Exigen comuneros se reconozca su inocencia

Que las autoridades judiciales pongan fin a la criminalización de la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción (municipio de Poncitlán) ante la lucha que ha emprendido en defensa de su territorio y que se reconozca su derecho a regirse bajo su propio sistema de justicia, fueron las demandas expresadas por habitantes del lugar.

Lo anterior, en el contexto que supone la incertidumbre sobre si el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco revocará o mantendrá la resolución emitida el 25 de junio por los magistrados de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) mediante la que se condenó a 11 comuneros de Mezcala a penas privativas de la libertad tras ser acusados de “daño a las cosas”.

El supuesto delito fue cometido en febrero de 2011 cuando, por acuerdo de la Asamblea de Comuneros y Comuneras, retiraron una torre de metal que fue instalada en territorio comunal por el empresario Guillermo Moreno Ibarra a fin de que sirviera como cimiento para la construcción de una represa con la que pretendía dotar de agua la finca de descanso que construyó, con base a irregularidades, sobre el cerro El Pandillo.

Desde el inicio de las querellas, diversas instancias judiciales se han pronunciado en cuatro ocasiones a favor de la inocencia de los comuneros; sin embargo, según detalló la abogada Lorena Almaraz, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), que ha brindado acompañamiento jurídico durante el proceso, se busca que el tribunal colegiado reconozca, bajo una perspectiva diferenciada, el derecho de la comunidad a mantener sus propios sistemas de gobierno e impartición de justicia, mismo que se respalda tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales signados por el Estado mexicano.

Bajo estos argumentos, los comuneros aspiran a que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideran que se trata de un asunto cuyo fondo trasciende el ámbito local.

“Estaría sentando un precedente porque muchos pueblos que están en nuestra condición actualmente estarían teniendo derecho a acceder a este tipo de justicia que nos han estado negando”, expresó Manuel Jacobo, miembro de la comunidad.

En caso de una resolución negativa, César Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad, adelantó que buscarán que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conozcan del caso.

RECONOCEN INVASIÓN

El mes pasado, el Tribunal Superior Agrario confirmó la resolución emitida en octubre por una instancia inferior en la que se determinó que Moreno Ibarra no posee la calidad de comunero de Mezcala, tal como ha defendido desde 1999, cuando se apoderó de 12 hectáreas del territorio comunal.

“El tribunal agrario determinó que, efectivamente, este señor es un invasor y que debe de restituir a la comunidad la tierra”, enfatizó Pérez Verónica.

Aunque el activista detalló que el empresario ya no tiene la posibilidad de apelar la resolución, aún se desconoce cuándo se ejecutará la sentencia restitutiva. 

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FRASE

“(Si el caso es tomado por la SCJN, se) estaría sentando un precedente porque muchos pueblos que están en nuestra condición actualmente estarían teniendo derecho a acceder a este tipo de justicia que nos han estado negando”
Manuel Jacobo, integrante de la comunidad

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