Legisladores y sus bonos

Diciembre siempre es un buen mes para hacer balances. Evaluar lo que hicimos y también para regalar algo de lo que es nuestro a las personas cercanas y para quienes lo necesitan. Pero hay de balances a balances y de regalos a regalos. Nuestros diputados federales, a nada de cerrar el periodo de sesiones, no pueden irse sin sus dietas de 73 mil 817 pesos, sus respectivos aguinaldos de 140 mil pesos y por si eso fuera poco, otras compensaciones salariales por hacer justo lo que se supone deben hacer: atender a los ciudadanos a quienes representan o hacer gestiones para obtener recursos federales.

Ahora, por el cierre del año recibirán también su bono navideño que será de 150 mil pesos. Sobre el bono podemos hacernos muchas preguntas de su origen, destino y criterios para otorgar esos recursos. Consideremos primero: ¿de dónde sale ese dinero? De lo que sobra al final del ejercicio presupuestal, pero realmente si los diputados hicieran una planeación adecuada y un ejercicio presupuestal consecuente, no debería sobrar dinero en un país que tiene demasiadas carencias o necesidades. Si se trabajara en elaborar proyectos que merecieran el financiamiento de los legisladores, no sólo sobraría, sino que seguramente no alcanzaría el dinero bien presupuestado y orientado a programas realmente prioritarios.

En segundo lugar, veamos: ¿adónde o en qué se aplica ese dinero? Para no verse obligados a devolver lo que sobra del presupuesto no ejercido, por una mala planeación, los diputados se ven en la necesidad de gastar como sea esos recursos. La trampa está en que sobre dinero que los diputados reciben como bono, que pueden disponer a discreción de los recursos que no se supieron aprovechar adecuadamente dentro del ejercicio presupuestal ordinario. La supuesta novedad es que ahora los diputados deberán declarar en qué utilizaron los recursos del bono ya sea que organicen posadas, repartan bolos o aguinaldos, etc. Al final de cuentas ese dinero servirá para destacar lo dadivoso que es el representante popular y el partido que lo apoya. Claramente podemos ver que es un recurso utilizado para la promoción personal y dicho claramente, para comprar adeptos. Que los diputados digan ahora para qué se empleó el bono o a quiénes se les repartieron los apoyos provenientes de dichos recursos, es lo de menos. Pues esa gran novedad sólo servirá para que los legisladores sigan utilizando como si fuera de ellos el dinero público.

¿Quién puede cambiar esta lógica perversa de otorgarse bonos que sirven para comprar y repartir despensas, sillas de ruedas o regalos para gente que puede necesitarlos, pero que sin duda se emplean con el fin de destacar la figura de un diputado, con el propósito de que quienes reciben apoyos y regalos se sientan comprometidos a apoyar al funcionario o al partido que lo patrocina y así amarrar los apoyos que se requieren en la próxima aventura electoral? Eso es una variante de la compra y coacción del voto y es a todas luces ilegal.

Los únicos que pueden cambiar estas prácticas perversas son justamente los legisladores. No en balde, entre las diversas fracciones parlamentarias se desató el debate a propósito de otorgarse y recibir o no los dichosos bonos y adivine: los representantes del PRI los recibirán y utilizarán de acuerdo con los usos y costumbres establecidos. Los representantes de los legisladores del PAN no se animan a declarar qué harán con los bonos y los representantes de Movimiento Ciudadano dicen que los rechazarán. Debemos estar atentos para observar qué hacen los diputados con ese dinero, en qué y cómo lo emplean. Pero sobre todo lo que debemos tratar de empujar es que se esfuercen por planear de mejor manera su trabajo y por ejercer responsablemente el presupuesto, a fin de evitar la manipulación de los recursos públicos.

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DN/I