Demandan castigo a espionaje ilegal

El gobierno de Jalisco realiza vigilancia ilegal al carecer de permisos para hacerlo, además de violar la privacidad, denunció Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Señaló que la semana pasada presentaron el informe El Estado de la vigilancia fuera de control, en el que documentaron que en el país hay una gran cantidad de invasiones a la privacidad de manera ilegal e injustificada, y Jalisco destaca.

“Jalisco es uno de los mayores gobiernos que hacen vigilancia de sus ciudadanos sin controles y sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos”.

García mencionó que en el país, 99 por ciento de las veces que un gobierno le pide a una empresa de telecomunicaciones los datos sobre sus usuarios lo hace sin tener autorización judicial, cuando la Suprema Corte de Justicia lo ha señalado como una acción inconstitucional.

Esta organización detectó que en Jalisco, entre 2013 y 2015, la Fiscalía General del Estado reportó dos solicitudes de autorización judicial para hacer la intervención de comunicaciones privadas: una en 2014 y otra en 2015.

Pero también solicitó 107 accesos a datos de usuarios, como historial de llamadas, duración de las mismas, ubicación geográfica de los comunicantes o datos de identificación de los teléfonos, que reportaron las empresas y se hicieron sin autorización judicial. En 2016 hubo otras 500, de lAs cuales se desconoce si se consiguió la autorización y lo investigarán.

Cuando se preguntó al Poder Judicial, el director de R3D mencionó que les contestaron que no había otorgado ni un solo dato ni una solicitud de autorización de comunicaciones privadas en el mismo periodo. La información no coincide.

Con estos datos, el director de R3D enfatizó en que sólo hay dos suposiciones: el gobierno del estado usa el equipo comprado a la empresa italiana Hacking Team por 700 mil euros para vigilar sólo a dos personas o realiza vigilancias sin autorización judicial y sin saber a quiénes.

“En cualquiera de los casos es inaceptable, y por eso es que hemos venido a este Congreso para decirles a los diputados, y sabemos que el diputado (Pedro) Kumamoto así lo va hacer, que tiene que haber una investigación y tiene que haber consecuencias por toda esta vigilancia ilegal”, solicitó en una conferencia de prensa hecha en la sala de juntas previas del Congreso del Estado.

Aclaró que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dio muestras en el Foro de gobernanza de Internet de no darle importancia a la privacidad, pero a la sociedad sí le importa y exige cuentas.

El 9 de julio de 2015, El Diario NTR publicó que R3D exhibió documentación que demostraba la compra de equipo de espionaje por parte de gobierno del estado con la empresa Hacking Team, aunque la autoridad lo negó; tiempo después lo aceptó y justificó que se usaría para casos de secuestros. Actualmente no se conoce para qué se usa.

García manifestó que la efectividad de usar este equipo es pobre, porque en más de 90 por ciento de las averiguaciones previas en el país en las que se utiliza una medida de vigilancia que invade la privacidad de los ciudadanos nunca se ejerce acción penal, y en Jalisco representa 80 por ciento.

Aseguró que las personas vigiladas no son encontradas probables responsables de ningún delito.

Paulina Gutiérrez, oficial del programa Artículo 19, señaló que estos datos son preocupantes por la práctica de ilegalidad que se lleva a cabo por actores estatales, porque al adquirirse este software deben regirse por los principios de legalidad y transparencia de cómo se ejerce el recurso público para su compra y la manera en qué se usa.

Kumamoto señaló que estas asociaciones civiles han documentado que hay un estado de vigilancia en el país y en la entidad, y éste actúa de manera hipócrita recibiendo foros internacionales, pero sin poner consecuencias a quienes ejercen o generan un proceso de vigilancia.

Mencionó que pugnará para que exista una rendición de cuentas de cómo se emplea el software Galileo y todo aquello que tenga que ver con la ruptura de privacidad y se rindan cuentas de cómo es el gasto.

Denuncian mercado negro

La última investigación de Son tus datos reveló que hay un mercado negro de servicios de vigilancia y de comunicaciones en el país disponible a todo mundo, denunció el director Cédric Laurant.

Las sábanas telefónicas son vendidas a 5 mil pesos, las facturas de llamadas salientes con acceso de 15 veces al mes por 15 mil pesos y clonar un aparato para interceptar llamadas telefónicas por un mes por 35 mil pesos.

“El problema aquí no es solamente puede afectar a cualquier diputado de esta cámara, a cualquier ciudadano del estado de Jalisco, el problema es que no hay ningún control, cualquier persona puede comprar estos servicios si quiere difamar a alguien, si quiere revelar algo íntimo o vergonzoso sobre alguien”.

El especialista señaló que se debe legislar al respecto para evitarlo y rendir cuenta sobre lo que se hace.

Advirtió que también las empresas telefónicas y de móviles son responsables porque sus empleados corruptos son los que lo hacen, y podrían implementar más medidas de seguridad para evitarlo.

Laurent mencionó que este mercado lo usan adversarios políticos, entidades de gobierno o empresas privadas que no les gusta lo que dicen los periodistas y buscan una forma de conocer su domicilio, lo que dicen, los sitios web que ha visitado para acallarlos o matarlos.

DN/I