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Descarado
El voto despojando afores
Ante la falta de normas claras para regular sus salarios y con la bandera de “respeto a la autonomía partidista”, los dueños de estas franquicias políticas deciden arbitrariamente los sueldos de su personal.
Ninguna instancia pública puede regular o sugerir topes salariales a los partidos políticos debido a que la fracción sexta del artículo 13 constitucional local establece el respeto a la vida interna de los partidos, y la autoridad electoral sólo puede intervenir en los casos previamente establecidos, y obviamente no incluye este rubro.
“Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, en los términos que señalen esta Constitución y la ley”, señala esa fracción.
Javier Hurtado, polítologo de la UdeG y especialista en temas electorales, confirmó que las autoridades electorales sólo intervienen en casos plenamente justificados, y no pueden hacerlo en salarios ni en candidaturas.
Recordó que antes de la reforma del 2007, sí podían intervenir en asuntos internos y lo hacía.
“No (hay ninguna instancia que ponga orden), porque es un asunto interno de los partidos porque así está establecido en la Constitución, aunque sea recurso público”, comentó, “lo único que están obligados es a transparentarlo”.
Advirtió que los líderes estatales pueden ponerse el sueldo que quieran con total discrecionalidad, y sólo ponen en sus páginas de Internet cuánto ganan.
“Es absolutamente libre y discrecional, se puede decir que ellos mismos se los autoimponen”, comentó. Hurtado aclaró que esta discrecionalidad trae como consecuencia disparidad entre los salarios de dirigentes partidistas porque cada uno sigue disposiciones distintas.
El Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial (CTTVS) realiza recomendaciones salariales y establece topes para puestos públicos; empero no lo hacen en materia de partidos políticos.
Hurtado explicó que no tienen injerencia ni atribuciones para hacerlo porque sólo interviene en organismos de la administración pública, y los partidos políticos no lo son; en caso de que quisiera hacerlo sería violar su autonomía.
“No hay nadie que les diga, tú debes ganar tanto porque eso sería tanto como violar la autonomía interna de los partidos, los partidos tienen una absoluta libertad para decidir y resolver de manera interna y discrecional todas las cosas que quieren.
“Empezando por las candidaturas y la elección de sus dirigentes, que a mí me parece que no debe de ser, pero la Constitución así lo establece”, afirmó Hurtado.
Para poder establecer topes, los diputados locales deberían quitar el candado constitucional para permitir que la autoridad electoral revisara el tema, y mientras no lo hagan todo seguirá igual, mencionó.
Otra vía sería la presión social y popular para obligarlos hacer el cambio porque los legisladores son las voces de los partidos en el Congreso del Estado, y difícilmente se pondrían la soga en el cuello.
“Esto quiere decir que estamos en un estado de indefensión, ¿quiénes? los ciudadanos”, aseveró el especialista, “porque eso es un asunto interno de los partidos políticos, y ellos a través de sus diputados así lo pusieron en la Constitución, de que ahí nadie puede intervenir”.
Alertó que hay una incongruencia legal porque pese a que los institutos políticos son entidades de interés público, lo privatizan cuando dicen que no pueden intervenir en sus asuntos internos.
“¿Cómo se puede cambiar? Solamente producto de la presión popular o por una decisión de estado”, aclaró. Hurtado recomendó que el sueldo de los dirigentes debería estar relacionados con el número de militantes que poseen, y su antigüedad.
Agregó que un partido nuevo no puede ganar lo mismo que uno con 20 años de trayectoria o uno que tiene 250 mil miembros activos contra otro de cinco millones y medio en todo el país.
El dirigente estatal del PAN, Gustavo Macías Zambrano, percibe el sueldo más alto de sus homólogos desde hace siete meses, y dice que no lo sabe.
Aseguró desconocer cuánto ganan el resto de los dirigentes partidas, y que cuando llegó al cargo de manera interina en octubre ya estaba asignado el salario.
“No, desconozco el sueldo de los demás partidos políticos. Desconozco el origen del tabulador o el acuerdo que se tenga para asignar esos sueldos, son ingresos que se tienen exclusivamente”, explicó.
Macías Zambrano explicó que el Consejo estatal de su partido es el órgano interno que autoriza los criterios salariales, y no tiene claro cómo se llegó a los mismos.
Sólo conoce que el presidente estatal debe ganar igual que como un diputado local, y que si son funcionarios públicos no pueden percibir en el partido político.
“No ha habido incrementos, pero (el sueldo) es igual al de un diputado”, especificó.
Justificó su salario señalando que es un trabajo al cual se le dedica muchas horas, tiene un alto nivel de responsabilidad y requiere mucho desgaste.
“Es un trabajo creo que de muchas horas, de mucho incluso desgaste en todos los aspectos, yo creo que en un asunto de ajustes pudiera generarse esa parte de revisión, de acuerdo a los presupuestos que se tiene”, explicó.
La única posibilidad de cambiarlo sería modificando los criterios presupuestales dentro del Consejo Estatal.
“Es una aprobación que traes ahí en el presupuesto, es una aprobación que llevan los consejeros, yo creo, insisto es una responsabilidad ahí importante la que se tiene”, respondió a la pregunta de si consideraba su sueldo excesivo.
El salario del panista casi duplica el del líder priista de 66 mil pesos y el del emecista de 56 mil.
El panista dijo que tienen un tabulador nacional que debe respetarse en los estados, empero no recuerda cómo va.
“Cada seis meses se hace una revisión al presupuesto, y cada seis meses se aprueba de parte del Consejo del partido”, precisó.
Reconoció que tienen libertada para definir sus presupuestos, pero siempre con el aval de sus consejeros estatales.
Mencionó que cada vez más los partidos políticos están regulados por normas electorales, pero pudieran emitirse tabuladores generales.
La autoridad electoral podría ser el garante de esta derecho de sueldos acordes a responsabilidad y prosperidad, opinó.
DN/I