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Atrapados por el crimen

(Foto: Grisel Pajarito)

Alcaldes amenazados o atacados por sicarios, como sucedió con el edil de Ahualulco de Mercado. Seis corporaciones municipales desarmadas debido a presuntos vínculos con grupos delictivos. Indefensión de los responsables de seguridad pública ante el mayor número y mejor armamento de bandas criminales. Policías con bajos sueldos y escasa capacitación, que al no aprobar los exámenes de control de confianza son dados de baja. Poblaciones como Lagos de Moreno, Ocotlán y Villa Purificación que se vuelven focos rojos. Jefes policiales y escoltas asesinados, los más recientes, de Tlaquepaque, y una Fuerza Única Regional que, acusada de actos de tortura y sin convencer, mermó a las corporaciones locales.

Ante el crimen organizado, los municipios de Jalisco están vulnerables, en especial los ubicados fuera del área metropolitana. La mayoría de los ayuntamientos son débiles ante un enemigo sanguinario y poderoso, lo cual aporta argumentos a quienes consideran que debe existir un mando único.

De la revisión de las averiguaciones previas abiertas o carpetas de investigación en cada municipio, de 2011 a la fecha, se desprende que la lista de más delitos cometidos por habitante la encabezan los del área metropolitana de Guadalajara, pero también algunos que han tenido conflictos serios como Villa Purificación, Lagos de Moreno y Ocotlán.

Delitos por habitante

Con más delitos

Con menos delitos

Uno de los factores que han mermado a las Policías municipales de Jalisco son las bajas de sus agentes al no aprobar las evaluaciones de control de confianza. La primera etapa mutiló alrededor de una cuarta parte de los uniformados de las corporaciones locales; además, mandos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) estiman que hasta uno de cada cuatro elementos recibe dinero de delincuentes.

Además, la entidad es cuna del grupo criminal considerado como el más peligroso de México por su poder financiero y armado: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al cual se atribuye la mayoría de las operaciones de producción y contrabando de droga en el estado, robo de combustible, desapariciones y asesinatos.

Ante la sospecha de que policías municipales pudieran estar coludidos con el crimen organizado, en lo que va de la actual administración estatal el gobierno ha desarticulado a seis corporaciones de seguridad y ha asumido de forma temporal la vigilancia de esos territorios.

En diciembre de 2014 fueron desarmadas las Policías de Cocula y de Casimiro Castillo y, unos meses después, las de Villa Purificación y de Unión de Tula. En junio del año pasado el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz ordenó de manera preventiva la desarticulación de las corporaciones de Pihuamo y Jilotlán de los Dolores.

De 173 elementos de esos municipios que se sometieron a reevaluación, solamente 48 aprobaron y concluyeron un curso de acreditación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para volver a sus localidades en octubre de 2015.

Todavía hasta enero permanecieron 16 jefes policiales de municipios de Jalisco que habían reprobado los exámenes de control de confianza obligatorios para asumir el cargo; durante las evaluaciones de 2014 fueron determinados como no aptos 25.6 por ciento de los agentes municipales en el estado y 15.8 por ciento de los estatales; actualmente se realizan de forma escalonada las nuevas pruebas de certificación.

“Ha habido Policías municipales cooptadas y hemos depurado la Policía Estatal”, afirmó el gobernador cuando, el 24 de febrero, fueron asesinados tres policías de Tlaquepaque, uno de ellos un alto mando, a plena luz del día y en una avenida muy transitada. Sandoval Díaz concluyó que el CJNG “se ha venido infiltrando en los distintos cuerpos de seguridad”.

A principios de marzo el presidente municipal de Ahualulco de Mercado, Víctor Eduardo Estrada Luquín, fue atacado por un comando armado, presuntamente del CJNG, que luego rafagueó las instalaciones de la comandancia municipal.

Antes, entre diciembre del año pasado y febrero de éste, una célula criminal convirtió al municipio de Lagos de Moreno en campo de batalla, con decenas de muertes entre delincuentes y agentes estatales.

En Jilotlán de los Dolores, un convoy de policías estatales fue emboscado en octubre de 2010 por un grupo armado que asesinó a nueve uniformados; meses después, en mayo de 2011, en un enfrentamiento con policías federales murieron 15 presuntos delincuentes que operaban en el colindante municipio Tepalcatepec, Michoacán, cuna de los grupos de autodefensa. La policía jilotlense ha sido incapaz de detener el abandono de cuerpos, ejecuciones y diversos enfrentamientos que han ocurrido en ese municipio durante los últimos años.

Veredas del miedo

La Fuerza Única avanza en convoyes artillados. Esta medida no evitó que un comando del CJNG masacrara a 15 agentes el año pasado, cuando viajaban de Puerto Vallarta a Guadalajara, en las inmediaciones del municipio de San Sebastián del Oeste.

Con sicarios más diestros que grupos élite del Ejército mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel, eludió la emboscada para capturarlo en Villa Purificación y terminó con la vida de ocho elementos de las fuerzas armadas, el 1 de mayo de 2015, tras derribar un helicóptero.

Ese día el CJNG puso en jaque a las corporaciones policiacas y al Ejército luego que en por lo menos 25 municipios, incluida la zona metropolitana, bloqueara avenidas y carreteras, incendiara gasolineras, vehículos y comercios, e hiciera frente a las fuerzas del orden. Las Policías municipales se vieron superadas para contener la sorpresiva acción.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, la violencia no para. En 2015 aumentaron los homicidios y la tendencia en lo que va de este año es a la alza. En los últimos tres años criminales asesinaron a 125 servidores públicos, sin contar a agentes federales y efectivos de las fuerzas armadas.

El discurso oficial promete que la seguridad cambiará con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los mandos únicos. Sin embargo, la mayoría de los policías carece de capacidad, desconoce el procedimiento y no recibe un salario digno. Incluso, entre los uniformados hay quienes nunca han disparado un arma ni siquiera para entrenar.

Percepción de inseguridad

“Ha llegado el momento de devolverle al ciudadano la confianza y la tranquilidad en nuestro estado”. Éstas fueron las palabras de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en su primer discurso como gobernador de Jalisco, el 1 de marzo de 2013.

Ese año, 75.9 por ciento de los jaliscienses consideró que vivir en el estado era inseguro y, desde entonces, los índices no han vuelto a 61.5 por ciento de percepción de inseguridad con que cerró el anterior gobierno en 2012, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) 2015.

La percepción de inseguridad prevaleció en 68 por ciento de la población en 2014 y creció a 69.6 por ciento en 2015, como muestran las estadísticas.

La sensación de inseguridad no necesariamente corresponde con la incidencia delictiva, pero una de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 fue reducir esa percepción a 58 por ciento en 2015.

La encuesta 2014, que dio a conocer el año pasado el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, concluyó que la percepción de inseguridad de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara es de hasta 72 por ciento en el caso de El Salto; de 52 por ciento en Tlajomulco de Zúñiga y de 49 por ciento en Tlaquepaque.

Delitos por municipio

Transición y transformación

La aprobación de la estructura de la actual Fiscalía General se gestó a partir de la propuesta de Sandoval Díaz, entonces gobernador electo, de fusionar la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) con la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social.

La nueva dependencia absorbería, además, las funciones de policía vial, de protección civil y bomberos, y de ciencias forenses. La reforma fue publicada el 27 de febrero de 2013.

La permanencia del entonces secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, en el gabinete estaba pactada desde la campaña electoral de Sandoval Díaz para la gubernatura y su ratificación como fiscal general ocurrió el 20 de marzo, luego de una reforma constitucional realizada ex profeso para permitirle asumir el cargo, pues haber formado parte del gabinete anterior era un impedimento.

Nájera Gutiérrez de Velasco se quedó en el cargo hasta julio de 2015, sin que su salida ameritara más explicaciones que el ciclo cumplido. El 9 de ese mismo mes fue nombrado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, dos meses después de iniciada la Operación Jalisco, una estrategia federal dirigida contra el CJNG.

Combinación policial

Cuando fue alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval se había opuesto al mando único policial. Ya siendo titular del Ejecutivo, a mediados de 2013, anunció que el mando único se conformaría con policías aportados por las corporaciones municipales y estatal, cuyos salarios estarían homologados con la aportación de cada ayuntamiento para el salario de los policías involucrados, más la diferencia aportada por el gobierno estatal; la corporación fue nombrada Fuerza Única y depende del comisionado de Seguridad.

Después de tres años, el 17 de marzo de 2016, se graduó la primera generación de 147 policías de la Fuerza Única Jalisco para unirse a una debilitada institución, cuyo futuro pende de la discusión legislativa acerca de los mandos únicos estatales propulsados por el gobierno federal.

El proyecto comenzó con la Fuerza Única Metropolitana (FUM), conformada por 400 elementos provenientes de la Policía estatal y de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, quienes habían participado en una capacitación exprés en manejo de armas de asalto y tácticas especiales; arrancó funciones el 15 de diciembre de 2013. Los cuatro municipios metropolitanos gobernados por Movimiento Ciudadano retiraron sus elementos de la FUM con el cambio de administración, en octubre de 2015.

El paso siguiente fue la Fuerza Única Regional (FUR), que comenzó a operar el 21 de julio de 2014 con un estado de fuerza de mil 537 elementos, pero que a febrero de 2016 solamente tenía mil 50, con bajas por haber reprobado los exámenes de control de confianza o porque decidieron dejar la corporación.

Mafia y combate

Las bajas en la Fuerza Única no fueron únicamente por falta de aptitudes para el servicio o decisión propia, sino también por enfrentamientos armados contra el cártel.

El lunes 6 de abril de 2015 murieron 15 agentes de la FUR y cinco resultaron con lesiones en San Sebastián del Oeste durante una emboscada atribuida a gatilleros del Nueva Generación como represalia por la muerte de Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, que ocurrió durante un enfrentamiento contra policías en Zacoalco de Torres, el 23 de marzo previo.

La masacre de esos 15 policías fue la mayor perpetrada por un grupo criminal contra grupos policiales en México, pero el cártel también fue responsable de la más grande matanza contra las fuerzas armadas en el país el 1 de mayo del mismo año, durante el inicio de la Operación Jalisco, comandada por el Ejército mexicano y dependencias federales.

Murieron ocho efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el inicio de la operación, cuando criminales altamente adiestrados derribaron un helicóptero; murió también en el ataque un policía federal, mientras que 13 soldados sobrevivieron con heridas; además, un elemento de la fiscalía falleció en un enfrentamiento contra miembros del CJNG que realizaban bloqueos de calles y carreteras.

El objetivo de la operación era la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel catalogado como el más peligroso de México por la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y con especial atención del gobierno de Estados Unidos, que vinculó al grupo criminal con la mafia de otros países y congeló los activos financieros de presuntos operadores de la organización criminal transnacional.

Herencia del gobierno panista a la actual administración, el CJNG se formó después de la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, abatido el 29 de julio de 2010 en Zapopan, quien era operador del Cártel de Sinaloa en Jalisco y tenía bajo su control al entonces Cártel del Milenio, también conocido como Cártel de los Valencia.

Con la captura de los Valencia, entre 2009 y 2012, El Mencho se hizo del control del grupo criminal e inició una guerra por las operaciones criminales en el estado en contra de La Corona o La Resistencia, remanentes del grupo que comandaba Nacho Coronel, y contra Los Zetas y La Familia Michoacana, posteriormente Los Caballeros Templarios.

Para 2013, ya el Cártel Jalisco Nueva Generación tenía la supremacía criminal en Jalisco y se expandía en Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, con actividades también en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México e incluso para 2015 en Tijuana.

De los 122 objetivos prioritarios de la Agencia de Investigación Criminal, entre 2013 y mayo de 2015, sólo dos de los 76 detenidos corresponden a miembros del CJNG y sólo uno de los 14 abatidos, según la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre las recientes capturas de miembros del cártel figura Daniel Dany Quintero Riestra, quien controlaba las operaciones criminales en la ZMG y fue detenido el 12 de octubre de 2015 en Quintana Roo.

Abigael González Valencia, El Cuini, líder de la organización financiera Los Cuinis, asociada al CJNG, fue detenido en Puerto Vallarta el 28 de febrero de 2015 en una operación federal; su hermano Elvis se presentó a un hospital a recibir atención médica por un balazo y fue detenido en Jalisco el 2 de enero de 2016.

Se atribuyen al CJNG homicidios como el del ex secretario de turismo Jesús Gallegos Álvarez, perpetrado a nueve días de haber iniciado la administración estatal, crimen presuntamente ordenado por Daniel Quintero al considerar que realizaba actividades de dinero para Los Caballeros Templarios.

También se atribuye al Cártel Jalisco el asesinato de 75 personas enterradas en 37 fosas clandestinas a orillas del río Lerma en el municipio de La Barca, descubiertas en noviembre de 2013, así como distintas fosas en otros municipios del estado.

Miembros de una célula del cártel enfrentaron a policías federales en Ocotlán, con cinco agentes abatidos y siete personas más fallecidas en la refriega; en mayo de 2015 murieron 43 presuntos criminales vinculados al CJNG en un enfrentamiento contra agentes federales en Tanhuato, Michoacán; un jefe de célula en Lagos de Moreno ordenó desaparecer a siete jóvenes en julio de 2013.

Las más de 2 mil 500 personas desaparecidas en distintos municipios de Jalisco son, precisamente, uno de los síntomas más crueles de cómo la población ha quedado a merced del crimen.

Resultados policiales

Según la Fiscalía General, siete de 10 delitos de alto impacto en Jalisco decrecieron entre 2013 y 2015. Además, asegura que hubo una disminución en delitos de índole patrimonial, como robos a bancos, a negocio, a persona, a vehículos particulares y a casa-habitación, así como secuestro y violación, con decrementos de hasta 70 por ciento con respecto al primer año de gobierno.

En el contexto de la guerra por el control de Jalisco entre el CJNG y sus grupos antagónicos hubo una constante disminución en la cantidad de homicidios de 2011 a 2014; sin embargo, la forma de asesinar cambió a partir de 2013, lo que hace suponer que los responsables de los crímenes torturaban a sus víctimas con el propósito de obtener información.

En esa vorágine de violencia, planes en marcha, promesas a raudales y fallas operativas, los municipios quedaron atrapados.

De 2011 a 2012

Aumento de delitos

Atenguillo 177.7%
Cuautla 125%
Mexticacán 80%
Jilotlán de los Dolores 71.4%
Yahualica de González Gallo 67.8%
San Sebastián del Oeste 62.5%
Tolimán 52%
Tecolotlán 50%
Juchitlán 40%
Valle de Guadalupe 30.6%
Acatlán de Juárez 25.3%
Tepatitlán de Morelos 24.3%
Chiquilistlán 23%
Zapotitlán de Vadillo 20%
San Ignacio Cerro Gordo 19.1%
Bolaños 19%
Sayula 8.6%
Techaluta de Montenegro 17.2%
Ejutla 16.6%

Reducción de delitos

Totatiche 51.4%
Guachinango 55%
Mezquitic 55.1%
Santa María del Oro 60%
San Juanito de Escobedo 65.6%

De 2012 a 2013

Aumento de delitos

Mezquitic 192.3%
Huejuquilla El Alto 180%
Tonaya 152.9%
Ahualulco de Mercado 111.6%
Jesús María 107.9%
San Juanito de Escobedo 104.5%
Guachinango 100%
San Marcos 75%
Huejúcar 66.6%
Totatiche 58.8%
El Arenal 57.3%
Atemajac de Brizuela 53.8%
Tuxcacuesco 53.8%
Concepción de Buenos Aires 47%
San Gabriel 45.2%
Autlán de Navarro 44.1%
Tizapán El Alto 43.2%
Ameca 41.8%
Jocotepec 40.6%
Cuautitlán de García Barragán 39.8%

Reducción de delitos

Valle de Guadalupe 43.5%
Mexticacán 44.4%
Tolimán 50%
Valle de Juárez 53.4%
Cañadas de Obregón 68%

De 2013 a 2014

Aumento de delitos

San Cristóbal de la Barranca 153.8%
Tolimán 73.6%
San Martín de Bolaños 66.6%
Etzatlán 65.67%
Valle de Guadalupe 63.8%
Mexticacán 60%
Valle de Juárez 55%
Juchitlán 44.4%
San Diego de Alejandría 44.4%
La Manzanilla de la Paz 40%
Tuxcueca 37.5%
Mascota 36.36%
Tonila 36.3%
San Julián 35.9%
San Marcos 35.7%
Ahualulco de Mercado 35.4%
Villa Corona 31%
Cuquío 27.1%
Cañadas de Obregón 25%
Chiquilistlán 25%

Reducción de delitos

Bolaños 44.8%
Atoyac 41.6%
Ejutla 44.8%
El Limón 50%
San Gabriel 54.7%

De 2014 a 2015

Aumento de delitos

Pihuamo 138.8%
El Limón 121.4%
Quitupan 115%
Cañadas de Obregón 110%
Atemajac de Brizuela 100%
Teocuitatlán de Corona 92%
Cuautla 85.7%
Mexticacán 75%
Zapotitlán de Vadillo 68.4%
San Ignacio Cerro Gordo 67.9%
Tala 62.6%
Tamazula de Gordiano 62.4%
Atenguillo 44.4%
El Arenal 40.6%
Mezquitic 40%
Tenamaxtlán 40%
Zapotiltic 38.1%
Bolaños 37.5%
Teuchitlán 34.8%
Huejúcar 33.3%

Reducción de delitos

Villa Guerrero  53.2%
Chiquilistlán 55%
Juchitlán 56.4%
Santa María del Oro 60%
San Cristóbal de la Barranca 63.6%

Fuente: Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (Mide)