Las desapariciones sobre la mesa

Poner sobre la mesa el tema de los desaparecidos, asumiendo la gravedad del problema, tendría que ser natural, si tomamos en cuenta el lugar que ocupa Jalisco a escala nacional. Sin embargo, en este momento se ha convertido en un paso extraordinario por parte de las autoridades.

La relevancia de la postura que asumió el gobernador Enrique Alfaro sobre las desapariciones está más relacionada con las omisiones, la corrupción y la indolencia que hubo en la anterior administración estatal. Las familias de las personas cuyo paradero se desconoce se habían enfrentado a una autoridad que, en el mejor de los casos, no actuaba.

Admitir que Jalisco está frente a una crisis por la desaparición de personas era urgente. Pararse en ese punto y a partir de ahí diseñar una estrategia permite creer que se dejarán a un lado los pretextos de que se trata de un problema que sólo afecta a quienes están involucrados en el crimen organizado, quienes se van por su voluntad o las mujeres que deciden huir con un hombre.

El repunte de desapariciones en Jalisco ha dejado a lo largo de los últimos meses historias que parecen de terror. El reportaje publicado por Alejandra Guillén y Diego Petersen sobre el reclutamiento obligado de jóvenes por el crimen organizado, la trata de personas documentada en el municipio de Puerto Vallarta y la escalada de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara muestran que es un problema que nos puede afectar a todos.

En la administración anterior, el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval lanzó las primeras acciones para la atención al problema de desaparecidos. Sin embargo, la puesta en marcha no arrojó resultados. Las organizaciones de familias afectadas se quejaron de que las reuniones no servían y terminaron levantándose de la mesa; en la Fiscalía General las carpetas de investigación se alimentaban exclusivamente con la información que las familias aportaban y las autoridades no buscaban a los desaparecidos.

A lo anterior se suman los engaños con las pruebas de ADN, las cremaciones sin certeza de identificación plena de cuerpos y la crisis con el traslado de cuerpos en un tráiler en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como el desorden y la existencia de dos contenedores de refrigeración más para almacenar cadáveres en esa institución.

Para completar el panorama adverso, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, creada durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, nunca funcionó realmente. La primera titular, María Teresa Medina Villalobos, renunció al cargo apenas unos días después de asumir. Las autoridades argumentaron motivos de salud, pero en los trascendidos se mencionó la falta de apoyo real y la imposibilidad de remover a ministerios públicos que no tenían la menor intención de hacer su trabajo.

Así, de simulación en simulación, se desahogó la agenda del gobierno estatal sobre desapariciones, especialmente durante la gestión de Luis Carlos Nájera Gutiérrez como fiscal general, quien siempre minimizó el tema y revictimizó a los desaparecidos y sus familias con sus declaraciones.

Por eso el cambio de discurso en el gobierno del estado es importante y más si va acompañado de la aceptación por parte del gobernador Enrique Alfaro sobre una mayor crisis: en realidad hay más de 7 mil desaparecidos en el estado, casi el doble de los que había admitido la administración anterior, y la existencia de una cifra negra que nos coloca en una situación de máxima alerta.

Lo que sigue es que los anuncios se acompañen de acciones, que el aumento en los presupuestos se refleje en una mejor atención a las víctimas, capacitación del personal a cargo y mejor integración de las carpetas de investigación. Lo que sigue es que los busquen.

da/i