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Escasa protección a personal doméstico

SIN AYUDA. La mayoría de las trabajadoras domésticas del país y del estado se encuentra en la desprotección. (Foto: Grisel Pajarito)

Magda llegó hace alrededor de una década a Guadalajara procedente de Michoacán con la intención de que su hijo Juanito, menor de edad, fuera atendido en el Hospital Civil de Guadalajara por un cáncer que padecía. 

A pesar de que ambos estaban afiliados al Seguro Popular, Magda no contaba con la capacidad económica para solventar los gastos extraordinarios que suponía la enfermedad de su hijo.

Con ayuda de una asociación civil, Juanito logró acceder a atención médica y quimioterapias, periodo durante el que, a modo de contraprestación, Magda comenzó a realizar el aseo en las instalaciones de la organización.  

Tras tres años de lucha, Juanito murió. 

A pesar de ello, Magda se asentó en Guadalajara y, por contactos realizados en la asociación civil, comenzó a laborar como trabajadora doméstica. 

Actualmente, Magda trabaja en cuatro hogares distintos, pero sus ingresos son variables: cada empleador le paga un monto diferente; es frecuente que comience o deje de laborar en alguna casa y se le paga cada día, al finalizar su jornada.

DESPROTEGIDAS

El artículo 13 de la Ley del Seguro Social incorpora al trabajo doméstico en las actividades especiales sujetas a un régimen de afiliación voluntario y no obligatorio; lo que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coloca a México, junto con Guatemala, Honduras y El Salvador, como los únicos países de América Latina en que esta clase de legislaciones prevalece. 

Como consecuencia, la OIT calculó que, en 2015, más de 97 por ciento de los trabajadores domésticos mexicanos no contaban con seguridad social. Magda no es la excepción. 

Por ello, prácticamente cada que un miembro de su familia se enferma recurre a los consultorios anexos a las farmacias de cadena. 

“Las enfermedades de mis hijos así son, se enferman de la garganta y los llevo a las Similares. En el internado (en que estudian dos de mis hijos) hay un doctor, si ellos tienen el medicamento, me lo dan, pero si no, yo lo tengo que comprar (…) Todos los estudios tengo que sacármelos por fuera (...) Ya cuando ellos ven que tengo algo mal es cuando me empiezan a atender o me mandan a algún otro hospital”, expone. 

Esta opción es la más viable, pues ir a un centro de salud le supone perder un día laboral y dinero. 

Hace apenas unos días, cuenta, uno de sus hijos presentó una infección en el oído. Tras recurrir a los tratamientos prescritos en un consultorio de este tipo, no mejoró y, por el contrario, un día comenzó a sangrar. 

“Me asusté y nos fuimos a la Cruz Verde. En el transcurso dejó de salirle sangre, pero decía que se sentía aturdido, se sentía mal y cuando llegamos no me quisieron atender, que porque no era una urgencia”, lamenta. 

Magda no manifiesta dudas respecto a las ventajas que supondrían para ella y sus cuatro hijos el estar afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Varias conocidas tienen seguro y cuando van, ahí está su farmacia y, si hay medicamento, te lo dan, aunque te tarden horas ahí, pero sabes que te lo van a dar…  O también por si se ofrece una operación (…) Cuando mi hijo (Juanito) estaba enfermo una asociación nos ayudó y el Seguro Popular nos pagaba un tanto, pero no todo. Cuando estaba internado no pagaba hospitalización y eso, pero con la quimioterapia ellos me ayudaban con una parte y la asociación me daba la otra, aunque nunca era 100 por ciento seguro y en el Seguro creo que te dan todo”, expone. 

Magda forma parte de las 2 millones 299 mil personas que, se calcula, se dedican al trabajo doméstico en México. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 92 por ciento del sector es mujer, mientras que los hombres que se dedican a las labores del hogar remuneradas cuentan con mejores condiciones laborales que ellas.

En el panorama local, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al término de 2018, en Jalisco 173 mil 781 personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado. Al igual que en el escenario nacional, en el estado la gran mayoría de quienes integran este sector son mujeres (92 por ciento), lo que las coloca en una mayor posición de vulnerabilidad. Prueba de ello es que, según la misma encuesta, en Jalisco sólo hay 7 mil 544 cuentas con acceso a instituciones de salud. 

Ante la magnitud de la desprotección social en que se encuentra este sector, en diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la diferenciación contenida en la Ley del Seguro Social resulta discriminatoria y vulnera los derechos de las trabajadoras del hogar, por ende, ordenó al IMSS la implementación de un programa piloto de incorporación al régimen obligatorio para la afiliación de personas trabajadoras del hogar, con miras a que en el corto plazo el programa sea permanente y extensivo a todo el sector. 

“Varias conocidas tienen seguro y cuando van, ahí está su farmacia y, si hay medicamento, te lo dan, aunque te tarden horas ahí, pero sabes que te lo van a dar”

Magda, trabajadora del hogar

Aún falta 

En diciembre de 2018, la SCJN determinó que en un plazo no mayor a 18 meses a partir de la implementación del programa piloto para incorporar a las trabajadoras domésticas a la seguridad social, el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones normativas necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar, para que en un periodo no mayor a tres años, ”se logre obtener la seguridad social, efectiva, robusta y suficiente a la totalidad de las empleadas domésticas”

NÚMEROS

2 millones 299 mil personas se dedican al trabajo doméstico en México

173 mil 781 personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en Jalisco al término de 2018, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Una batalla personal con grandes repercusiones

En abril de 2016, María Rosario Garduño acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para demandar a una mujer y a sus hijas a quienes prestó servicios de trabajo doméstico por más de 50 años, con horarios que sumaban 54 horas semanales de labores sin espacios para descansar o comer. 

Exigía el pago de una indemnización, de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y del tiempo extraordinario, así como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma, solicitaba que el instituto definiera las cuotas patronales correspondientes. 

Tras resoluciones que le fueron parcialmente favorables, la quejosa interpuso un juicio de amparo que, a la postre fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ente que, entre otras cuestiones, se abocó a determinar si el hecho de que los patrones carezcan de la obligación jurídica de inscribir a los trabajadores domésticos ante el IMSS constituía un trato discriminatorio y una violación al derecho humano a la seguridad social. 

"La cobertura voluntaria resulta ineficaz y, por el contrario, la afiliación obligatoria a la seguridad social resulta altamente conveniente y eficaz para un sector como el del trabajo doméstico", expuso la Corte en el proyecto de resolución del amparo directo 9/2018, retomando documentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El que el trabajo doméstico se realice en un hogar privado, que muchas trabajadoras laboren para más de un empleador, el que usualmente no exista un contrato laboral, la irregularidad en sus ingresos producto de los altos índices de desempleo o rotación laboral, la frecuencia en que se otorgue salario en especie, que algunas trabajadoras tengan como domicilio su lugar de trabajo o el desconocimiento por parte de los empleadores de cómo otorgar esta prestación son, entre otras, algunas de las razones que la SCJN consideró como causantes de la poca efectividad de la afiliación voluntaria. 

Finalmente, la Segunda Sala de la SCJN concluyó que” el hecho de que las trabajadoras domésticas se encuentren excluidas del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social resulta violatorio del derecho humano a la seguridad social en igualdad de condiciones”, por ende, determinó la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley del Seguro Social. 

Programa piloto, a finales de mes

Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 22 de enero la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS tomó conocimiento de la ejecutoria en cuestión y, en febrero, el instituto anunció el lanzamiento del denominado Programa piloto de incorporación de las personas trabajadoras del hogar. Se pondría en marcha a finales de este mes. 

“Se trata de un programa que les permitirá tener acceso a atención médica y hospitalaria, medicamentos, atención obstétrica, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y otras prestaciones como velatorios y guarderías”, expuso Germán Martínez Cázares, director general del IMSS, en un video difundido mediante redes sociales. 

 DIRECTRIZ. Las cuotas mensuales a cubrir se calcularán con base en el salario mensual de la persona asegurada.
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Según se desprende del primer documento generado por el IMSS para detallar el programa, la persona asegurada también podrá beneficiar de estas prestaciones a sus hijos, padres y cónyuge o concubinario. 

Además, se detallan los pasos para lograr la afiliación: el trabajador deberá obtener su número de seguridad social y solicitar su aseguramiento; posteriormente, deberá indicar su salario mensual, si trabaja con uno o más patrones y cuántos días labora con cada uno. Con base en este supuesto, se calculará la proporción correspondiente de las cuotas a cubrir por cada patrón, se generará una línea de captura para pago, mismo que tendrá que hacerse por adelantado (dentro de los 20 primeros días de cada mes) para que el aseguramiento proceda. 

Las cuotas mensuales a cubrir por la parte patronal irían, naturalmente, en función del salario mensual de la persona asegurada. Según el tabulador generado por el IMSS, para una persona que gane el salario mínimo mensual (3 mil 80 pesos mensuales), la cuota a cubrir sería de 904 pesos; mientras que para el rango más alto considerado (un salario de 63 mil 367 pesos), el patrón tendría que saldar un monto de 9 mil 317 pesos por mes. 

Para Ernesto Guerrero, un empleado gubernamental que a la par funge como empleador de una trabajadora doméstica que acude una vez por semana a su hogar y a quien da un pago por día de 250 pesos, la idea de brindarle seguridad social es positiva. 

“Creo que el trabajo que hacen es muy poco valorado y todas las personas necesitan atención médica y tener seguridad social, no veo porqué las trabajadoras del hogar no puedan tener los derechos que otros trabajadores tenemos (…) No lo hice antes por desconocimiento de cómo se pueda hacer, no tengo idea”, expone. 

En este sentido, se dice dispuesto a pagar una cuota que represente entre un 20 y un 50 por ciento del pago que otorga cada mes. 

Aunque, toda vez que la persona que hace las labores de aseo en su hogar trabaja en “otras dos o tres casas”, desconoce a detalle los ingresos que percibe, mas los calcula en alrededor de 4 mil pesos. 

En este supuesto, la cuota que Ernesto tendría que pagar para la afiliación oscilaría, aproximadamente, entre 250 y 330 pesos mensuales; un monto que considera totalmente aceptable.

“Se trata de un programa que les permitirá tener acceso a atención médica y hospitalaria, medicamentos, atención obstétrica, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y otras prestaciones como velatorios y guarderías”
Germán Martínez Cázares, titular del IMSS 

Hay factores por definir: académico

Aunque aún no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 22 de febrero fue divulgado el anteproyecto que contiene las reglas de carácter general para la prueba piloto de la incorporación de los trabajadores domésticos al régimen obligatorio del seguro social; no obstante, en éstas prevalece la incertidumbre sobre los plazos y la circunscripción territorial en los que se aplicará la prueba piloto. Según se indica, se publicarán más adelante en el portal web del IMSS. 

En este sentido, el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, académico del Departamento de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUSCH) de la Universidad de Guadalajara, considera que, para medir de forma efectiva su viabilidad, la prueba tendría que arrancarse en ciudades con alto índice de formalidad en el trabajo. 

“Me parece que tendríamos que elegir ciudades importantes o capitales y, de ahí, segmentarlo a una parte residencial de la ciudad. Si un programa piloto quiere ser lo suficientemente específico para decir, ‘vamos a intentarlo en la colonia Providencia de Guadalajara, que es altamente residencial’, ya existirá una subdelegación del IMSS encargada de aplicar el piloto y socializar el tema. Ahí serán los números los que dirán lo que es más efectivo”, expone. 

Si bien para el especialista el anuncio de la implementación del programa piloto “es un gran primer paso para lograr un trabajo digno y decente para este sector”, teniendo en consideración lo incipiente del mismo, aún existen dudas sobre cómo se solventarán algunas problemáticas que pudieran presentarse en su ejecución. 

Una de ellas sería la posibilidad de que algunos empleadores recurrieran a estrategias a fin de ocultar a las autoridades la relación laboral con las trabajadoras domésticas. 

 “Entre más informal es una relación de trabajo, más fácil es negar su existencia (…) Es importante entender esta frase, porque cómo podemos acreditar una relación de trabajo de una persona que va unas cuantas horas una vez a la semana, con un patrón que es persona física y no necesariamente es patrón en otro lado (…) Sin duda, la informalidad es uno de los grandes pilares que hay que romper en esta discriminación de las trabajadoras domésticas, porque si no se remedia esta informalidad, si no se incentiva que los patrones lo hagan lo más transparente posible, aunque tengamos mil intentos no vamos a tener una mayor cobertura. Y no podemos pasar tampoco a prácticas extremas como sería la fiscalización de la casa-habitación”, expone. 

CONSEJO. Luego de la determinación de la SCJN, Ruiz Buenrostro sugiere iniciar el programa piloto del IMSS en ciudades grandes o capitales.
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Respecto al pago proporcional de cuotas en el caso de la existencia de varios empleadores, si bien considera que “puede parecer lo más justo”, expone que también supone algunos riesgos, como una constante variabilidad de las cuotas si es que la trabajadora doméstica es contratada o despedida por algunos empleadores. 

En ese sentido, expone que existen ejemplos internacionales que, probablemente, resultarían más efectivos. 

“Si se quiere simplificar eso, lo que se haría sería anticiparnos a los movimientos. En lugar de una cuota proporcional, sería establecer una tarifa fija que signifique que los patrones pagan por el servicio, independientemente de si la trabajadora va o no va y, de preferencia, de forma adelantada. En Europa (…) existen programas donde tú puedes pagar un año por adelantado y si ese año la trabajadora no fue uno, dos, tres o cuatro días, se devuelven las cuotas pagadas de más (…) Sería mucho más fácil rectificar que tratar de adelantarnos a hechos futuros e inciertos”, explica. 

Por ello, subraya que sería de especial importancia que los resultados del programa piloto sean evaluados con indicadores efectivos y se hagan del conocimiento público. No obstante, considera que el IMSS cuenta con la capacidad para absorber las cargas que supondría esta afiliación masiva, pues no necesariamente todos los nuevos derechohabientes se enfrentarían a enfermedades catastróficas o accederían a prestaciones como pensiones. 

“Lo interesante sería implementar (la afiliación obligatoria) ya; no con promesas ni con pilotos. Las trabajadoras domésticas lo necesitan y, entre más tiempo pase, menos seguridad social (…) En México será histórico el momento en que se diga que las trabajadoras domésticas ya tienen seguridad social. Es tarde, pero llegamos”.

“Cómo podemos acreditar una relación de trabajo de una persona que va unas cuantas horas una vez a la semana, con un patrón que es persona física y no necesariamente es patrón en otro lado”

Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, académico del CUCSH

JJ/I