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Guardería ABC: La justicia que no llega

(Fotos: Cuartoscuro)

Periódicos del país titularon al día siguiente de manera similar: “Mueren 31 niños al arder guardería en Hermosillo”. La portada de un diario sonorense muestra a una paramédica del Departamento de Bomberos que con el rostro desencajado carga en brazos a una niña desfallecida, de cuerpo encenizado y herida. En otra fotografía un vecino corre sin camisa, que utiliza para envolver a otro menor que rescata del infierno. En una tercera imagen un padre conmovido habla por un celular mientras sostiene a su hija, sana y salva. Horas antes, el viernes 5 de junio de 2009, la Guardería ABC se había siniestrado totalmente.

La peor tragedia en México, en que las víctimas eran bebés de 5 meses hasta infantes de 5 años de edad, exhibió el desorden, las condiciones inadecuadas y la falta de supervisión de las estancias infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la República. La Guardería ABC era sólo una de las que en gran número se hallaban vulnerables a un accidente.

Conforme pasaron las horas y los días del incendio, la cifra de niños y niñas muertos, quemados y asfixiados, ascendió a 49. Más de 100 resultaron lesionados. La primera hipótesis que circuló sobre las causas, luego modificada, fue que tras un cortocircuito explotó un vehículo con combustible, estacionado en un almacén de la Secretaría de Hacienda del Estado, contiguo a la estancia infantil. El fuego se propagó a la guardería. Un conductor se abrió paso con su camioneta entre las llamas y el humo negro, derribó tres muros; otros perforaron paredes y, aun a costa de exponer su integridad, ingresaron maestras y personas a rescatar a los pequeños. Pero el fuego ya había cobrado vidas inocentes.

A los pocos días, funcionarios del IMSS fueron cesados. Los padres de familia exigieron justicia. Señalaban que entre los propietarios de la guardería había por lo menos un familiar de la pareja presidencial Felipe Calderón y Margarita Zavala. Los padres y madres de los niños y niñas se organizaron, una parte de ellos creó el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Las investigaciones dejaron intocables. Cayeron sólo funcionarios menores.

Antes de que se cumpliera el séptimo aniversario de la tragedia, el 13 de mayo, el juez Primero de Distrito en Sonora impuso condenas de 20 a 29 años de prisión únicamente a 19 de 22 implicados. Los delitos de que se les acusa son homicidio culposo y otros. Sin embargo, ninguno pisará la cárcel dado que son delitos considerados no graves. Padres de familia resumen su postura: la sentencia llega tarde y es deficiente.

De los cuatro socios de la Guardería ABC, dos no están en la lista de los 19 sentenciados. Se trata de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, y Gildardo Urquídez Serrano. Ambos fueron beneficiados con anterioridad por un juez que dictó resolución absolutoria anticipada en su caso; es decir un sobreseimiento. Quedaron absueltos.

Como las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia no cumplen con su trabajo, los padres de familia interpusieron una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La demanda se encuentra en proceso de admisión. La justicia aún no llega.

Las primeras horas y días

La estancia infantil era privada y funcionaba desde el 6 de agosto de 2001 bajo el esquema de subrogación por el IMSS. Estaba a dos meses de cumplir ocho años de ofrecer el servicio cuando ocurrió el incendio. Era una de las mil 500 que operaban en el país con ese modelo, o sea, concesionadas a particulares y con los estándares que marcaba el instituto, que tenía sus propios centros para atender a los niños y niñas de madres derechohabientes. El número de los establecimientos privados concesionados aumentó, sin control ni revisión.

La guardería se hallaba en la colonia Y Griega, de Hermosillo. El edificio en el que se encontraban los niños tenía al lado una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal de Sonora. Ahí se resguardaba un archivo y placas de vehículos, las cuales acomodaban los empleados antes de terminar su turno y apagar el aire acondicionado, según dijeron.

Alrededor de las 15 horas los niños dormían la siesta. La versión oficial es que se sobrecalentó un sistema de enfriamiento de la bodega, lo que fundió el aluminio del motor y provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre los archivos. El incendio se propagó con rapidez a la Guardería ABC, que albergaba en ese momento 176 pequeños. En el lugar laboraba medio centenar de empleados. El fuego, el humo y vapores tóxicos saturaron el lugar. “Algo explotó y sonó la alarma”, contó una de las trabajadoras de la estancia. Los niños más cercanos a la bodega resultaron con las quemaduras más graves, indicaron testigos.

Las llamas atrajeron a empleados de negocios cercanos, a conductores de vehículos y peatones que acudieron a apoyar las tareas de rescate. Los primeros en llegar fueron policías estatales y municipales y bomberos, que condujeron a los más graves a distintos hospitales. Era un caos. Padres de familia buscaban a sus hijos. Gritos. Llantos. Las escenas de dolor eran inenarrables. Unos niños murieron dentro. Otros se ahogaban con su saliva, espesa y negra. Con la ropa pegada a la piel carcomida y ennegrecida por el fuego, sacaron bebés moribundos. “Fue horrible ver eso”, dijo uno de los vecinos que ayudó en el rescate. Minutos después arribaron ambulancias de la Cruz Roja. Decenas de niños estaban desaparecidos. El gobernador Eduardo Bours, quien se hallaba en una reunión de trabajo en Arizona, mandó sus condolencias.

Al día siguiente, 6 de junio, el número de muertos creció a 38. Se reportó que 15 sobrevivientes se hallaban en situación crítica. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y envió a Hermosillo a tres peritos en incendios. El presidente Felipe Calderón y su esposa viajaron a la ciudad para visitar con el gobernador a niños hospitalizados y a familiares de las víctimas. “Me encuentro consternado por la situación y desde donde esté voy a rezar por todos ustedes porque todo se mejore”, dijo. Añadió que el país estaba de luto y que se haría justicia. El cabildo del Ayuntamiento de Hermosillo decretó tres días de duelo. Los padres y las madres empezaron a enterrar a sus niños en el panteón municipal. Los cuatro dueños de la guardería fueron identificados en el Registro Público de la Propiedad. El entonces director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, informó que la guardería estaba subrogada desde 2001 y que el contrato vencía precisamente en 2009.

El domingo 7 de junio los fallecimientos continuaron hasta sumar 43. Los mensajes de condolencias continuaban llegando de todo el mundo. Uno de ellos fue del papa Benedicto XVI, quien expresó que se sentía “profundamente apenado” por la dolorosa noticia. Los niños sobrevivientes permanecían en los hospitales. De ahí, algunos partieron a centros de atención especializados de otros países y de diferentes ciudades del país. A Jalisco se trasladó a 10 de las víctimas quemadas que fueron atendidas en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. El procurador de justicia de Sonora, Abel Murrieta, aseguró que los responsables del incendio recibirían el castigo correspondiente. Los encargados de hacer visitas periódicas a la guardería son el propio IMSS y el ayuntamiento, dijo el titular del instituto. No se protegerá a nadie, sostuvo.

Conforme pasaban los días, el total de muertes ascendió a 49, de los que 24 eran niñas y 25 niños.

Clamor permanente

Tras enterrar a sus pequeños, adoloridos, los padres de familia empezaron a demandar justicia. Esa larga lucha que los condujo a participar en conferencias de prensa, plantones frente a palacio de gobierno de Sonora, marchas en Hermosillo, en la Ciudad de México y en distintas capitales, festivales culturales, rodadas en bicicleta, numerosas acciones jurídicas, reuniones acaloradas con funcionarios de los distintos niveles de gobierno. Medios informativos relataron cómo no avanzaban las investigaciones.

Los padres de familia prepararon demandas penales y civiles. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora anunció que consignaría a 13 personas como presuntas responsables del incendio. Las primeras cabezas rodaron el 18 de junio de 2009. El sábado 20 de junio los padres de familia realizaron la primera de las numerosas marchas en que habrían de participar durante años.

Se calcula que ese día participaron alrededor de 5 mil hermosillenses vestidos de blanco que lamentaron la ausencia de voluntad política por hacer justicia, exigieron celeridad en las indagaciones y demandaron que el gobierno estatal sacara las manos de las investigaciones por ser juez y parte, dado que familiares del equipo del mandatario sonorense eran copropietarios de la estancia infantil.

El 10 de junio el director del IMSS cesó al delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, quien había ocupado el mismo cargo en Jalisco. El 18 de junio despidió a la coordinadora nacional de Guarderías, la ex diputada federal panista Carla Rochín Nieto, y al director de Prestaciones Económicas y Sociales, José Antonio Salazar Salazar. Otros tres funcionarios fueron removidos. En ese contexto, Karam Toumeh declaró que había responsabilidad tanto del gobierno estatal como de la propia Guardería ABC, por lo cual demandaría a ambos por la vía civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entró a escena. En su carácter de vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador José González Morfín solicitó el 2 de julio de 2009 que la corte ejerciera la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97, segundo párrafo, de la Constitución política.

Ese mismo día, padres de familia de los niños afectados solicitaron por escrito, en la oficina de certificación judicial y correspondencia de ese tribunal que ejerciera la misma facultad de investigación. El 6 de agosto el pleno de ese tribunal aprobó investigar los hechos, los actos administrativos y las omisiones. Los dos magistrados comisionados entregaron un informe preliminar el 26 de febrero de 2010.

El 14 de junio de 2010, en sesión pública se discutió el proyecto de dictamen que presentó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Durante seis sesiones se abordó el caso. El ministro ponente dijo que la SCJN era la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso de poder, así como la única institución con fortaleza institucional para fijar precedentes que impidieran que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo.

De acuerdo con la crónica de la propia SCJN, el ministro ponente destacó las características e irregularidades del inmueble en que estaba la guardería, las anomalías de los sistemas de Protección Civil, la falta de requerimientos mínimos de seguridad que condujeron a la tragedia y la falta de coordinación entre las autoridades que originó un desorden generalizado.

El acontecimiento puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de Protección Civil y de Salud en los tres órganos de gobierno, advirtió. La tragedia era una enorme injusticia y una gravísima violación de derechos fundamentales, ya que pudo evitarse si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias para ello y hubieran cumplido con su deber, puntualizó.

Aclaró el ministro que el resultado de las investigaciones no prejuzgaba sobre la responsabilidad penal, administrativa o civil de los servidores públicos involucrados, sino señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas. Entre los responsables mencionó que estaban autoridades del gobierno del estado de Sonora, del Ayuntamiento de Hermosillo y del IMSS.

Después, en las deliberaciones, se dejó fuera a los dueños y administradores de la estancia infantil por no ser servidores públicos. También se eximió a los dos más recientes directores del IMSS, al gobernador y al titular de la Secretaría de Hacienda estatal, no así al de la Unidad Estatal de Protección Civil y funcionarios menores. Las resoluciones de la SCJN no tenían carácter vinculatorio sino sólo informativo.

Pasaron los años

De 2011 a 2014 fue encarcelada Delia Irene Botello, coordinadora zonal de Guarderías en Hermosillo, pero fue liberada por desvanecimiento de datos. Los familiares de miembros del gabinete de Bours y la prima de Margarita Zavala quedaron a salvo. Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien había sido director del IMSS de 2006 a marzo de 2009, poco antes del incendio, tampoco fue inculpado. Sin embargo, durante la campaña por la Presidencia de la República, la candidata panista Josefina Vázquez Mota lo relevó por los posibles daños políticos que le ocasionaría la vinculación de Molinar Horcasitas con la tragedia de la guardería.

En agosto de 2015 la PGR solicitó acción penal contra 22 empleadas de la guardería, pero el juez lo desestimó. La procuraduría acusaba a trabajadoras como las encargadas de limpieza, educadoras, pedagogas, cocineras, una enfermera, una vigilante y la directora. De nueva cuenta, quedaban a salvo los intocables. La aplicación de la justicia se ha entorpecido, declararon familiares de los niños muertos y lesionados.

El caso no está cerrado, a pesar de la sentencia emitida por un juez federal a 19 de 22 funcionarios el 13 de mayo de 2016. Los padres de familia de 24 de los niños fallecidos anunciaron que apelarán por no estar de acuerdo. La historia de la tragedia continúa.