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Acomodándose
El voto despojando afores
En Jalisco poco hay que celebrar en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es hoy.
Tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias, feminicidios, desplazados y discriminación, son el espejo de la entidad en la que se perciben más retrocesos que avances.
Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la oficina en occidente de Amnistía Internacional (AI) y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), en 2015 el balance es negativo. Lo “peor” es el nulo compromiso de las autoridades estatales y municipales, a lo que se suma una Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) que poco ha hecho para tratar de revertir la situación y sigue “sumida en la complicidad”.
Jalisco es un estado de tránsito, origen y destino de migrantes. Sin embargo este año, la inseguridad provocó que el Centro de Atención al Migrante, de FM4 Paso Libre, cerrara sus puertas por las amenazas que recibieron los colaboradores frente al apoyo otorgado a dicho grupo.
A esta situación se agregó el rechazo de vecinos de la colonia Arcos que mantienen ante la reubicación del comedor a esa zona; hay una lona colocada en la colonia Vallarta con un mensaje discriminatorio en contra de los migrantes, ante la pasividad de las autoridades, que no intervinieron de inmediato.
“El tema de atención al migrante no debe quedar en manos de la sociedad civil organizada, la atención se tiene que dar desde las instituciones, se debe de entender que hay que asumir esa responsabilidad desde el Estado. Hay que reforzar el espacio porque se sigue permitiendo la discriminación”, señala Amnistía Internacional.
Desde el 1 de mayo, la puesta en marcha de la Operación Jalisco significó un incremento en las quejas por actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidas por las fuerzas de seguridad. A esto se añaden los señalamientos constantes, incluso desde la CEDHJ, que no han sido atendidos por las autoridades.
“Este año la situación se agravó en todos los rubros, particularmente cuando inicia la Operación Jalisco y aumenta el número de personas que alega haber sufrido tortura. Se anuncia una primera sentencia, pero ni las víctimas quedaron conformes, no hay información respecto a cuántos servidores públicos están involucrados. Vemos argumentos de papel, pero no en la vía de los hechos”, recalca el Cepad.
Mezcala, en Chapala; Temacapulín, en Cañadas de Obregón; El Mameyito y Puertecito, en Cuautitlán de García Barragán; Rincón de Manantlán, en la reserva de la biosfera y Peña Colorada, en Ayotitlán, son ejemplos de pueblos a los que se les ha violentado su derecho al territorio porque sus habitantes se vieron obligados a desplazarse este año, ante presiones de grupos de poder, sin que la autoridad interviniera o peor todavía, con su aval.
“Se ha matado a los pueblos indígenas, en Manantlán las familias se tuvieron que ir por el acaso del narcotráfico, el desplazamiento forzoso y violento ni siquiera es investigado por el Estado”, acusó la Red Jalisciense de Derechos Humanos.
Los altos índices de violencia contra las mujeres y de feminicidios registrados en lo que va de 2015, han orillado a las autoridades a analizar la activación de la alerta de género ante la presión de organizaciones civiles que no han dejado de manifestar su preocupación por el incremento de casos y la falta de acciones que erradiquen la problemática.
La no aplicación de protocolos en la búsqueda de personas desaparecidas, falta de investigación, personal no capacitado e información oculta, es la situación a la que se enfrentan miles de familias de personas desaparecidas en la entidad, sin que la Fiscalía General del Estado (FGE) presente un avance real, esto llevó al rompimiento de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) por la falta de acciones.
Para César Pérez Verónica, representante de dicho centro, año tras año en el estado no se percibe mejoría.
“Cada día vemos un gran detrimento en el goce de los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos continúan pero con mayor gravedad”, precisó.
Mientras que para la responsable de incidencia de la oficina de occidente de AI, Jacqueline Galaviz, no solamente el discurso tiene que ser diferente, sino las acciones, ya que aunque se ha concretado “la creación de instituciones para dar atención a ciertos temas, lo que observamos es que las víctimas y sus familiares no tienen grandes avances en sus casos”.
A un año de que una mujer de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, Mezquitic, se quejara ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por la ausencia de peritos traductores en el Ministerio Público, el organismo resolvió la queja.
Tras una larga investigación, el organismo advirtió que dentro del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Procuraduría Social no existen peritos ni traductores en las diversas lenguas indígenas, lo cual vulnera los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso de las personas que integran pueblos originarios y comunidades indígenas.
Por ello, emitió la recomendación 40/15 en la que sugiere que se desarrolle un programa de formación de servidores públicos.
A la par, surgió la recomendación 37/15 dirigida a Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, comisionado de Seguridad Pública, por violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, luego de que dos sujetos fueron agredidos a balazos por policías. En este caso se pide la reparación del daño. En la recomendación 38/15 también estuvieron implicados agentes, pero de Tlajomulco, quienes tras detener a un sujeto, colocarle una bolsa de plástico en la cabeza y llevarlo a prisión, acudieron a su casa, donde robaron pertenencias y extorsionaron a la pareja; se pide una investigación administrativa.
La recomendación 39/15 se emitió por la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, luego de que un sujeto que cometió parricidio fue trasladado al Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada (Caisame), de donde se fugó por falta de medidas de seguridad. En este caso pide reparación del daño y una evaluación de las necesidades del Caisame.
La alerta sobre la violencia de género en Jalisco podría emitirse a más tardar el 15 de diciembre
HJ/I