Prisión preventiva oficiosa promueve la tortura

Que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se haya sumado a una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que desacate una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y determine mantener la prisión preventiva oficiosa en México, preocupa, afirmó Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien apuntó que dicha medida cautelar promueve violaciones a derechos humanos y tortura.

La defensora de derechos humanos recordó que, según datos de la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 51 por ciento de las personas de Jalisco que participó en el ejercicio dijo haber sufrido tortura para declararse culpable de un delito que no cometió. Este tipo de acciones son las que promueve la prisión preventiva oficiosa, recalcó.

“Se sigue apostando a esta política de detener para investigar, lo que claramente ha implicado de manera particular en Jalisco que quienes actualmente están privadas o privados de la libertad, en su mayoría son personas que fueron obligadas mediante actos de tortura a declararse culpables de un delito que no cometieron (…) en ese sentido ha quedado claro que Jalisco sigue siendo una entidad en la que no sólo se detiene para investigar, sino que se tortura para obtener confesiones”, lamentó.

En la petición a la que se sumó Alfaro Ramírez se esgrimió el argumento de que la prisión preventiva ayuda a llegar a la verdad y a la justicia para las víctimas, pero éste no es real, al menos en Jalisco, precisó Montiel Flores, dado que el nivel de impunidad es alto pese al abuso que hay de esta medida cautelar en el estado.

“Ha quedado claro que la política adoptada hasta la actualidad no ha funcionado, ya que seguimos viviendo en una entidad en la que prevalece una situación de alta violencia, de alta inseguridad, no ha habido una reducción de los delitos (…) La respuesta de la cárcel para combatir la violencia no ha dado resultados, seguimos hablando de altos índices de impunidad, más del 97 por ciento de impunidad prevalece en los delitos, por lo tanto no se justifica que siga prevaleciendo la misma política”.

Añadió que la postura que debería adoptar el gobernador es la de fortalecer a la Fiscalía del Estado para que sea capaz de detener hasta que ya se tengan elementos suficientes para comprobar la responsabilidad de la persona señalada y no requerir de medidas como la prisión preventiva o la comisión de delitos como la tortura para inculpar a alguien.

En cuanto a la SCJN, la codirectora de Cepad apuntó que debería mantener la postura de garantizar la máxima protección a los derechos humanos y atender la sentencia de la CIDH.

Con amparo, reconocen desaparición forzada en el caso de Maximiliano

Liliana Meza, presidente del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, tuvo que recurrir a un amparo para que se reconociera que la ausencia de su hijo Maximiliano Romero Meza es a causa de una desaparición forzada.

El colectivo informó que el 17 de abril de este año se consiguió la sentencia a favor de Meza y, por lo tanto, las autoridades están obligadas a reconocer e investigar la desaparición de Maximiliano como un caso en el que participaron agentes del estado.

“Carlos Maximiliano fue víctima de desaparición forzada, esto es que en la misma hubo participación o aquiescencia de agentes del Estado y se ordenaron diversas medidas de reparación, con independencia del curso de procedimiento penal”, describió la agrupación en un comunicado.

La sentencia la dictó el juez séptimo de Distrito de Amparo en materia penal, con sede en Puente Grande, quien asumió una perspectiva de derechos humanos y se apegó a los estándares internacionales, según el colectivo.

En el caso de Romero Meza se señala la participación o aquiescencia de elementos policiales de Zapopan.

“En Luz de Esperanza recibimos esta sentencia con una mezcla de alegría, tristeza y esperanza en sí, siendo un hito en nuestros diferentes procesos jurídicos en trámite, en los que buscamos con ahínco que, en primer término, se reconozca la desaparición forzada por parte de las autoridades en ciertos casos, ante la constante negativa y negación de esta situación”, añadió la agrupación

Carlos Maximiliano es un estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UdeG que fue desaparecido el 22 de octubre de 2020. Al día de hoy, su madre Liliana Meza lo sigue buscando. Lauro Rodríguez

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