarse de que los recursos le lleguen a quien realmente los necesita.

Es también cierto que la entrega directa a los beneficiarios ha tenido sus ventajas; hace años en Michoacán se estableció la estrategia de entregar el dinero de las rayas de los albañiles directamente a sus parejas, y esto contribuyó a un marcado descenso en los niveles tanto de alcoholismo como de violencia familiar. Quizá intentarlo en el caso del cuidado de los niños pueda tener un buen resultado: puede operar como quisieran algunos que piensan que la educación primaria pública debe reformarse, dando vouchers para que los papás elijan la escuela de sus hijos en función de la calidad de ésta. Pero para las mujeres que están tratando de escapar de la violencia en el hogar, la entrega directa del dinero muy probablemente no sea lo más acertado: como algunas personas señalan en Twitter, se puede volver una razón más para que sean agredidas por sus parejas para obtener esos beneficios. Los fines pueden ser buenos, pero la forma de alcanzarlos deja muchas dudas.

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