Un acueducto de excesos y corrupción

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como algunos funcionarios de su gobierno que han visitado Guanajuato se han comprometido a retomar el proyecto para llevar agua a la ciudad de León, Guanajuato. Queda claro que, al igual que sus antecesores, siguen revisando este caso desde un escritorio.

Según el contrato de concesión que la Comisión Nacional del Agua entregó a la empresa española Abengoa, a finales de 2014 las obras tendrían que estar terminadas y el agua llegando a los leoneses. Pasaron más de cuatro años del vencimiento de ese plazo y la Presa El Zapotillo está semiabandonada y deteriorándose, mientras que del acueducto no se ha colocado ni un metro de tubo.

Tanto las autoridades federales como de los estados de Jalisco y Guanajuato, las anteriores y las actuales, han insistido en la importancia de rescatar el proyecto para aprovechar el agua del río Verde. No se han dado cuenta, o no quieren hacerlo, de que el proyecto está parado porque sus cimientos son los abusos de poder, los excesos de algunos funcionarios y la corrupción.

Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Congreso local que sí admitió la controversia constitucional que presentó el Legislativo el año pasado. Esto significa que el procedimiento apenas comienza y que seguramente mientras la Corte resuelve, la obra no podrá avanzar.

En este caso, la Corte había rechazado la controversia, impulsada por dos diputados de la anterior Legislatura, Augusto Valencia López y el todavía coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera. Esa decisión fue recurrida mediante un recurso de apelación y la Corte resolvió darle entrada.

Los puntos que encontró la Corte como posibles actos ilegales se refieren a la entrega de la Conagua y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco a la empresa Abengoa de los derechos de vía y terrenos públicos y privados por donde se construiría el acueducto.

Según los datos del proyecto, el acueducto saldría de la planta potabilizadora que se construiría junto a la Presa El Zapotillo, para llevar agua hacia la ciudad de León, Guanajuato, a lo largo de 140 kilómetros. El problema fue que las autoridades nunca se tomaron la molestia de recorrer ese trayecto para saber qué había.

La primera complicación surgió con el ejido Agua de Obispo, en el municipio San Juan de los Lagos, que se negó a que el acueducto cruzara por sus tierras. Sí, aunque parezca increíble, la Conagua dispuso que este ejido quedaría dividido por el acueducto, sin consultar previamente a los ejidatarios y muchos menos comenzar un proceso de expropiación e indemnización. Ante este absurdo, ganar el amparo fue sencillo. Con algunas dificultades, la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos también consiguió la protección de la justicia federal.

Lejos de enmendar el error, la Conagua desvió el trazo del acueducto y dispuso que corriera por el derecho de vía de la autopista. Solo que olvidó consultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que negó la autorización por el peligro que implicaría.

En los documentos que entregó la empresa Abengoa para reclamar el pago de la obra, atribuyendo la imposibilidad de su construcción al gobierno federal, la lista de casos como los anteriores era larga. Ejidatarios, pequeños propietarios, particulares, dependencias federales negaron la autorización para el paso del acueducto. En la ciudad de León, un particular también reclamó la devolución de un predio por el que nunca fue indemnizado.

Lo mismo sucedió cuando el ex titular de SIOP Roberto Dávalos López entregó terrenos patrimonio de Jalisco sin autorización del Congreso del Estado.

La controversia constitucional podría ser un buen paréntesis de que ahora sí las autoridades federales y estatales se tomen la molestia y revisen los documentos y el trazo, pero levantándose de su escritorio.

[email protected]

da/i