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Durante estas campañas políticas, 36 denuncias por delitos electorales fueron presentadas ante la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales de Jalisco, confirmó el titular de esta dependencia, Ricardo Suro Gutiérrez.
“Depende del sujeto que cometió los delitos electorales; tenemos desde servidores públicos a los que se les cuestiona su desempeño y el tema de desvío de recursos públicos. Se ha denunciado mucho el robo de lonas y aunque no constituye un delito electoral por sí mismo, son delitos”, explicó el fiscal.
También recibió denuncias de ciudadanos que consideraron fueron condicionados o amenazados con la suspensión del beneficio de los programas sociales por no participar en algún evento proselitista o no favorecer a algún candidato.
Las 36 denuncias fueron presentadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y algunas en los municipios del interior del estado. “Todas están en proceso de integración”, informó Suro Gutiérrez.
“No tenemos un tiempo límite, esto tiene que ver con los elementos de prueba que se acompañen porque a veces se denuncian hechos que no son probados y si no contamos con los elementos, difícilmente podemos tener un término para integrarlos”, expuso.
Los tiempos para el proceso de cada denuncia por delito electoral dependen del tipo de delito y las pruebas que acompañen la querella, añadió.
Los delitos electorales puede ser cometidos por cualquier persona: ministros del culto religioso, funcionarios electorales o de partido, servidores públicos, diputados y senadores electos.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece cuáles son los delitos electorales así como las sanciones dependiendo si la persona que los cometió es un ciudadano, servidor público o funcionario de casilla.
Según lo señala en su artículo 5, las sanciones son mayores para los servidores públicos: se les pueden aplicar multas de 60 a 200 días de salario mínimo o, incluso, la privación de la libertad.
El fiscal aclaró que es necesario que la población conozca con precisión cuáles son los delitos electorales. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley General de Materia de Delitos Electorales explica uno de los más comunes: solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza.
“Estaremos en guardia todas las Agencias del Ministerio Público y todos los elementos de la fiscalía estarán laborando un día previo durante la jornada y un día después”, detalló Suro Gutiérrez.
Añadió que esperan una “jornada pacífica, tranquila y garantizando la seguridad”.
“Nuestra labor ha sido en coordinación con diferentes áreas de la fiscalía para generar condiciones para garantizar un proceso electoral tranquilo y garantizar que se sancione en caso de que se comenta algún delito electoral”, afirmó.
50 A 100 días de salario mínimo y seis meses a tres años de prisión a los ciudadanos que cometan algún delito electoral
60 A 200 días de salario mínimo y hasta privación de la libertad para los funcionarios que comentan algún delito
PHM / I