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El caso Vega Pámanes

Las llamadas telefónicas que al comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, realizó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, para presuntamente pedir la liberación de dos personas armadas que son vinculadas con delitos es un caso que investiga la Fiscalía General del Estado. Ya abrió el expediente. Que indague a fondo para hallar la verdad es lo que se espera. La responsabilidad jurídica de lo que resulte de las indagaciones vendrá a recaer sobre el fiscal Eduardo Almaguer; la política, en el gobernador Aristóteles Sandoval.

Se trata de una grave acusación la que pesa sobre Vega Pámanes. Más allá de lo personal, que es relevante, es grave sobre todo por el cargo que ostenta como titular del Poder Judicial; es decir, del poder que administra la justicia en Jalisco, administración que es justa sólo si sus integrantes son los primeros en respetar los preceptos legales. Sean jueces, magistrados, consejeros de la judicatura, o bien secretarios, jefes de algún departamento o notificadores, su labor es cumplir a cabalidad con la impartición de la justicia. Y eso se espera sobre todo del titular del Poder Judicial.

El caso de Vega Pámanes viene a sumarse a otros anteriores que han hecho salga raspado cada vez más el Poder Judicial del estado. Desde cómo siguen circulando las versiones de que la justicia es para el mejor postor, donde las acusaciones de que procesos judiciales se mueven con base en dádivas o generosas sumas monetarias, hasta cómo los cargos de consejeros, jueces o magistrados se disputan, negocian y distribuyen entre los grupos políticos locales sin pudor alguno ni ética que los contenga.

La honorabilidad de la institución está puesta en entredicho. Fuera de los círculos de litigantes y funcionarios se observa cómo algunos miembros caen en escándalos que debilitan la confianza que se supone tendría un poder tan importante como el Judicial. Ya salió raspado el propio magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador, con las grabaciones que se dieron a conocer hace años sobre su activismo político electoral. Y de vez en vez se asoman los pleitos internos, o bien con otras dependencias externas, como sucede una y otra vez con la propia Fiscalía General del Estado.

Una frase vulgar que tiende a generalizar, pero algo debe tener de verdad, es que en tiempos de los gobiernos del PAN en el Poder Judicial del estado los de arriba agarraban lo que podían, pero no repartían entre los de abajo; con los gobiernos del PRI, los de arriba siguen agarrando lo que pueden, pero reparten entre los de abajo. Ésa es la diferencia que, con sorna, se escucha entre empleados de ese poder cuando hablan de cómo les va con las administraciones estatales de distintos partidos. Qué lamentable.

Que los diputados de todos los partidos políticos, incluido el PRI, demanden se investigue a fondo el caso Vega Pámanes o que los propios magistrados hasta ayer no se animaran a un pronunciamiento público a su favor son indicadores nada favorables para el imputado. Esto, de paso arroja dudas sobre el desempeño del resto de funcionarios de cualquier nivel. Es seguro que existen empleados honestos en el Poder Judicial, que actúan con ética, y por supuesto que la tabla rasa no aplica, sólo que esta vez la acusación llegó hasta la cúspide.

Si añadimos que el Poder Judicial es de los más oscuros, o si se quiere menos transparentes, que se resiste al escrutinio público, entenderemos por qué las miradas e interrogantes están puestas en cómo se desarrollen las investigaciones de la fiscalía y el futuro de Vega Pámanes.

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