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La manoseada ley de transparencia de Jalisco, cuyas reformas fueron aprobadas al vapor en octubre pasado por el Congreso del Estado y que entró en vigor apenas en diciembre, vuelve a dar de que hablar debido a una serie de inconsistencias y errores que impiden o dificultan su aplicación.
A pesar del intento de la presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei), Cynthia Cantero, por taparle el ojo al macho y evitar un nuevo escándalo en torno a la controvertida legislación, los señalamientos hechos por Francisco González Vallejo, comisionado de este organismo, ponen al descubierto el descuido y la ligereza de los diputados jaliscienses al dar el visto bueno a las reformas.
De acuerdo con las revelaciones del comisionado, la nueva ley contiene errores que provocarán incertidumbre al momento de su aplicación debido a que existe ambigüedad en la interpretación de algunas disposiciones. Si bien considera que los errores no son intencionales, advierte que es necesario que el Congreso haga las adecuaciones requeridas para el debido cumplimiento de la ley.
Es oportuno recordar la ruta seguida por la nueva ley de transparencia de Jalisco que, desde sus orígenes, enfrentó obstáculos y reticencias de quienes, desde el poder, intentan hacer prevalecer la discrecionalidad y la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.
Si bien en un inicio las reformas a la ley impulsadas desde el Congreso buscaban corresponder a los intereses de una sociedad que exige a los políticos cuentas claras –para lo cual convocó a foros en los que todos los puntos de vista respecto a la transparencia fueron expresados–, la legislación se pervirtió a partir de que el Ejecutivo estatal –cuyo nombre es Jorge Aristóteles Sandoval Díaz– decidió meterle mano para construir en lo oscurito una ley de transparencia a modo.
El nuevo documento, surgido de las oficinas del palacio de gobierno, se apartaba de los objetivos iniciales. Fueron borrados preceptos que facilitaban al ciudadano obtener información –particularmente de temas que tienen que ver con ejercicios presupuestales– y rastrear el origen y destino de los recursos ejercidos por organismos públicos.
Así, parchada y maltrecha, la iniciativa llegó al Congreso, donde fue aprobada, sin pudor alguno, por los grupos parlamentarios, incluido el PAN, que con desfachatez la presentó e impulsó. El sometimiento a los deseos del gobernador fue tal que la presidente del Itei –organismo de transparencia presuntamente autónomo– no dudó en expresar su complacencia y verter elogios hacia la nueva ley.
A punto de ser publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco, universidades y organismos de la sociedad civil criticaron la nueva legislación y exigieron modificarla, señalando que las adecuaciones realizadas de última hora lejos de propiciar gobiernos más abiertos cercenaban los avances en materia de transparencia y acceso a la información.
La presión obligó al gobernador a vetar la ley aprobada en el Congreso, a fin de abrir espacio a las propuestas ciudadanas y construir un nuevo documento. Fueron retomados ordenamientos que habían sido eliminados y reincorporadas obligaciones de sujetos específicos, como los notarios públicos.
Con la cola entre las patas, los diputados del Congreso saliente recibieron y aprobaron la última versión de la ley, con el mismo servilismo con que lo hicieron antes. La ley de transparencia de Jalisco fue publicada en el periódico oficial y entró en vigor el mes pasado.
Ahora nos enteramos de que contiene errores –asuntos de precisión, les llama la siempre condescendiente Cynthia Cantero– que dificultan su aplicación. Es imprescindible hacer la fe de erratas correspondiente.
Una enseñanza debe quedar de toda esta cadena de despropósitos legislativos: no se puede legislar al vapor ni a la ligera ni mucho menos por consigna. Elaborar, reformar, discutir y aprobar leyes es una tarea de enorme responsabilidad que recae en el Poder Legislativo, que ostenta la representación popular. Los legisladores –aquéllos y éstos– deben ser autocríticos hacia su conducta y desempeño. El Congreso, de manera inevitable y urgente, está llamado a recuperar su dignidad e independencia.
Verba volant, scripta manent
[email protected] | @GOrtegaRuiz
DN/I