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El caso Tamaulipas

Tristemente, Tamaulipas es nota nacional sólo cuando ocurren hechos ligados a desaparecidos, secuestros, fosas clandestinas y empresas que cierran orilladas por la extorsión de la delincuencia organizada.

El reciente caso de los migrantes bajados de un autobús de pasajeros por sujetos armados nuevamente atrajo la atención pública hacia esta entidad marcada por el delito.

El hecho remite a la pesadilla de 2010, cuando 72 migrantes fueron privados de su libertad y posteriormente fueron asesinados. Le llamaron la Masacre de Tamaulipas y se le atribuyó a Los Zetas.

Recuerda también que es la segunda entidad en el país con más fosas clandestinas: 280, según un registro que consigna una búsqueda realizada entre 2006 y 2016. Y recuerda también el caso de Miriam Rodríguez, la mujer que se convirtió en activista luego de la desaparición y homicidio de su hija, y que fue asesinada en 2017 por un enviado de los secuestradores que consiguió meter a la cárcel.

En Tamaulipas la cifra de desaparecidos fluctúa entre 5 y 7 mil personas; ni siquiera existe un dato preciso y la información sobre muchas de las personas que no aparecen es incompleta porque sus familiares no proporcionan los datos suficientes.

Desaparecen empleados, estudiantes, amas de casa, vendedores de comida, profesionistas, campesinos, obreros.

Los municipios donde más casos se registran son El Mante, Jiménez, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Valle Hermoso.

Sin embargo, San Fernando, donde acaba de ocurrir la desaparición de 22 centroamericanos, según la cifra que dan las autoridades estatales, se ha caracterizado durante los últimos años como uno de los más peligrosos de Tamaulipas por su ubicación estratégica y el constante paso de migrantes con destino a la llamada frontera chica, la zona de Reynosa y Matamoros, golpeada, además, por los constantes enfrentamientos entre Los Zetas y el Cártel de Golfo.

Por si el hecho no fuera suficientemente lamentable y preocupante, las discrepancias entre los gobiernos federal y el de Tamaulipas dejan la sensación de que el caso se perderá entre las acusaciones mutuas y podría quedar como uno más sin resolver. Ningún funcionario da certeza ni en el número ni en la nacionalidad ni en declarar a esas personas como desaparecidas o secuestradas.

La Segob sostiene que son 44 los desaparecidos en dos hechos y que todos fueron sustraídos de autobuses. El gobierno de Tamaulipas sólo habla del caso de San Fernando y primero reportó 19 personas que no aparecen, luego ajustó la cifra a 22.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca niega que su administración haya ocultado información, acusa al Instituto Nacional de Migración por no hacer su trabajo en los puntos de revisión, sostiene que el autobús llevaba escolta de la Policía Federal y que el problema es competencia del gobierno federal.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, además de negar que la unidad llevaba protección dice que la Policía Federal, así como el Ejército, la Marina y la Secretaría de Gobernación respaldan a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pero hasta ahí.

Ayer se anunció que la Fiscalía General de la República rechazó atraer el caso y remitió la investigación al ámbito local. El porqué se deslindaron tres días después de que Durazo Montaño y la Segob comenzaron a abordar este tema sólo hace más grande la maraña de confusión que rodea el problema.

La principal hipótesis es que las víctimas habrían contratado servicios para cruzar a Estados Unidos, pero corresponderá al operativo de búsqueda esclarecer lo que pasó, si es que de verdad hay voluntad para hacerlo y se quiere limpiar a Tamaulipas de la mala fama como entidad donde las personas desaparecen.

mem@ntrguadalajara.com

JJ/I