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Crucificándose
Empiezan las campañas
¿Debe una niña de 12 años seguir adelante con un embarazo fruto de una violación sexual? Y si esa niña fue violada y embarazada por su propio padre, ¿es lógico exigirle a esa niña que le pida a su padre que le dé permiso para interrumpir su embarazo?
Lo correcto sería responder que no a ambas preguntas. Una niña víctima de violación no tendría que ser obligada a llevar a término un embarazo, especialmente si considera que lo mejor para ella misma es darlo por terminado de inmediato. Impedir que una niña aborte en una circunstancia así implica una doble violación, pues no solamente se le obligó a tener una relación sexual, sino que además se le pretende obligar a ser madre sin su consentimiento.
Sin embargo, en Jalisco, la Secretaría de Salud, y la mayoría de los diputados considerarán que la respuesta a ambas preguntas debe ser sí, pese a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que en México una de cada cuatro niñas sufre de abuso sexual antes de cumplir 18 años, y seis de cada diez abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares o conocidos cercanos. Lo peor del caso es el nivel de impunidad de dichos abusos, pues la misma CEAV estima que sólo uno de cada 100 agresores sexuales es consignado ante las autoridades.
De hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos reporta que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años.
A pesar de esas cifras, en Jalisco las autoridades médicas se niegan a aplicar la NOM 046, la cual estipula que en caso de embarazo por violación, las instituciones médicas del sector público deberán brindar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; y en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o tutor.
Debido a dicha negativa, pues incluso a niñas mayores de 12 años se les exige autorización de sus padres, el pasado martes el Diputado Pedro Kumamoto propuso que se exhortara a la Secretaría de Salud para que aplicara la NOM 046, pero la propuesta se rechazó, pues al parecer el resto de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco cedieron a la presión que ejercieron sobre ellos personas que quieren que se considere como delincuentes a niñas violadas que se atreven a solicitar que se interrumpa un embarazo que se les impuso.
Los argumentos de quienes criminalizan a esas niñas violadas asumen que las mujeres son irresponsables, incapaces de decidir por sí mismas lo mejor para sí mismas, y por eso las quieren obligar a seguir adelante con un embarazo que no desean. El temor de esas personas es que la NOM 046 servirá para permitir que muchísimas mujeres actúen de manera sexualmente irresponsable, y se dediquen a abortar cotidianamente, lo cual no deja de ser un prejuicio infundado y misógino.
Los diputados deben dejar de atender la presión de personas que quieren imponer al resto la sociedad su propio miedo a lo sexual, y asumir que son representantes de un pueblo que eligió construir un Estado laico, y en cambio deben favorecer que cada quien construya o reconstruya su proyecto de vida conforme a sus propias apuestas, sin afectar a los demás. No es correcto que nuestros diputados se dejen presionar por quienes quieren imponer sus normas religiosas al resto de las personas, convirtiendo los pecados en delitos.
[email protected]; @albayardo