Un Estado laico

En estos días en que se discuten públicamente temas que suscitan conflictos sociales, como el reconocimiento legal de las uniones conyugales entre personas del mismo sexo, sólo por citar uno de ellos, las cuatro universidades públicas más importantes de México se pronunciaron a favor de la defensa del Estado laico, con el argumento de que las marchas que buscan restringir el ejercicio de los derechos civiles de las poblaciones no heterosexuales ponen en evidencia que la discriminación con base en la orientación sexual de las personas es un fenómeno presente en México.

Días antes, como dio cuenta este mismo diario, el cardenal de Guadalajara afirmó que un Estado “que impone un solo esquema, una sola visión, una ideología, es un Estado totalitario”, y no es un Estado laico, pues según él para que el Estado mexicano sea laico debe garantizar que “todos sus ciudadanos tengan oportunidad de educarse de acuerdo a sus creencias, eso significa educación laica; de tal manera que si un padre es católico y dice ‘yo pido para mis hijos una educación católica’, el Estado le debe garantizar que ese derecho se le va a reconocer” (12 de septiembre de 2016).

Ante estas dos posturas considero que es necesario aclarar algunos términos. Por principio de cuentas, un Estado laico es un Estado agnóstico, es decir, un Estado que no da juicios sobre las verdades que conforman las creencias de cualquiera de las religiones presentes en su territorio, sino que se limita a actuar conforme a lo que se puede constatar, o a lo que se puede acordar. En esto se distingue de un Estado ateo, que claramente afirma la inexistencia de cualquier dios, y activamente trabaja por marginar o proscribir las religiones por considerar que su mensaje es falso.

El Estado laico se distingue también de los Estados confesionales, aquéllos que reconocen como verdadero el contenido de una religión en particular, y que determinan sus decisiones con base en las creencias que se derivan de esa religión. Por lo general los Estados confesionales suelen tratar los pecados o faltas religiosas como crímenes, por lo que obligan a todas las personas que residen en su territorio a comportarse como si fueran creyentes de la religión adoptada por el Estado, y en algunos casos llegan a perseguir a quienes practican otras religiones o son increyentes.

Como podemos ver, tanto el Estado confesional como el Estado ateo ponen en riesgo el derecho a la libertad de conciencia, así como la libertad de cultos e incluso el derecho mismo a la libertad. Por su parte, un Estado laico protege la libertad de conciencia y de cultos, pues no tiene elementos para juzgar si tal o cual creencia es correcta o incorrecta, o si tal comportamiento es bueno o malo, más allá de los efectos que dicho comportamiento produzca en el resto de los habitantes de su territorio.

En ese sentido, un Estado laico, idealmente, toma sus decisiones sobre la base de una “ética de mínimos”, es decir, con base en los acuerdos más básicos que se pueden tomar en una sociedad, a partir de aquello que es verificable. En otras palabras, las decisiones de un Estado laico deben fundamentarse en el conocimiento científico-técnico y en los derechos humanos.

De modo que si se le hiciera caso al cardenal de Guadalajara, y se impartiera una educación católica en las escuelas públicas se estaría violando el Estado laico, y se estaría entrando en una situación de un Estado confesional, lo que pondría en riesgo la libertad de todas las personas que no comparten del todo la fe de dicho cardenal, incluyendo algunos católicos.

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