Tala pagará laudos con su patrimonio

El Ayuntamiento de Tala se dio por vencido y admitió que no puede pagar los laudos que le fueron dictados por el despido de cuatro trabajadores, por lo que puso a disposición dos terrenos propiedad municipal para que se cubran los adeudos.

Se trata de las áreas municipales de los fraccionamientos Jardines de Tala y Villas del Carmen, ambos ubicados en Tala. Según la certificación de Catastro municipal, en el primer caso el costo por metro cuadrado es de 950 pesos, mientras que en el segundo de mil 250 pesos.

Los despidos ocurrieron uno en 2009, otros dos en 2010 y uno más el año siguiente, sin que los alcaldes hubieran cumplido con la responsabilidad de cubrir las liquidaciones, por lo que los trabajadores demandaron ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, instancia en la que ganaron.

Una vez que se dictaron los laudos se requirió a las autoridades municipales para que los pagaran, sin que hubiera resultados, por lo que el tribunal solicitó al Congreso del Estado en varias ocasiones que se suspendiera sin goce de sueldo al presidente municipal Aarón César Buenrostro Contreras.

Al respecto, en cuatro textos remitidos al Congreso del Estado, se señala que el tribunal insiste en la suspensión del alcalde, “a pesar de que ya se le manifestó en reiteradas ocasiones la insuficiencia presupuestal que como Municipio tenemos, la imposibilidad material que se tiene para cubrir en una sola exhibición el monto de lo laudado, menos en un plazo de tres días hábiles, así como la negativa del demandante de negociar en parcialidades el laudo al que fuimos condenados”.

Los cuatro oficios fueron remitidos por el apoderado especial para pleitos y cobranza del Ayuntamiento de Tala, Miguel Ángel Bello Camacho, quien plantea cubrir con los terrenos los montos a los que fue sentenciado el Municipio por los juicios que quedaron bajo los expedientes laborales 3030/2010-D1, 1121/2009-E1, 1094/2011-D1 y 2120/2010-E1.

Los trabajadores que demandaron y que obtuvieron sentencias a favor, cuyos montos no se precisan en los documentos remitidos al Congreso, son Luis Manuel Cuenca Aceves, Marisela Ramírez Sánchez, María Gabriela Jovita Rodríguez Zepeda y José Carlos Contreras Gerardo.

El argumento para entregar los terrenos municipales es que la suspensión del alcalde “representaría un grave riesgo para el municipio”, ya que esto significaría dejarlo “en estado de ingobernabilidad, además de que el hecho de no saldar un laudo no es causa grave tipificada por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco ni por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco”.

DN/I