Cambios en lo oscurito a la Ley de Transparencia

Todo parece indicar que Jalisco podría convertirse en la primera entidad en “ajustarse” a la Ley General de Transparencia. Ajustarse entre comillas, porque surgen dudas en torno al proceso legislativo para la aprobación de esa ley.

Es políticamente incorrecto oponerse a la transparencia, jamás se escuchará a un político manifestarse en contra de “avanzar en el tema”. El diablo está en los detalles, dicen los sabios.

Como en otras leyes, los puntos, las comas y los cambios de redacción de última hora, tienen a la Ley de Transparencia en vilo.

Nos haya gustado o no el resultado, hay que reconocer que el dictamen que salió de la Comisión de Puntos Constitucionales hace aproximadamente un mes, fue el resultado de opiniones de varias organizaciones civiles, académicos y actores políticos, pues en el Congreso sufren el mal de los foros. En el caso de la Ley de Transparencia se llevaron a cabo foros y participaron quienes quisieron hacerlo.

Fue el diputado del PAN, Hernán Cortés, quien cabildeó el tema, aseguró que había consenso entre las fracciones parlamentarias, confió que la ley que impulsó desde hace varios meses se aprobaría antes de que él se fuera al Congreso federal. El consenso se desbarató.

El gobernador Aristóteles Sandoval y su equipo de asesores revisaron la ley y no les gustó. Al cuarto para las doce, el Poder Ejecutivo remitió un rosario de modificaciones a la Ley de Transparencia, que dicen son alrededor de 100.

Algunos de esos cambios contravenían la Ley General de Transparencia. Una de las modificaciones proponía que no se diera margen en la ley para que los ciudadanos que solicitaran información tuvieran derecho a 20 copias gratuitas producto de sus solicitudes de información. Esta disposición transgredía a todas luces el artículo 141 de la Ley General que dice: La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de 20 hojas simples. Los diputados locales detectaron “el error” y le corrigieron la plana al mandatario. Pero otras propuestas del gobernador permanecieron: el gobernador rasuró dos temas propuestos por las organizaciones civiles y académicos; desde el Ejecutivo dijeron no a ampliar el catálogo de información fundamental, por un lado; desde Palacio de Gobierno propusieron quitar la obligatoriedad  de transparentar  los subejercicios presupuestales que se originen en cada ejercicio fiscal con descripción detallada de la partida de origen, y al gobernador tampoco le pareció correcto transparentar la descripción detallada del concepto de erogación de los cheques, la partida presupuestal afectada, la fecha de aplicación y la factura de comprobante de gasto. También dijo que para publicar las cuentas públicas debía elaborarse una versión pública, pero, ¿qué es una versión pública de un documento tan complejo que incluye los gastos de ayuntamientos y poderes?

Además se excluyó al Colegio de Notarios como sujeto obligado y se eliminó el término de cinco días para que los sujetos obligados publicaran actas o minutas, acuerdos y resoluciones; ahora no se establece plazo.

El problema no es que el Ejecutivo proponga cambios a la Ley de Transparencia, lo cuestionable es que lo haga fuera de tiempo, cuando la norma se discutió durante meses.

Por supuesto que el Ejecutivo puede sugerir cambios; lo preocupante es que la discusión de  Ley de Transparencia en Jalisco está a punto de llevarse a cabo en la oscuridad, en la opacidad.

DN/I