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Descarado
El voto despojando afores
La Unión Europea (UE) está ampliando su batalla contra Google, alegando que la compañía de tecnología altera el mercado de las app para teléfonos móviles, al dar trato preferencial a sus propios productos a través de su sistema operativo Android.
La comisionada antimonopolios de la UE, Margrethe Vestager, acusó que "la conducta de Google priva a los consumidores de una gama más amplia de app y servicios móviles e impide la innovación".
El sistema operativo Android está diseñado para destacar el motor de búsqueda, mapas, Gmail, YouTube y otros productos de Google que le permiten vender más publicidad digital. Los fabricantes de aparatos no están obligados a usar Android tal como lo dispone Google, pero los reguladores europeos están investigando denuncias de que la compañía sanciona a los que se desvían del diseño preferido por Google.
Vestager inició lo que, se anticipa, será una batalla legal prolongada con una llamada Declaración de Objeciones, en la que acusa a Google de aprovechar su alta cuota de mercado para obligar a los clientes a usar sus aplicaciones.
"Es un paso interino, no el fin del camino", expuso la funcionaria.
Google es objeto de varias investigaciones de la UE, la mayor de ellas referida a sus servicios de búsqueda.
De acuerdo con expertos, de ganar la acusación la Unión Europea, Google tendría que pagar una multa equivalente al 10 por ciento de sus ventas, es decir, cerca de 6 mil 600 millones de euros (7 mil 457 millones de euros); esto significaría una de las multas más abultadas que haya impuesto un organismo oficial contra una empresa privada.
La compañía tiene 90 por ciento del mercado de servicios de búsqueda o de licencias de operadores. "Eso no es ilegal en UE, pero las compañías dominantes tienen la responsabilidad de no abusar restringiendo la competencia. Nuestra visión preliminar es que ha abusado de su posición dominante", aseguró la comisaria.
La empresa multinacional rechazó las acusaciones, pues dijo que desea "colaborar con la Comisión Europea para demostrar que Android es bueno para la competencia y bueno para los consumidores".
Cuatro de cada cinco teléfonos celulares y tableta, en el mercado mundial tanto como en el europeo, utilizan Android.
Google tomó el mercado por asalto desde hace ocho años, cuando empezó a entregar gratuitamente el software Android a los fabricantes para tratar de competir con el enorme éxito del iPhone de Apple.
"La Comisión Europea ha investigado nuestro negocio y ha enviado un pliego de cargos, mostrando su preocupación por el impacto sobre la competencia. Nosotros nos tomamos muy en serio esas preocupaciones, pero creemos que nuestro modelo de negocio rebaja los costes en los fabricantes y eleva su flexibilidad, al tiempo que da a los consumidores un control sin precedentes en sus dispositivos móviles", señaló Kent Walker, vicepresidente y abogado general de Google.
"Los acuerdos con nuestros socios han ayudado a tener un ecosistema sostenible e importante sobre la base del software abierto. Vamos a trabajar con la Comisión Europea para demostrar lo cuidadosos que hemos sido en el diseño de Android de una forma que es buena para la competencia y los consumidores".
Aunque apenas esta semana la comisionada Vestager envió el primer pliego con las acusaciones concretas, el caso contra Google lleva más de un lustro abierto.
Las autoridades centraron tres puntos que creen incompatibles con la legislación europea:
*La obstaculización ilegal del desarrollo y acceso al mercado de las aplicaciones móviles rivales o servicios para exigir, o incentivar a los fabricas en de teléfonos inteligentes y tabletas, a preinstalar aplicaciones propias de la empresa.
*Impedir a fabricantes de teléfonos inteligentes y tabletas el acceso al mercado de los sistemas operativos móviles rivales y de aplicaciones o servicios de telefonía móvil.
*Desarrollar a Android como open source, es decir, cualquiera puede usar su código y desarrollar sistemas operativos modificados. “El código abierto no es obviamente nuestra preocupación, al contrario. Pero no todas las prácticas de negocio parecen tan abiertas o justas”, expuso la comisionada Vestager.
HJ/I