Auditor defiende opacidad en cuentas públicas

“No aplica”, es la frase que se distingue por su tamaño en el texto publicado en la página web de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en la que se explica por qué no atiende las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Pero el auditor superior Alonso Godoy Pelayo no es el único que ha ignorado la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, pues casi ningún sujeto obligado ha actualizado su información. Entre los omisos están los ayuntamientos, el gobierno del estado y el Congreso local.

 Los plazos para cumplir con la ley fueron fijados por el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) el 12 de enero, al aprobarse las bases y recomendaciones sobre las nuevas normas. Los sujetos obligados que estaban previstos en la anterior ley tenían como fecha límite el 10 de febrero, mientras que los nuevos, que son los sindicatos y el Colegio de Notarios, ayer.

El consejo del Itei aprobó ayer las primeras sanciones para quienes incumplen con la publicación de información, según la primera revisión que se hizo a los ayuntamientos. El comisionado Francisco Javier González Vallejo explicó que el organismo sólo actuará cuando se detecten las omisiones dentro de los procesos de revisión, aunque también puede hacerlo si hay una denuncia ciudadana.

Para mantener la información de las cuentas públicas en la opacidad, el auditor superior Alonso Godoy Pelayo publicó un texto en el que asegura que el registro de cuentas públicas e informes de gestión financiera entregadas por los entes fiscalizables es “información reservada que la Auditoría Superior del Estado tiene bajo custodia para el ejercicio de sus atribuciones”.

Agrega que la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública establece de manera expresa la prohibición para publicar información sobre los documentos que integran las cuentas públicas, como documentos comprobatorios y justificativos de gasto público, avances de gestión financiera, inversiones autorizadas, subsidios, entre otros.

También hace referencia a lo señalado en el artículo 35 bis de la Constitución, en el sentido de que la auditoría “deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que se rindan los informes” de las cuentas públicas. Por ello, asegura, se trata de “información pública protegida y cuyo acceso es restringido”.

Sobre la información fundamental, es decir, aquella que debe publicarse sin necesidad que el ciudadano la solicite, el Poder Legislativo, del cual forma parte la ASEJ, argumenta que es responsabilidad del mismo poder, a través de su asamblea o comisiones.

Por su parte, el Congreso del Estado sigue sin actualizar su información, a pesar que desde el 10 de febrero venció el plazo para que lo hiciera. En particular, en lo que se refiere a información financiera, la última publicación que aparece es la de noviembre de 2015.

El gobierno del estado mantiene la publicación de su información a través de sistemas de búsquedas, pero no en bases de datos que puedan ser consultadas de manera directa por el ciudadano, como marca la nueva ley. Esto implica que, por ejemplo, en el caso de la nómina, se deban conocer todos los datos del funcionario que se busca para saber cuánto gana.

La presidente del Itei, Cynthia Cantero Pacheco, confirmó que se vencieron ya los plazos para cumplir con la nueva ley, en lo que se refiere a la información fundamental. Ya se sancionó por no cumplir a once presidentes municipales.

Resolución

El Itei resolvió además que el Ayuntamiento de Guadalajara deberá entregar toda la información en torno al mercado Corona, la cual había sido negada por la anterior administración, por lo que además se aplicaron amonestaciones públicas a los ex funcionarios responsables.

También determinó multar con 7 mil 10 pesos a los ex titulares de los DIF en Chapala y Guachinango, así como con 701 pesos al ex director de Administración del Instituto de Justicia Alternativa y el responsable de la Unidad de Transparencia en Villa Purificación.

HJ/I