Hackers y Panama Papers

Las denuncias públicas de los graves abusos de poder y las tropelías cometidas por grupos gobernantes y sus aliados han salido, básicamente, de cuatro sectores: de aquellos medios informativos que investigan y sí ejercen su derecho al periodismo crítico; de algunos cuadros de partidos políticos cuando son realmente opositores y revelan anomalías; de organizaciones civiles y ciudadanas preocupadas en asuntos de interés colectivo o afectadas por decisiones arbitrarias; y de actores académicos, universitarios, que no sólo se dedican a investigar sino también a intervenir en la vida social y política con su pensamiento crítico y sus propuestas.

Los cuatro sectores están interrelacionados. Los cuatro integran las principales fuentes de investigación e información, muchas ocasiones total o radicalmente distinta a la versión oficial o a la que el mismo sistema impone. Son incómodos y pueden favorecer, si lo hacen en conjunto, algunas transformaciones.

Porque desde el interior de las instituciones públicas o de los grupos de poder poco o nada se puede esperar en cuanto a que hagan un ejercicio autocrítico, de reconocimiento de abusos, y mucho menos de cambios profundos. Su condición homeostática los conduce a impedir que les hagan olas y a que, cuando hagan cambios, sea para no cambiar lo esencial.

Aunque hay más ejemplos, en los últimos días se comprueba cómo los cuatro actores mencionados pueden sacar a la luz pública acontecimientos que desde los grupos del poder difícilmente o jamás se hubieran conocido. Es el caso de las indagaciones llamadas Panama Papers, donde más de 100 medios informativos del planeta, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pusieron al descubierto cómo empresarios, narcotraficantes, dirigentes políticos y una larga lista de personajes renombrados han sido asesorados por el despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá, para traficar millones de dólares, esconderlos en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos. Toda una maraña de complicidades para encubrir las riquezas insultantes de gente poderosa, incluidos empresarios mexicanos cercanos a Enrique Peña Nieto.

Otro caso es el del hacker colombiano Andrés Sepúlveda, quien confesó a bloomberg.com cómo con otros personajes del subterráneo mundo cibernético metieron mano en diversas elecciones de Latinoamérica, incluidas las de 2012 en México, para favorecer al candidato del PRI y ahora presidente de la República, además de organizar acciones que buscaron enfadar a electores para así quitar votos al actual alcalde tapatío, Enrique Alfaro, y que ganara Aristóteles Sandoval. Las declaraciones de Sepúlveda revelan con detalle cómo operan esos grupos al servicio del mejor postor y que lo mismo roban bases de datos que intervienen celulares, usan bots o se hacen pasar por seguidores de candidatos.

Ambos casos muestran cómo hay que desconfiar de las instituciones. En el caso de los Panama Papers, ¿dónde está el combate del SAT a estas evasiones fiscales multimillonarias? ¿A poco son tráficos clandestinos que desconocen? ¿Qué se ha hecho desde el Congreso de la Unión para legislar y atacar a estos sinvergüenzas? Y en cuanto a los hackers electorales, ¿es posible confiar en el Instituto Nacional Electoral y en los comicios luego de conocerse estas intervenciones ilegales? ¿Dónde estaba la fiscalía electoral? Son muchas las preguntas. Hasta ahora se han minimizado estos graves delitos, como hizo la Presidencia de la República, o bien se anuncia una supuesta investigación, según el SAT. Los grupos de poder cubren sus propios pantanos para evitar que los exhiban.

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